Dos años después del inicio del gobierno del alcalde Alejandro Eder, Cali no muestra el quiebre prometido frente a las administraciones anteriores. El balance general evidencia continuidad en la forma de gobernar, en las prioridades y en la relación con el poder político local. El cambio anunciado se quedó en el discurso; en la práctica, la ciudad sigue gestionándose en el Concejo y organismos de control, bajo las mismas lógicas.
Los principales problemas de Cali permanecen sin solución estructural. A pesar de un crédito billonario, mal repartido, no se proyecta una solución estructural en nada, ni en el marco fiscal de mediano plazo, ni en la malla vial, ni en la movilidad, menos la inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones ciudadanas y amplios sectores de la ciudad enfrentan dificultades en el acceso regular a servicios básicos ( agua ) . Los anuncios, planes y ejecuciones parciales no se han traducido en resultados verificables para la mayoría de los caleños.
Con %3.5 billones de crédito aprobado y recursos disponibles ya comprometidos, la ciudadanía no percibe un impacto proporcional. La administración ha privilegiado la gobernabilidad política sobre la rendición de cuentas, y el Concejo de Cali, en lugar de ejercer control, sin real control, aparece alineado con el Ejecutivo, sin resultados en el debate público y decisiones tomadas lejos del escrutinio ciudadano.
Este escenario refleja un problema profundo: la cooptación del Concejo a espaldas de la ciudadanía y una relación institucional que reduce el control constitucional a un trámite. La democracia local se debilita cuando el debate se reemplaza por acuerdos cerrados y cuando la crítica ciudadana no tiene canales efectivos de incidencia, se le escucha, pero no se le oye.
Y como si fuera poco, los organismos de control , Contraloría y Personería de Cali, no actúan sobre los problemas estructurales de Cali, parecen silenciados por sus jefes , el Concejo o por el alcalde con su gran poder económico y nominador.
Por ello, el postulado de este editorial es claro, ante más de 1 centenar de promesas incumplidas en 20 años y la misma corrupcion: la sociedad civil debe actuar y movilizarse en Cali. La ciudad no necesita más diagnósticos ni más crítica dispersa. Es necesario pasar del análisis y la crítica masiva a la acción cívica organizada para transformar a Cali. A veces, solo es lo minimo, cumplir las normas urbanísticas del POT, como los barrios San Antonio , San Cayetano y El Peñon ( La sagrada Familia ).
La ciudadanía tiene el derecho y la responsabilidad de manifestarse de manera pacífica y pública ante el alcalde y el Concejo: en sus despachos, en la Plazoleta del CAM y en la calle. No como un gesto simbólico, sino como una forma legítima de exigir respuestas, prioridades claras y resultados.
La movilización ciudadana no es oposición automática ni desorden. Es una herramienta democrática para recuperar el control social sobre el gobierno local, exigir transparencia y romper la inercia del continuismo. Cali no puede seguir esperando que el cambio llegue solo desde la administración. Sin presión ciudadana, nada se transforma.La ultima vez, lo hizo hace 15 años, para protestar por el las irregularidades de la valorización de las 21 megaobras, todo salió exacto, como lo dijeron los ciudadanos, y allí está el municipio incumplió , fracasó y se quebró. Quien responde ?
Hoy, el reto central de Cali no es formular nuevas promesas, sino activar una sociedad civil capaz de incidir, vigilar y exigir. Ese es el camino para corregir el rumbo de la ciudad.
