Uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho guarda relación con la obligación que tienen las autoridades de facilitar la participación democrática de todos los ciudadanos en aquellas decisiones que los afectan desde el punto de vista económico, político, administrativo, cultural y ambiental. Dicha garantía corresponde al hecho indiscutible de que el poder público tiene su origen en el pueblo que lo ejerce directamente a través de los mecanismos establecidos en la ley o de sus representantes o mandatarios, a la vez que su ejercicio debe estar encaminado a satisfacer sus intereses y necesidades y sujeto a las normas establecidas en la Constitución y en las leyes, de cuya violación son responsables no solo los ciudadanos sino las autoridades que en ejercicio del poder delegado se extralimitan en su ejercicio.
Así las cosas, tenemos que el ciudadano escoge a sus gobernantes y participa en aquellos asuntos de interés general.
La pregunta que corresponde hacer en este momento es: por qué el alcalde Eder y el Concejo Distrital convirtieron la participación ciudadana en una simple instancia de comunicación y socialización de las decisiones que se adoptan en las alturas del poder institucional que se ejerce al margen del pueblo caleño, revestidas de un ropaje jurídico de legitimidad y legalidad, que deja mucho que desear desde el punto de vista democrático y de la defensa del interés general de que tratan la Constitución y la ley.
Lo cierto es que mientras tanto se acumulan los problemas de la ciudad sin que se advierta solución alguna, en tanto que el burgomaestre de turno no actúa más allá de realizar grandes obras y proyectos de infraestructura y de renovación urbana a las cuales debe sumarse el proyecto de construcción del tren de cercanías y del metro subterráneo. Proyectos estos que no se discutieron con los caleños conforme a las reglas establecidas en la ley, las cuales fueron sustituidas en la práctica mediante una simulación de participación que se adelantó en Cali y que en ningún caso corresponde a las expectativas y derechos de los ciudadanos en relación con las decisiones que se tomaron en torno a dichos proyectos sobre los cuales se va a estructurar el Plan de Ordenamiento Territorial -POT.
Siendo el Plan de Ordenamiento Territorial el documento que contiene las políticas urbanísticas para los próximos 12 años en cuanto a la movilidad, transporte, servicios públicos, patrimonio histórico arquitectónico y cultural, usos del suelo urbano y rural, el tratamiento del medio ambiente y natural entre otros aspectos, complementando la planificación económica y social, además de racionalizar las intervenciones sobre el amplio territorio urbano y rural, orientando su desarrollo y aprovechamiento sostenible en consideración a las relaciones intermunicipales y metropolitana, el gobierno distrital y el Concejo vulneraron el mandato legal y constitucional de cumplir con los principios del Estado Social de Derecho y los específicos del ordenamiento del territorio como son: la prevalencia del interés general sobre el particular, la distribución equitativa de las cargas y los beneficios y la función social y ecológica de la propiedad. En tales circunstancias no se motivó una participación amplia y democrática, con análisis, observaciones, críticas y evaluación del enfoque del ordenamiento territorial a partir del año 2000 hasta la fecha, dejando un mayor caos como producto de un desarrollo urbanístico espontáneo y anárquico.
Los caleños no pueden continuar en la pasividad mientras se acumulan los problemas, generándose situaciones que rebasan las posibilidades de solución a la vez que se aplica el poder del Estado que ejercen los gobernantes y dirigentes políticos convirtiendo al pueblo caleño en una masa electoral disponible para mantenerse en el poder o acceder al mismo, al tiempo que gran parte de los ciudadanos se dejan manipular con las promesas y cantos de sirena sobre el presente y futuro de Cali que según el slogan del alcalde Eder es “donde debes estar”.
El nuevo POT debe ser objeto de la participación directa del pueblo caleño y no de la imposición del gobernante que por lo demás en campaña no planteó ni discutió este asunto ni lo del metro subterráneo, el tren de cercanías para el Vale del Cauca, ni los préstamos financieros tri-billonarios en una ciudad agobiada por el desempleo, la pobreza, la informalidad, la inseguridad que vive en medio de la opulencia de unas pocas personas que invierten sus ganancias en propiedad raíz y en la compra de los costosos servicios que se promocionan.
La consulta popular, el cabildo abierto, se requieren para el POT. El alcalde tiene la obligación Constitucional de escuchar a los caleños en estos asuntos de interés general.
