Colombia necesita austeridad, transparencia y justicia fiscal, no más impuestos para los sectores populares. Colombia enfrenta una encrucijada fiscal que exige decisiones responsables, profundas y estructurales. El ajuste de las finanzas públicas es necesario, pero no puede convertirse en una nueva carga tributaria para los colombianos de estratos 1, 2 y 3, los campesinos, los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios. No es razonable exigir nuevos sacrificios a quienes ya soportan el costo de la inflación, el desempleo y las dificultades económicas, mientras persisten graves cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.
La discusión fiscal debe comenzar por una pregunta : ¿cómo puede el Estado exigir más impuestos si todavía no demuestra que administra eficientemente los recursos que recibe?
Las cifras conocidas obligan a una reflexión. La Contraloría reportó corrupción, inconsistencias presupuestales por $43,85 billones en la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro de 2025. Por su parte, Transparencia por Colombia documentó que, entre 2016 y 2022, $137,65 billones estuvieron comprometidos en hechos de corrupción y $21,28 billones se perdieron. Representan recursos que debieron contribuir al desarrollo, la salud, la educación, la infraestructura y el bienestar de millones de colombianos.
El riesgo de default en Colombia
Es real y existe por incapacidad del Estado para cumplir oportunamente sus obligaciones financieras, pago de intereses y capital de la deuda pública. El elevado costo del servicio de la deuda exige renegociación, para administrar el déficit fiscal y conseguir financiación, para inversión social e infraestructura. Es importante seguir logrando la confianza de los inversionistas y el Gobierno pueda cumplir metas fiscales y estabilizar la deuda.
El ajuste fiscal debe comenzar por el propio Estado
La propuesta debe ser clara: ajuste fiscal sí, más impuestos para los sectores populares no. La primera fuente de financiación debe ser la eficiencia del gasto, la eliminación de burocracia innecesaria, la revisión de contratos, la recuperación de activos públicos y el combate frontal a la corrupción.
En este contexto, Abelardo de la Espriella podría poner sobre la mesa una iniciativa de alcance nacional: el Plan Patriota 3.0, una política de Estado contra la corrupción, construida conjuntamente con la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Auditoría General, los organismos de inteligencia financiera, la banca y la sociedad civil.
Su propósito sería proteger cada peso del presupuesto nacional y territorial, desde la contratación hasta la ejecución final de las obras.
Cinco pilares para una revolución institucional contra la corrupción, iniciando bloque de búsqueda contra el delito que nace en los despachos de los alcaldes, gobernadores, el Congreso, en las asambleas, concejos, en la banca, en corporaciones financieras, etc
- Cerrar las puertas a la contratación corrupta. La contratación directa debe ser excepcional, justificada y sometida a vigilancia especial. Se deben identificar los beneficiarios reales de los contratos, controlar las adiciones y prórrogas, detectar empresas de papel y sancionar los acuerdos fraudulentos entre contratistas y funcionarios.
- Trazabilidad digital e inteligencia artificial. Integrar SECOP, SIIF y los sistemas territoriales en una plataforma nacional de transparencia. Cada ciudadano debe poder conocer quién contrata, quién recibe el dinero, cuánto se paga y qué obra se ejecuta. La inteligencia artificial permitirá identificar sobrecostos, contratos sospechosos y posibles redes de favorecimiento.
- Una agencia especializada de investigación anticorrupción. Crear un mecanismo institucional especializado, con independencia técnica, que articule a Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para investigar redes de corrupción nacionales y territoriales. Debe garantizar protección a denunciantes y cooperación con entidades financieras, respetando la reserva legal y los derechos fundamentales.
- Recuperar el dinero robado y castigar a los responsables. Fortalecer la recuperación de activos, la extinción de dominio con debido proceso, las sanciones fiscales, penales y disciplinarias y las inhabilidades para contratar con el Estado. Los responsables deben responder, independientemente de su cargo, partido político o posición económica.
- Auditoría permanente y vigilancia ciudadana. Ninguna obra pública debe recibir pagos sin comprobar sus avances físicos y financieros. Fotografías georreferenciadas, interventorías independientes, auditorías preventivas y veedurías ciudadanas deben convertirse en instrumentos obligatorios de vigilancia.
Aprender de las experiencias internacionales. Corea del Sur demuestra el potencial de la contratación electrónica mediante KONEPS; Singapur ofrece referentes de investigación especializada y aplicación rigurosa de las normas anticorrupción; Japón aporta experiencias de auditoría y control institucional del gasto público. Colombia puede adaptar estas prácticas a su realidad constitucional y territorial.
El Plan Patriota 3.0: un compromiso nacional
Debe comprometer a gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas, entidades descentralizadas y empresas contratistas. También debe convocar al sistema financiero para fortalecer los mecanismos legales de detección de operaciones sospechosas y recuperación de recursos ilícitos.
El Congreso debe convertir esta propuesta en una reforma estructural, con metas verificables, indicadores públicos y rendición periódica de cuentas.
Primero recuperar, después exigir sacrificios
Colombia no necesita convertir a los ciudadanos más vulnerables en financiadores de la ineficiencia estatal. Necesita un Estado austero, transparente, moderno y responsable.
El verdadero ajuste fiscal debe empezar por combatir el despilfarro, recuperar los recursos perdidos, eliminar los privilegios injustificados y cerrar las oportunidades de corrupción.
El Plan Patriota 3.0 debe abrir un nuevo capítulo en la historia institucional del país: que ningún peso público se pierda en redes de corrupción y que cada peso recuperado se traduzca en hospitales, escuelas, vías, seguridad y oportunidades.
¡Ajuste fiscal sí! ¡Más impuestos para los estratos 1, 2 y 3, no! ¡Primero austeridad, transparencia y recuperación de los recursos públicos!
Colombia merece un Estado que cuide el dinero de sus ciudadanos y no uno que pretenda resolver sus errores cobrándoles más a quienes menos tienen.
