El Gobierno de Colombia decretó tres días de duelo nacional en memoria de las personas fallecidas tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto, uno de los eventos sísmicos más graves de los últimos años en el país. La decisión fue oficializada mediante el acto ejecutivo No. 1172, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella.
Durante el periodo de duelo, el Pabellón Nacional deberá permanecer izado a media asta en los edificios públicos del territorio colombiano, así como en las embajadas y oficinas consulares del país en el exterior. La medida busca rendir homenaje a las víctimas y expresar solidaridad con sus familias y allegados.
El decreto señala que el Gobierno nacional, en representación del pueblo colombiano, expresa su profundo dolor por las personas que perdieron la vida como consecuencia del movimiento telúrico ocurrido el 10 de agosto y acompaña a las familias afectadas por la tragedia.
La emergencia continúa concentrando los esfuerzos de los organismos de socorro en diferentes regiones. Los reportes conocidos durante la jornada del 12 de agosto registraban 188 personas fallecidas, cerca de 1.700 heridas y más de 220 desaparecidas, aunque las cifras permanecen en actualización mientras avanzan las labores de búsqueda, rescate e identificación.
Cali, Pereira, Quibdó y Manizales aparecen entre las ciudades con mayores afectaciones reportadas. De acuerdo con el balance citado por los medios, Cali registraba 74 fallecidos y 1008 heridos; Pereira, 79 fallecidos y 278 heridos; Quibdó, nueve fallecidos y 116 heridos, mientras Manizales contabilizaba cinco muertos y 112 personas heridas.
El Gobierno también declaró el desastre nacional y adoptó medidas extraordinarias para acelerar la atención de la emergencia y disponer recursos destinados a la respuesta y recuperación. La prioridad permanece en la búsqueda de desaparecidos, la atención de los heridos y la asistencia a las comunidades que perdieron viviendas, bienes y medios de subsistencia.
El duelo nacional representa así un reconocimiento institucional a la dimensión humana de una tragedia que continúa dejando consecuencias en varias regiones del país.