Para el gobierno del Cambio del presidente Petro en cabeza de su ministro de Hacienda, el punto de partida para determinar el aumento del salario mínimo para el año 2025, no solo debe tener en cuenta el momento fiscal, económico e inflacionario, sino además, los riesgos que conlleva la informalidad que existe en el país y con lo cual se concluye que el salario mínimo “no podrá ser mayor al 6%” y si hay algún ajuste mayor “nunca podrá estar al nivel de dos dígitos”.
Dicha posición se encuentra más cerca de las pretensiones de los empresarios del país que de los trabajadores, que a través de la Central Unitaria -CUT-, han manifestado que intentarán pedir un aumento salarial correspondiente a dos dígitos, lo cual estará muy lejos de la propuesta del gobierno y de los empresarios, quienes consideran que dicho incremento propuesto por los trabajadores es inconveniente e inflacionario, características estas que siempre son alegadas por algunos sectores económicos que plantean que todo aumento salarial es inflacionario, lo cual poco o nada tiene que ver con la realidad en tanto que afecta a los empresarios al ver disminuidas sus ganancias por el aumento relativo de los costos laborales.
Para algunos empresarios el aumento salarial debe estar “lo más lejos del 10% posible de conseguir”. Para otros, dada la situación económica y social del país, es necesario llegar a acuerdos no solo con el gobierno sino con algunas organizaciones sindicales con el fin de conciliar los intereses de los trabajadores con el gran capital, con miras a minimizar el impacto social que causa con la reducción del salario mínimo en comparación con el incremento de los precios de los productos, bienes y servicios que imponen los monopolios en los mercados de venta de sus mercancías y con las cuales obtienen jugosas ganancias producto de la explotación económica del trabajo y la utilización irracional de los recursos naturales que generan graves daños ecológicos y ambientales.
El incremento del salario no corresponde en gran medida al aumento de los precios de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, ni con la recuperación de la capacidad de compra de los trabajadores, la cual siempre está por debajo del costo de la canasta familiar.
Por otra parte, es preciso señalar que con la irrupción de las nuevas tecnologías, a los empresarios no les interesa contratar nuevos trabajadores lo que conlleva al estancamiento del mercado laboral, al tiempo que muchos trabajadores temen perder sus puestos de trabajo especialmente de aquellos no calificados que laboran tanto en el sector público como en el privado.
Esta situación se torna más compleja con los trabajadores del campo y aquellos independientes y dedicados específicamente a labores relacionadas con la denominada “economía del cuidado”.
Con todo y la reforma laboral que se tramita en el congreso de la República, la cual recoge aquellas reivindicaciones económicas y sociales que se les arrebataron a los trabajadores en una reforma declarada exequible por la Corte Constitucional, no parece ser la mejor herramienta para fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo, como tampoco la de asegurar la estabilidad laboral de que gozan los rabajadores desde el punto de vista constitucional y legal, en tanto que los empresarios gozan de la libertad de despedir al trabajador en cualquier momento, además de explotar económicamente el trabajo de cientos de miles de trabajadores.
Lo más probable es que de llegarse a un acuerdo para el incremento del salario mínimo entre el gobierno y empresarios, el cual no podrá ni siquiera acercarse al 10%, quienes perderán indefectiblemente serán los trabajadores que laboran en las empresas del sector privado. En el caso contrario es decir, que no se llegue a un acuerdo, el gobierno decretará por decreto el incremento al salario mínimo que empezará a regir a partir del 1 de enero de 2025 y con el cual el gobierno estará más cerca de los empresarios y esta vez, más lejos de los trabajadores.
ADENDA: Mientras que el derecho a recibir información veraz, imparcial y objetiva se convierte en una simple declaración formal contenida en la Constitución y en la ley, el gobierno del Estado le entrega a los “inversionistas” nacionales y extranjeros el manejo del espacio electromagnético que utilizan para su propio beneficio disfrazado de interés general, generándose con ello el surgimiento de varios monopolios de las comunicaciones que no solo acaparan la información que se produce en el país y el extranjero apoderándose de la pauta publicitaria que les da una posición dominante en el mercado lo cual atenta contra la libre competencia y la libertad de empresa. Un ejemplo de esta situación es lo sucedido con el noticiero CM& dirigido por el periodista Yamid Amat, que luego de 33 años no podrá continuar transmitiéndolo por la cadena Uno, al tiempo que le fuera “arrebatado” el derecho a competir en franca lid sin tener que verse desplazado por inversionistas que ejercen una posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones, a través de los cuales se defienden intereses económicos y políticos que limitan el ejercicio de los derechos y libertades e incluso de la propia democracia de la cual se apartan quienes ejercen dicho poder monopólico.
