Sí hay algo de lo cual Colombia se ha destacado a lo largo de su historia democrática es el prudente manejo fiscal con el cual ha desarrollado sus finanzas públicas.
El principio elemental de no superar el gasto a los ingresos lo había practicado siempre. Todos y cada uno de los candidatos a ocupar posiciones de gobierno, sean municipales, departamentales o nacionales tienen la responsabilidad y obligación de realizar juicioso análisis de los marcos fiscales a mediano plazo y actuar ante la realidad ello supone.
El entonces candidato Petro no es excepción. Como todo gobernante asume su posición con los retos que la dignidad merece y debe actuar consecuentemente con el desempeño fiscal que permitan equilibrio entre ingresos y egresos.
Petro importó, casi a titulo de año sabático, al profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y destacado economista vallecaucano José Antonio Ocampo, con el fin de dar continuidad al prudente desempeño fiscal que había identificado al país.
No obstante, su brillantez académica, indudablemente es diferente al analizar los casos hipotéticos de las aulas frente al dinamismo realista económico de un país. Ocampo, siguiendo parcialmente instrucciones de su nominador, procedió a presentar una reforma tributaria gravando al sector de hidrocarburos y minería extractiva, bajo equivocado concepto ideológico de desestimular la inversión de estos sectores fundamentales para la economía del país.
La doble tributación que esto implicaba fue motivo para declarar inconstitucional la medida. Por otro lado, sobrevalorar los ingresos frente a la realidad de bajos desempeños corporativos, recuperación fiscal postpandemia e inseguridad inversora no generaron condiciones para una mayor tributación.
Bajo la falsa premisa, el gobierno nacional desbordó los gastos de funcionamiento con abultada burocracia, dedicada a regulación e impartir normatividad que entorpecieron el desarrollo armónico de la economía. Igual sucederá con la reciente aprobación de la reforma laboral cuya reacción del sector productivo será contraproducente en estimular e incentivar la formalización del empleo.
El pasivo de deuda externa pública es de US $ 113 mil millones, equivalente al 27% del PIB, el saldo de la deuda, básicamente en moneda local sube el total al 55% del PIB. El desfinanciado presupuesto superior a $ 530 billones con un faltante de $ 50 billones es lo que ha obligado al gobierno nacional romper la regla fiscal en búsqueda de recursos vía endeudamiento.
Así las cosas, se generarán dos situaciones. La primera es la mayor asignación de recursos del presupuesto nacional en el servicio de la deuda, en detrimento de programas de política social. En segundo lugar, el posible deterioro de la calificación de riesgo país, elevarán las tasas de interés a la totalidad de la deuda.
Los más beneficiados, por el deplorable manejo fiscal, serán los grandes tenedores inversionistas de papelas de deuda colombiana, aprovechando la coyuntura para recibir mayores ingresos por concepto de intereses.
Los intermediarios financieros de las grandes bolsas de valores del mundo y fondos de inversión privados nacionales, se frotan las manos en agradecimiento a Petro de llenar sus capitalistas bolsillos.
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
