La posible suspensión temporal de la regla fiscal en Colombia, que haría el gobierno nacional ésta semana, mediante la activación de la llamada “cláusula de escape”, representa un grave SOS para la economía nacional, con profundas implicaciones económicas, sociales y políticas, ante un gobierno excedido en el gasto.
Riesgos y consecuencias del mayor gasto y déficit
La regla fiscal es una norma que limita el gasto público y el endeudamiento para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo. Su suspensión, aunque contemplada para situaciones excepcionales, como emergencias económicas, podría llevar a un aumento del déficit fiscal, estimado por expertos en más del 7% del PIB, muy por encima del límite usual del 2.3%.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha advertido que para cumplir con la regla fiscal en 2025 se requeriría un ajuste fiscal de aproximadamente $46 billones, equivalente al 2.6% del PIB, lo que implica recortes profundos o aumentos en ingresos tributarios. Sin embargo, el Gobierno proyecta un déficit del 5.1% del PIB, cifra que analistas consideran optimista y difícil de alcanzar.
Esta situación genera preocupación en los mercados financieros y en agencias calificadoras de riesgo, como Moody’s, que mantiene una perspectiva negativa para Colombia, alertando sobre el deterioro presupuestal y la necesidad de cumplir la regla fiscal para evitar una posible rebaja en la calificación crediticia. Una rebaja es grave, porque implicaría mayores costos de endeudamiento para el país, afectando la inversión pública y privada y limitando la capacidad de crecimiento económico.
Además, el exdirector de la DIAN, Lisando Junco, señala que un déficit fiscal superior al 7% sería insostenible y dañaría la credibilidad del país frente a los mercados. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, enfatiza que no existen eventos extraordinarios que justifiquen ésta suspensión y que la medida enviaría una mala señal a los inversionistas.
Impacto en la población y en la cohesión social
El aumento del gasto público sin control puede inicialmente parecer beneficioso para atender demandas sociales, pero a mediano y largo plazo puede generar inflación, devaluación y pérdida de poder adquisitivo, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
En el pasado, la suspensión temporal de la regla fiscal durante la pandemia permitió financiar programas sociales urgentes, como subsidios y ayudas a la población más pobre, pero ahora no hay una emergencia que justifique un mayor gasto desmedido. La falta de disciplina fiscal podría comprometer la sostenibilidad de estos programas sociales, un mayor endeudamiento obliga a futuros ajustes fiscales que suelen traducirse en recortes en inversión social o aumento de impuestos.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal y Fedesarrollo coinciden en que para evitar un colapso fiscal se deben hacer ajustes estructurales que eviten que la deuda pública siga creciendo y que se mantenga la estabilidad macroeconómica, condición indispensable para preservar el bienestar social.
Desconfianza y riesgos institucionales
La evaluación de suspender la regla fiscal a través de la cláusula de escape será discutida en el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) este lunes 9 de junio, espacio para definir la política macroeconómica del país. La decisión política de suspender esta regla sin una justificación técnica sólida puede erosionar la confianza en las instituciones y en la capacidad del Gobierno para manejar responsablemente las finanzas públicas. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que “no se puede paralizar al Estado” y por eso contemplan usar una cláusula que permite la ley para no cumplir la regla fiscal.
El incumplimiento de la regla fiscal debe ser informado al Congreso con explicaciones claras y planes concretos para restablecer el equilibrio fiscal, según lo establece la ley. Sin embargo, la presión política por aumentar el gasto puede llevar a decisiones populistas que comprometan la estabilidad económica futura.
La percepción negativa de las calificadoras y los mercados financieros puede traducirse en menor inversión extranjera y mayores costos para financiar la deuda pública, afectando la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos y desarrollar políticas públicas efectivas.
Gran error: Vendrá elevación del costo de la deuda, y se proyecta en el próximo gobierno, obligar a ajustes fiscales dolorosos
Suspender temporalmente la regla fiscal en Colombia mediante la cláusula de escape, sin una justificación clara de un evento extraordinario, es un error que pone en riesgo la estabilidad económica, social y política del país. El aumento del déficit y del gasto público sin control puede generar una crisis de confianza, elevar el costo de la deuda, y obligar a ajustes fiscales dolorosos en el futuro, afectando a la población más vulnerable y limitando el crecimiento económico.
Por tanto, el Gobierno debe priorizar la responsabilidad fiscal, cumplir con la regla fiscal y diseñar políticas que promuevan la sostenibilidad financiera, la inversión productiva y la equidad social, evitando enviar señales negativas a los mercados y a la ciudadanía. La prudencia fiscal es la base para una Colombia más estable, justa y próspera.
