La inseguridad está ligada en todas sus formas y modalidades a la violencia tanto en el plano económico como político y social, generando un gran impacto en la vida de la población caleña y vallecaucana, tal como sucede en los municipios en esta sección del país que padecen los rigores de dichos fenómenos que tienden a incrementarse en medio de la crisis por la cual atraviesa la sociedad y que las autoridades tratan de diluir con base en las estadísticas que crean determinadas percepciones que no corresponden con la realidad y que por el contrario, la deforman impidiendo de esta manera profundizar en sus verdaderas causas.
Dichos fenómenos cobran especial significación en momentos en que en la ciudad de Cali y en varios municipios del departamento del Valle del Cauca como Jamundí, arrecia la violencia y con ello la inseguridad, como consecuencia de la agudización de los problemas relacionados con el aumento del narcotráfico, de la minería ilegal, la extorsión, el chantaje, el secuestro, por parte de grupos armados desafiantes de las autoridades que son incapaces de reducirlos y someterlos al imperio de la ley y de la justicia.
Entretanto, la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro se queja de que con el gobierno del presidente Petro no existe una comunicación directa que permita tratar los problemas de violencia y de inseguridad que se viven en el departamento.
La violencia y la inseguridad que demandan de políticas estructurales e integrales, han rebasado las posibilidades concretas de solución, en tanto que se cree que aumentando el pie de fuerza y los contingentes del ejército de alta montaña se podrá contener la actividad que desarrollan los grupos armados de delincuentes, que desde ya sentaron sus reales en el departamento y se consolidaron indiscutiblemente en varios de los municipios de la región.
La inseguridad y la violencia no solo se concentran en el campo económico, sino que trasciende a lo político en donde de nuevo ha comenzado a cobrar sus víctimas con el asesinato y desaparición de infinidad de líderes sociales y dirigentes políticos que marcan una nueva época de violencia e inseguridad, agravada con la agudización de los conflictos que se derivan de la polarización y la lucha competitiva por el poder del Estado, que refleja en gran parte, la lucha económica librada en los mercados capitalistas, en donde tienen lugar las crisis de producción, financieras, hipotecarias que se trasladan a la actividad política que adelantan las clases y grupos sociales, que hacen parte de una realidad frustrante como la del departamento del Valle, sumergida en una especie de dinámica mortal y degradante, mediatizada por las acciones equivocadas de sus gobernantes que en el pasado y en la actualidad mantienen una serie de políticas que muy poco contribuyen a remover las verdaderas causas que generan en la práctica la violencia y la inseguridad en la sociedad.
Esta situación cobra una especial importancia en tanto afecta de manera significativa a las comunidades que habitan en la zona rural y de paso al medio natural que formalmente es protegido con base en los planes y proyectos de desarrollo, pero que en la práctica no lo son en forma debida frente a la expansión de los cultivos de coca y de la minería ilegal, con los cuales se destruye gran parte de los recursos forestales y del parque Nacional Los Farallones en donde se tiene libre acceso para contaminar las fuentes hídricas ligadas con la violencia y la inseguridad que se vive en los territorios de la región.
ADENDA. Después de un año de la firma del OTRO SI número trece al contrato de Concesión con el operador del MIO, Blanco y Negro, se conoce la apertura de investigación disciplinaria por parte de la Personería distrital, sin que durante este tiempo se hubiere realizado en la ciudad un debate serio, bien argumentado, sobre la situación real de METROCALI, los graves problemas técnicos, financieros, operativos, económicos, que hacen inviable dicho modelo de transporte y en el cual están empecinados en mantenerlo tanto el alcalde Eder como sus antecesores, asumiendo la posición facilista de trasladarle los costos a los caleños pues de sus impuestos, se pagan los subsidios a la tarifa, la compra de más de 700 buses, el préstamo de uno de los operadores con Bancolombia, etc.
Trece cláusulas de otro si, en favor de los operadores, negándole a la ciudad y a los caleños el poder invertir sus impuestos en necesidades urgentes que dejaron de atenderse en los últimos 23 años para invertirlos en el proyecto fallido del MIO. Y así, mediante “otro sí”, introducir cambios significativos a lo inicialmente pactado, repitiéndose de esta manera la práctica de realizar modificaciones tipo sastre, es decir, a la medida de los operadores.
