No obstante, las medidas que se dicen se han tomado para garantizar el derecho de los ciudadanos a votar por los candidatos de su preferencia, lo cierto es que en las condiciones de violencia en el país su impacto en la campaña electoral resulta cada vez más protuberante, incidiendo negativamente en los votantes que participan en dicho certamen electoral, afectándose con ello su seguridad y poniendo en tela de juicio la legitimidad del mismo.
Estas manifestaciones de violencia, aunque no son nuevas en el país, tienden a intensificarse en la medida en que se agudiza la competencia electoral y se generan nuevos conflictos alrededor de este proceso que las autoridades no están en condiciones de controlar.
Lo cierto es que la violencia en sus diferentes formas y modalidades rebasó las posibilidades y los recursos que tienen las autoridades para garantizar la seguridad y el orden público a partir de la aplicación de las políticas del gobierno actual que combina diferentes formas y métodos para combatir a los grupos armados ilegales y en especial, de los diálogos de paz y de concertación que no han servido para resolver los conflictos entre el gobierno, los grupos insurgentes y de la criminalidad organizada.
Circunstancia ésta, que fue aprovechada por dichos grupos para fortalecerse, según quedó demostrado con algunos informes que hablan de 17.000 individuos alzados en armas en contra del Estado.
Los candidatos presidenciales no proponen nada diferente de lo que los gobiernos vienen realizando con algunas variantes que poco o nada contribuyen a superar las dificultades que genera la violencia desatada con mayor intensidad en el país. matizada con el tráfico de estupefacientes, la minería ilegal, el contrabando de armas, el reclutamiento de menores, la extorsión y el chantaje, etc.
A medida que se acercan las elecciones, dichos grupos armados ilegales no solo participan en la campaña electoral, sino que, además, constriñen a los electores a votar por determinados candidatos o a abstenerse de hacerlo.
De esta manera, no hay duda de que el proceso electoral estará influenciado directa o indirectamente por los grupos armados ilegales, tal como sucedió en el inmediato pasado con la elección de los miembros del nuevo Congreso, situación que posiblemente se repetirá con la elección para la presidencia de la república.
De esta manera el nuevo gobierno que inicia el 7 de agosto 2026 estará abocado a dirigir un país interferido por la acción de los grupos armados, siendo su compromiso fundamental el de recuperarlo de la violencia a partir de los mandatos establecidos en la Constitución y en las leyes de la república.
En tales condiciones, el proceso electoral no constituye ninguna garantía democrática en tanto se mantendrá el clima de violencia que hoy se ha extendido en gran parte de las regiones del país y que significa desplazamiento de la población civil, masacres y actos de terrorismo que se realizarán en medio de la impotencia del Estado que no está en condiciones de evitarlos como tampoco de eliminar sus causas ni de remover los obstáculos que impiden acabar con la violencia que hoy sacude al país y a su población.
