El organismo verifica la actuación de los servidores públicos y los procesos relacionados con la emergencia del 10 de agosto

El Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Santiago de Cali cumple una función de vigilancia sobre la conducta de los servidores públicos durante la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Su papel no consiste en entregar mercados, kits, materiales de construcción o subsidios a las familias afectadas, sino en garantizar que los funcionarios de la Administración Distrital cumplan sus deberes y que, cuando existan posibles faltas disciplinarias, estas sean investigadas conforme a la ley.

La precisión es importante porque las ayudas humanitarias son coordinadas y entregadas por los organismos responsables de la gestión de la emergencia. El Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno interviene desde el control de la conducta de los servidores y el seguimiento a posibles actuaciones irregulares que puedan presentarse durante la respuesta institucional.

La emergencia dejó afectaciones en distintos puntos del país. Según el balance presentado por la Presidencia de la República el 21 de agosto, 15 departamentos y 476 municipios registraban afectaciones. Se contabilizaban 146.188 familias afectadas, 284.185 personas afectadas, 321 personas fallecidas, 4.595 heridas y 257 desaparecidas. En materia de vivienda, el reporte nacional registró 163.884 viviendas averiadas y 31.445 destruidas.

En Cali, la respuesta institucional comenzó desde las primeras horas del 10 de agosto con la activación de organismos de emergencia, búsqueda y rescate, atención médica y medidas de protección para la población. La información oficial recopilada después del sismo reportó 40 edificios totalmente colapsados en las primeras horas, 188 personas desaparecidas y 37 rescatadas, además del despliegue de 232 rescatistas y personal de apoyo.

La estructura administrativa de Cali fue modificada para fortalecer el control disciplinario y separar las funciones de instrucción y juzgamiento. Desde esta reorganización existen organismos encargados de adelantar las investigaciones y otros responsables de las decisiones de juzgamiento en primera instancia.

En una emergencia de esta magnitud, esta función adquiere importancia porque las entidades distritales deben tomar decisiones rápidas para atender a las personas afectadas. Esa actuación debe mantenerse dentro de las normas que regulan la contratación, el manejo de recursos públicos, la entrega de ayudas y las responsabilidades de los funcionarios.

El Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Instrucción recibe quejas, adelanta investigaciones, analiza pruebas y determina si existen elementos para formular cargos o archivar una actuación.

También se han recibido ayudas provenientes de otros países. La Presidencia informó que, durante la primera semana de respuesta, Colombia había recibido más de 220 toneladas de ayuda internacional y contaba con 144 integrantes de equipos especializados desplegados en las zonas afectadas. Entre los países que aportaron asistencia se encuentran China, Alemania, Suecia, India, Paraguay, Guatemala, Luxemburgo y Japón.

En Cali, estas ayudas deben ingresar a los mecanismos definidos por la Administración Distrital para su clasificación, almacenamiento y posterior distribución a las personas que figuren en los registros establecidos para la emergencia. El acceso a los beneficios depende de la identificación de los hogares afectados y de las evaluaciones realizadas por las autoridades competentes.

El control disciplinario resulta necesario en una emergencia porque el volumen de recursos, contratos, donaciones y ayudas aumenta. Las entidades responsables deben documentar las decisiones y establecer mecanismos que permitan identificar qué se recibe, dónde se almacena, quién administra los elementos y a qué familias son entregados.

A 26 de agosto, la atención de la emergencia continúa vinculada a la recuperación de viviendas, servicios públicos, infraestructura, salud y educación. El balance nacional muestra la dimensión de las afectaciones y la necesidad de mantener controles sobre los recursos destinados a la recuperación.

Para las personas damnificadas, el punto central es que las ayudas deben llegar a los hogares previamente identificados por las autoridades. Para la Administración Distrital, el reto consiste en mantener registros, procedimientos y controles que permitan demostrar el destino de los recursos y elementos recibidos.

En ese proceso, el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno tiene una función específica: vigilar disciplinariamente la actuación de los servidores públicos y adelantar las investigaciones cuando existan hechos que puedan constituir faltas. La entrega material de las ayudas corresponde a las entidades encargadas de la respuesta humanitaria, mientras el control disciplinario contribuye a establecer responsabilidades cuando se presenten posibles irregularidades.

Nubela Meneses