En la antesala de la última legislatura del gobierno Petro, que inicia el 20 de julio de 2025, el país enfrenta una gran crisis fiscal que no puede atribuirse a factores externos imprevisibles, sino a decisiones políticas e institucionales internas que se dejaron seguir su curso sin corrección oportuna. Esta crisis, que se agrava en medio de una campaña presidencial y la renovación legislativa, responde a un conjunto de reformas y cambios en el modelo productivo impulsados por el gobierno, cuya planeación y ejecución dejaron serias falencias económicas y fiscales.
Uno de los elementos importantes ha sido el impacto negativo del Plan Nacional de Desarrollo y las reformas tributarias en la estructura productiva y en el recaudo estatal. Contrario a lo esperado, estas medidas no han aumentado la recaudación tributaria. Por el contrario, sectores importantes como el energético han sido afectados por restricciones que desincentivan la actividad extractiva, principal fuente de ingresos fiscales, especialmente en carbón, gas y petróleo.
El sector energético ha sufrido una combinación de factores: aunque hay causas exógenas como la caída de precios internacionales de commodities (carbón y petróleo), esta crisis se agrava con una reducción en la producción y explotación. En 2024, el recaudo tributario de carbón cayó en $ 9,4 billones y el del petróleo en $6,8 billones, lo que afecta directamente las finanzas públicas nacionales. La narrativa oficial que vincula la caída en demanda global y la aceleración de la transición energética a una emergencia climática es criticada por expertos que insisten en que, dada la pobreza estructural y desigualdad de Colombia, transitar apresuradamente fuera de las energías fósiles perjudica el crecimiento económico y no atiende las urgencias sociales del país. Y en ello, CALIESCRIBE, TOMA PARTIDO.
A diferencia del sector extractivo, el agrícola y turístico presentan una base fiscal más frágil, por la violencia rural y problemas de seguridad urbana que NO PERMITEN EL DESARROLLO de estos sectores, como lo ofreció el presidente Petro. La sustitución del modelo productivo sin medir sus consecuencias tributarias ha generado una fuente de ingresos más baja y sentó las bases para el desfinanciamiento del presupuesto público.
Este deterioro fiscal se refleja en cifras preocupantes: el recaudo tributario cayó del 18,7% al 16,5% del PIB entre 2023 y 2024, una pérdida nominal de cerca de $18,5 billones. Al mismo tiempo, la caja del gobierno llegó a un histórico bajo de 6,5 billones de pesos. La deuda pública ha crecido aceleradamente, con el pago de intereses que para 2025 representa cerca del 20% del presupuesto nacional, limitando la capacidad fiscal para inversión social y otras prioridades.
Un punto crítico fue agosto de 2023, cuando la recaudación real mostró una caída estructural, marcando un punto de quiebre que el Gobierno no atendió adecuadamente. La regla fiscal, diseñada para controlar el déficit y limitar la deuda, fue suspendida en 2025 mediante la activación de la cláusula de escape, permitiendo un déficit fiscal que podría superar el 7% del PIB, en contraste con los límites anteriores. Esta flexibilización de la regla fiscal ha sido utilizada para justificar déficits crecientes y endeudamiento inflado bajo transacciones únicas que maquillan los verdaderos niveles de gastos e ingresos, desacreditando la herramienta como mecanismo riguroso de control fiscal. Y en ello, hemos reiteradamente alertado.
La administración Petro ha intentado varias reformas tributarias, una aprobada y otra negada, la que entraría nuevamente, no rindieron los frutos esperados; además, se han visto gastos exagerados en nomina y actividades no productivas, con recortes abruptos en gasto social y programas fundamentales como Colombia Mayor, subsidios educativos y vivienda social, generando descontento social y tensiones económicas.
El escenario político acompaña esta crisis con un Congreso cuyo nuevo período comienza el 20 de julio en un clima marcado por fuerte tensión entre gobierno y oposición, en tiempo electoral. Pese al desgaste político del ejecutivo, aún puede conseguir mayorías, en filibusteria parlamentaria de puestos y obras, pero el pulso que definirá la capacidad para los proyectos económicos y fiscales está abierto, dada la fragmentación y confrontación.
Expertos e instituciones independientes han concluido que esta crisis fiscal fue totalmente evitable si se hubieran tomado medidas de corrección oportunas y coherentes con las señales de alarma temprana. El deterioro no es consecuencia de factores externos, sino del diseño y decisiones de política económica que no consideraron adecuadamente las implicaciones fiscales profundas de la reestructuración productiva.
El Congreso tiene ahora el reto de exigir cuentas claras al Gobierno, al Ministerio de Hacienda, al DNP y al Banco de la República, para consensuar un plan de ajuste fiscal urgente y responsable de cara al presupuesto 2026, que proyecta un déficit muy elevado y que debe ser aprobado en los próximos meses. El camino será difícil: sin una reforma que garantice recaudación eficaz y control del gasto, Colombia seguirá avanzando hacia un callejón económico y fiscal peligroso
