De acuerdo con lo expuesto por el secretario general de la organización de Naciones Unidas ONU y a instancias de la conferencia sobre la financiación de los objetivos del desarrollo sostenible realizada en Sevilla (España), encargada de examinar los avances y resultados concretos de dicha política a cargo de los gobiernos de los 150 Estados participantes, se advirtió la existencia de un ambiente cargado de desconfianzas e incertidumbres y a la vez de una gran tensión derivada de la incapacidad de sus dirigentes de superar las contradicciones y conflictos sociales que en la actualidad se han profundizado impidiendo el cumplimiento de los objetivos del desarrollo en materia de salud, educación, trabajo, energía renovable, etc.
La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, al clausurar la sesión manifestó: “Las consecuencias humanas del aumento de la deuda, de las crecientes tensiones comerciales y de los drásticos recortes en la asistencia oficial para el desarrollo han quedado dolorosamente claras esta semana”.
Entretanto, países como Estados Unidos de Norteamérica reducen cada vez más los recursos con destino a cumplir con las metas del desarrollo sostenible, con el cierre de instituciones como la USAID, encargada de financiar una serie de programas sociales relacionados con los objetivos del desarrollo sostenible en favor de otros países del mundo capitalista globalizado, en donde igualmente sus gobiernos se muestran cada vez más impotentes para resolver los graves problemas que afectan a la sociedad, sumida en la pobreza, la desigualdad social y los efectos generados por los cambios climáticos que se suceden, generando grandes calamidades ambientales.
Se acordaron entre otras, tres principales áreas de acción: a) Un gran impulso inversor para cerrar la brecha de financiación de los ODS; b) Medidas concretas para abordar la carga insostenible de la deuda y c) Mayor representación de los países en desarrollo en las decisiones financieras globales. Además, un centro global para canjes de deuda, una alianza para “pausar” pagos en situaciones de crisis, y un impuesto solidario sobre jets privados y vuelos en primera clase destinado a financiar metas climáticas y de desarrollo.
Las organizaciones de la sociedad civil aunque reconocieron la importancia del documento final, advirtieron que aún queda mucho por hacer y la necesidad de que el Norte se involucre y comprometa más para corregir los desequilibrios estructurales.
Esta circunstancia hizo que los expertos consideren que la sociedad atraviesa por una policrisis que puede desembocar en la destrucción de la vida económica, política y ambiental de los Estados, tal como parece podría suceder con la disolución de la comunidad europea.
Y de ahí que resulte un tanto ilusorio cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible en el marco de la agenda 2030 y menos aún, tratándose de los países subdesarrollados o del sur global, que según la ONU enfrentan graves problemas económicos y fiscales. Y aunque se insiste en la necesidad de que los bancos y el sector financiero internacional “cambien de rumbo” y le den un giro a su política financiera para que los Estados puedan realizar los proyectos y programas relacionados con los objetivos del desarrollo sostenible, “este esfuerzo se está ahogando y la cooperación internacional enfrenta fortísimos vientos en contra”, como lo manifestó Antonio Guterrez secretario general de la ONU”.
Por último, países como Estados Unidos de Norteamérica y China, no hicieron acto de presencia en la conferencia, no obstante su importancia general, demostrando de esta manera el poco interés que tienen para que se materialicen los objetivos del desarrollo sostenible, con miras a superar los graves problemas que afronta tanto el Norte como el sur global en materia económica, social y ambiental.
Así mismo, el FMI y el Banco BID, tampoco están interesados en modificar su política crediticia a favor de los países menos desarrollados a pesar de los llamados que se hicieron desde la cumbre, entre otros por el presidente de Colombia Gustavo Petro, quien demandó de estos entes un cambio sustancial de sus políticas crediticias encargadas de cumplir con los objetivos y metas del desarrollo sostenible en el mundo capitalista globalizado.
ADENDA: La Constitución Política de 1991 promulgada hace 34 años como producto de los acuerdos entre los diferentes grupos y sectores políticos, ha sido objeto de aproximadamente 70 reformas y contrarreformas que desnaturalizaron los verdaderos propósitos y fines del Estado Social y Democrático de Derecho. Así mismo, conviene recordar que durante los 34 años no ha sido posible, por ejemplo, aprobar el Estatuto del Trabajo ni reglamentar de manera precisa el ejercicio del derecho a la huelga. A lo anterior, se suman las políticas neoliberales de flexibilización y tercerización de las relaciones laborales y por supuesto las privatizaciones de los servicios públicos con la venta o fusión de las empresas del Estado, abriendo con ello la posibilidad de que grandes sectores de la economía nacional terminaran en manos del gran capital financiero nacional e internacional. En tanto la intervención del Estado en la economía no deja de tener más que un carácter formal y en especial en aspectos relacionados con la financiación, el crédito, el aseguramiento y el manejo de los recursos públicos. Todos estos aspectos relacionados con la forma de gobierno del Estado y de su organización territorial, que deben en el inmediato futuro ser objeto de una reforma, producto de la convocatoria de una Asamblea Constituyente y Legislativa que se encargue de estructurar una nueva Constitución Política conforme a los intereses y necesidades del pueblo colombiano con sus diferentes clases y grupos sociales democráticos y progresistas, debiéndose establecer que tantos los derechos individuales y colectivos, como los derechos económicos y sociales, deben considerarse como derechos constitucionales fundamentales estrechamente ligados con los fines esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho.
