El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno de Gustavo Petro declarará un estado de emergencia económica para enfrentar la situación fiscal del país en 2026. El anuncio coincidió con la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República sobre las tasas de interés, lo que volvió a evidenciar la distancia entre la política fiscal del Ejecutivo y la institucionalidad económica.
El objetivo anunciado es recaudar $16 billones, exactamente la misma cifra del faltante que dejó el hundimiento de la reforma tributaria. El propio ministro reconoció que el Presupuesto General de la Nación está desfinanciado en $16,3 billones. No se trata de un hecho inesperado, sino del resultado de una reforma mal diseñada y de la incapacidad del Gobierno para construir mayorías en el Congreso.
La Constitución es clara: el estado de emergencia procede solo ante hechos excepcionales, sobrevinientes e imprevisibles. Ninguna de las razones invocadas cumple ese criterio. La crisis financiera del sistema de salud no apareció de forma súbita. La unificación de la UPC, ordenada por la Corte Constitucional y con un costo cercano a $3 billones, era conocida y advertida. El deterioro del sector es consecuencia de decisiones administrativas y de una reforma inconclusa.
El mayor gasto en defensa tampoco constituye un hecho extraordinario. Es la respuesta a una crisis de seguridad que se profundizó durante este gobierno, tras una política que debilitó el control territorial del Estado. Presentar ese resultado como causa externa carece de sustento.
El hundimiento de la reforma tributaria, por su parte, no habilita una emergencia. El Congreso actuó dentro de sus competencias. La falta de acuerdos políticos no puede transformarse en una causal constitucional.
El ministro anunció que los decretos tributarios se expedirán en los próximos días, sin precisar sectores ni bases gravables. Se trata de un paquete impositivo sin deliberación pública, sin control político previo y sin evaluación clara de impactos. El antecedente inmediato es negativo: en emergencias anteriores se impusieron impuestos transitorios a juegos de azar en línea, al timbre y a las exportaciones de carbón y petróleo, con bajo recaudo y efectos adversos sobre inversión y empleo.
Esta sería la cuarta emergencia durante el gobierno Petro. La figura excepcional dejó de ser un recurso extremo y se convirtió en un mecanismo ordinario de gestión fiscal. El decreto reemplazó la planeación y la urgencia sustituyó la responsabilidad.
El problema, sin embargo, va más allá de las cifras. Dos ministros de este gobierno han terminado en prisión, entre ellos el de Hacienda y el del Interior, por gestionar la aprobación de leyes mediante prácticas corruptas en el Congreso. El propio exministro del Interior afirmó que el presidente Petro conocía los hechos y fue informado. Eso afecta directamente la legitimidad de cualquier solicitud de poderes extraordinarios.
A ello se suma un hecho inevitable: la revisión constitucional y las demandas judiciales marcarán la agenda de 2026. Las declaratorias de emergencia, sus decretos tributarios y la validez de los supuestos “hechos sobrevinientes” serán objeto de control automático por parte de la Corte Constitucional, además de múltiples acciones de nulidad y demandas ciudadanas. El debate no será solo fiscal, sino jurídico e institucional.
La emergencia anunciada no responde a una crisis externa ni a un evento imprevisible. Es un intento de corregir por decreto un déficit generado por decisiones del propio gobierno, por reformas fallidas y por una ruptura con el Congreso y con la confianza pública.
Colombia no enfrenta una emergencia económica. Enfrenta un gobierno sin margen fiscal, con legitimidad debilitada y cuya gestión económica terminará siendo juzgada más en los tribunales que en los mercados.
