La aplicación de la geopolítica en América latina cobra un nuevo capítulo con la intervención armada en el territorio venezolano por cuenta del gobierno del presidente Trump con la cual se vulneraron flagrantemente los protocolos, tratados y normas jurídicas del derecho internacional. Intervención que por lo demás ha sido aplaudida por diversos sectores al interior del país, personas y grupos sociales de países extranjeros en América y Europa.

Este hecho corrobora el propósito neocolonial de diversos gobiernos, sectores económicos y políticos que pretenden imponer por la fuerza sus designios hegemónicos tras de los cuales se vislumbran los intereses de los grandes complejos petroleros en este caso, que buscan nuevamente apropiarse de los recursos y de las rentas petroleras nacionalizadas en el pasado en Venezuela, de las llamadas “tierras raras” y otras riquezas en los diversos países del planeta y fuera de él.

De esta manera se consigue el control de la producción y distribución del recurso natural y mantener una relación comercial no equivalente y dependiente del gran capital.

Desde luego que la situación se torna más compleja en la medida en que en el mundo capitalista y en particular el norteamericano, atraviesan por una profunda crisis económica, política y social a la vez que libra una lucha comercial haciendo más difícil las negociaciones especialmente teniendo como competidor a China, en los mercados de varios países en América Latina, desplazando a EEUU de Norteamérica en la oferta de productos, bienes y servicios.

El uso de la fuerza por parte del gobierno norteamericano, conjuntamente con “la extracción” del presidente Maduro y de su esposa estuvo acorde con la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América (NSS) ,constituyendo un acto arbitrario e ilegal con el cual se violaron las normas jurídicas del derecho interno y del derecho público internacional, especialmente el artículo 2, parágrafo 4 de la carta de la ONU que prohíbe a los Estados miembros el uso de la amenaza o de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país y el parágrafo 1 que consagra la igualdad soberana de los Estados impidiendo que un país actúe por encima de otro, independientemente de su poder militar y resolución de la Asamblea General desarrollando el principio de no intervención, prohibiendo toda forma de injerencia en los asuntos internos de los países.

En la región, la Carta OEA fortalece y asegura las prohibiciones de cualquier forma de intervención directa o indirecta (artículo 19) y en el artículo 21 declara la inviolabilidad del territorio de los Estados que no pueden ser objeto de ocupación militar ni siquiera en forma temporal.

El análisis y la complejidad de esta situación no deben debatirse ni resolverse adoptando posiciones extremas en favor de la intervención o simplemente conciliando los intereses, estando de por medio la autonomía y la independencia de los Estados que debe respetarse conforme a las normas del derecho internacional. A la vez que las fuerzas democráticas y progresistas deben adoptar una posición firme y decidida en favor de la soberanía estatal y nacional de los países apoyándose como lo dijimos anteriormente en las normas del derecho internacional e invitando a todos los países de América Latina a cerrar filas contra la agresión neocolonialista del gobierno de USA contra Venezuela y al derecho que tiene de ser un país independiente y soberano en lo económico y político frente a los demás países hegemónicos del mundo capitalista globalizado y en especial de USA que hoy pretenden retomar sus fueros utilizando para ello la fuerza para apropiarse de los recursos que posee Venezuela y avanzar por los caminos del avasallamiento de otras naciones de Latinoamérica.

La lucha por la liberación del nuevo colonialismo que se trata de imponer en Venezuela como en otros países nada tiene que ver con la cooperación y ayuda mutuas que deben existir entre los países hermanos de América Latina y de ahí la necesidad de constituir un gran frente de unidad latinoamericana para enfrentar la voracidad del capitalismo que busca por todos los medios apropiarse del control de los recursos naturales como el petróleo, el oro, el coltán y aquellos minerales de las denominadas tierras raras que solo pertenecen a los Estados y pueblos del continente americano e imponer su visión política de los destinos de las naciones lo cual es aceptado por algunos gobernantes bajo la denominación de una “forma de frente nacional” en forma temporal”, vulnerando a los ciudadanos el derecho a decidir su propio destino y la forma de gobierno.

VEEDURÍA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL

Cali, 10 de enero de 2026

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la

Democracia y la Convivencia Social

 

 

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social