El concepto de democracia definido por Abraham Lincoln como “el poder que tiene su origen en el pueblo, que es ejercido por el pueblo, para beneficio del pueblo”, es más complejo de lo que supone en principio la definición anterior en términos de su aplicación en la vida real, ligado al devenir histórico y, a innumerables circunstancias relacionadas con la actitud que asumen las clases y grupos sociales, los partidos y movimientos políticos, los cuales se encuentran encadenados con las formas de gobierno, de organización territorial del Estado y del régimen político jurídico que adoptan las clases dirigentes que ejercen el poder del Estado.
La democracia ha adquirido a través de los tiempos un inmenso valor e importancia política y social como pilar fundamental de la sociedad, convirtiéndose en un factor esencial para el ejercicio de la actividad política en tanto se encuentra vinculada con la lucha competitiva por el poder del Estado y la construcción de una sociedad más justa y equitativa; no obstante que en las condiciones de la sociedad capitalista , ésta ha adquirido un carácter variable acorde con las circunstancias políticas y sociales que adopta el régimen, especialmente en aquellos momentos en que la política ejerce una influencia determinante sobre el desarrollo de la economía ya sea para acelerarla o para retrasarla.
Ahora bien, en tanto se fortalecen las alianzas en torno al poder del Estado y el poder de los monopolos se abre paso la tendencia a no utilizar las formas y métodos democráticos para resolver los problemas y conflictos que surgen en la sociedad y en el seno de la institucionalidad en lo que podría calificarse como una manera de negar la democracia, casi siempre ligada estrechamente con las crisis económica, política, social, ambiental, cultural por la que atraviesa el capitalismo globalizado de nuestro tiempo.
Al caracterizar la democracia, algunos ideólogos y politólogos la despojan no solo de su carácter de clase sino que la reducen al ejercicio del denominado “juego político electoral” que conduce a la lucha competitiva por afianzarse en el poder del Estado, tras del cual se oculta el inmenso poder económico del gran capital financiero nacional e internacional, junto al cual participan los partidos y movimientos políticos bajo diferentes formas como las alianzas, coaliciones, acuerdos, los cuales actúan como intermediarios entre los gobiernos de turno y las clases dominantes.
La crisis institucional de la democracia se refleja en la crisis por la cual atraviesa el órgano de representación popular que en unos países se conoce como el Congreso y en otros, el Parlamento o Asamblea de Diputados, los cuales se encuentran integrados en general por representantes de diferentes clases y grupos sociales, que aunque son elegidos por el pueblo no representan ni defienden más que sus propios intereses de clase, grupo social y políticos e individuales, a la vez que tan solo aprueban leyes y reformas constitucionales con las cuales se le imprime un carácter formal y limitado a la denominada democracia representativa.
Dicha institución ha perdido peso político en el concierto institucional en la medida en que ha cedido parte esencial de sus poderes en favor del órgano ejecutivo, convertido en una especie de legislador que actúa a través de los denominados decretos leyes y de la expedición de un conjunto de normas jurídicas de carácter sancionatorio, rompiéndose de esta manera el equilibrio de poderes que hace parte de la estructura del poder del Estado relacionada con la división y la colaboración armónica y proporcional entre las diferentes ramas del poder público.
Otros de los aspectos que caracteriza la crisis de la democracia tiene que ver con el régimen electoral, mediante el cual se le ofrece al ciudadano la posibilidad de escoger a sus gobernantes en igualdad de condiciones y participar en los diversos asuntos del Estado y de la sociedad, en lo que se conoce como la democracia participativa, convertida en una simple instancia de comunicación de las decisiones que se toman en las alturas del poder del Estado.
A lo anterior se suma la lucha que se libra al interior de los partidos y movimientos políticos, al chantaje y a la extorsión del sufragante y utilización en la actualidad de los medios electrónicos y de la inteligencia artificial para distorsionar los resultados electorales en favor o en contra de determinados grupos políticos.
Se ha llegado a tal extremo de desprecio por la democracia, que gobiernos como el de Daniel Ortega de Nicaragua han suprimido del todo la necesidad de realizar elecciones en su país, posición esta que de alguna manera coincide en cierta forma con la decisión imperial del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, de que “por ahora no será necesario convocar a nuevas elecciones en Venezuela”.
Nuestro país no es ajeno a este tipo de conductas con las cuales se deteriora de manera sensible la democracia liberal basada en el voto popular.
También en nuestro país, el poder se ha concentrado y centralizado en cabeza del órgano ejecutivo representado por el presidente de la República que en su condición de jefe del Estado, jefe del gobierno, Suprema Autoridad Administrativa y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República, le permite intervenir en asuntos relacionados con la economía, la parte tributaria, fiscal presupuestal, la contratación oficial a nivel nacional, además de la posibilidad de postular a cargos de magistrados en la Corte Constitucional.
La crisis de la democracia liberal y su deterioro sistemático en perjuicio del pueblo tiende a profundizarse en la medida en que se imponen las políticas neoliberales, populistas y demagógicas con las cuales se manipulan a los ciudadanos y se perpetúa el régimen económico, político y social del capitalismo de nuestro tiempo.
