En una democracia constitucional, el presidente gobierna para todos y debe mantenerse al margen de la competencia electoral. Cuando ese límite se diluye, corresponde a los órganos de control recordar el marco de la Constitución. Por ello, ante las intervenciones públicas del presidente Gustavo Petro durante los primeros días de marzo, es necesario solicitar al Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación, que ejerza su función y requiera al jefe de Estado abstenerse de participar en la campaña presidencial de 2026.
No es una discusión ideológica. Es un asunto institucional. Una secuencia de intervenciones
Entre el 8 y el 13 de marzo, el presidente ha emitido mensajes públicos que inciden en la contienda política.
- El 8 de marzo, al referirse al sistema electoral, afirmó: “El fraude no se hace en la Registraduría, se hace con los fusiles en los territorios”.
- El 10 de marzo, intervino en la discusión sobre la candidatura de la senadora Paloma Valencia: “Me parece clave que el pueblo tenga completa claridad sobre lo que va a escoger para el gobierno que me sucederá. La franqueza es clave y no habrá engaños”.
- El 11 de marzo, respondió a la candidata: “¿Qué clase de cariño nuevo es ese si todas las reformas sociales y la transformación democrática que propusimos fueron atacadas en todos estos años por ella y su movimiento?” Y añadió: “He aprendido que también hay odios que se disfrazan de amor”.
- El 12 de marzo, tras el anuncio de una alianza política que involucró al exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, escribió: “Son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”.
- El 13 de marzo, el presidente volvió a intervenir al cuestionar decisiones del dirigente del Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán relacionadas con avales políticos. El problema es el cargo. En democracia todos pueden opinar. Pero el presidente de la República no es un ciudadano más: es jefe del Estado y del Gobierno.
La Constitución establece límites a la participación política de los servidores públicos. Cuando el jefe del Ejecutivo opina sobre candidatos o alianzas electorales, el debate pasa del plano político al institucional.
El papel de la Procuraduría. Aquí interviene la Procuraduría General de la Nación, encargada de vigilar la conducta de los servidores públicos.
Por ello, el Procurador Gregorio Eljach debe pronunciarse.
No se trata de restringir la expresión del presidente, sino de recordar los límites del cargo. Y no se trata que el Procurador, opine contra Petro por sus críticas al sistema electoral: “se confunde con un actor político. La Procuraduría General de la Nación, vigila la conducta de los servidores públicos, incluido el presidente. Ante una posible participación indebida en política, el Procurador puede abrir indagación, investigar, recopilar pruebas y emitir conceptos. Sin embargo, no puede sancionar al presidente.
La Constitución establece que el jefe de Estado solo puede ser acusado por la Cámara de Representantes de Colombia, a través de su Comisión de Investigación y Acusación. Si encuentra mérito, formula acusación y el proceso pasa al Senado de la República de Colombia, que decide sobre la responsabilidad política. El Procurador debe solicitar investigación a la Cámara, remitir pruebas y advertir posibles faltas constitucionales. Su papel es de control; la acusación y el juicio corresponden al Congreso y, en lo penal, a la Corte Suprema.
Un llamado institucional: Ojo con la violencia
Colombia se encamina a la elección presidencial de 2026, con Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. En ese escenario, el presidente debe garantizar las reglas de juego. El país ya ha visto cómo la confrontación política puede escalar a hechos graves. Cuando desde el poder se eleva el tono contra dirigentes o candidatos, aumenta el riesgo de violencia, como ocurrió con el atentado contra Miguel Uribe Turbay.
Se trata de preservar el orden constitucional y la estabilidad del debate democrático.
