Presidentes, gobernadores y alcaldes
La década estuvo marcada por 4 presidencias. Juan Manuel Santos gobernó entre 2010 y 2018, periodo en el que el país avanzó hacia la firma del acuerdo de paz con las FARC y redefinió la relación del Estado con los territorios afectados por el conflicto armado. Desde 2018 asumió Iván Duque, con un gobierno caracterizado por tensiones institucionales, protestas sociales y una crisis de legitimidad que impactó la gobernabilidad nacional.
En el Valle del Cauca gobernaron Héctor Fabio Useche entre 2010 y 2012, tras la salida anticipada de Juan Carlos Abadía por sanciones disciplinarias y en elección atípica, ganó Ubeimar Delgado para el periodo 2012 y 2015, quien saneó fiscalmente el departamento. Entre 2016 y 2019 la Gobernación estuvo a cargo de Dilian Francisca Toro, quien retomó el control político del departamento en medio de dificultades fiscales, inseguridad y rezago social en amplias zonas rurales y urbanas.
En Cali, Jorge Iván Ospina culminó su primer periodo hasta 2011, con 21 megaobras que quedaron inconclusas, la mitad. Entre 2012 y 2015 gobernó Rodrigo Guerrero Velasco, con énfasis en salud pública y orden institucional. De 2016 a 2019 fue alcalde Maurice Armitage, hubo deterioro de la seguridad, crisis del sistema de transporte y debilitamiento financiero del municipio. El cierre de la década estuvo marcado por el regreso de Jorge Iván Ospina a la Alcaldía en 2020, en medio de una ciudad fragmentada, comprometió 5 grandes parques , ninguno concluyó y hubo altos niveles de desconfianza ciudadana.
Violencia, control territorial y protesta social
Aunque el acuerdo de paz redujo la confrontación armada a escala nacional, el Valle del Cauca no logró una pacificación sostenida. Persistieron economías ilegales ligadas al narcotráfico, la minería ilícita y el control de corredores estratégicos hacia el Pacífico. Municipios del norte del departamento y zonas rurales continuaron expuestos a homicidios, amenazas y disputas territoriales. Cali registró ciclos recurrentes de violencia urbana asociados a control de rentas ilegales, microtráfico y estructuras criminales.
La segunda mitad de la década estuvo marcada por estallidos de protesta social. Las movilizaciones de 2019 evidenciaron inconformidad con la desigualdad, el desempleo juvenil y la precariedad institucional. Cali se consolidó como uno de los principales escenarios de protesta, con bloqueos, enfrentamientos y deterioro del orden público que profundizaron la crisis de confianza entre ciudadanía y Estado.
Crisis urbana, servicios públicos y transporte
El sistema de transporte masivo MIO entró en una fase crítica. La inviabilidad financiera, la baja cobertura, el déficit operacional y la dependencia de subsidios se convirtieron en problemas estructurales. A lo largo de la década se realizaron ajustes, rescates y modificaciones contractuales sin resolver el fondo del sistema. La movilidad urbana se deterioró y el transporte informal ganó espacio.
EMCALI continuó bajo intervención estatal durante buena parte del periodo. La empresa enfrentó dificultades financieras, rezago en infraestructura y pérdida de capacidad de inversión. La prestación de servicios públicos se mantuvo, pero sin lograr una modernización acorde al crecimiento urbano y a las demandas tecnológicas del siglo XXI.
La expansión de Cali avanzó sin una planificación efectiva. El sur y la zona de ladera siguieron creciendo, mientras el oriente acumuló déficits históricos en espacio público, equipamientos y oportunidades. Los municipios vecinos funcionaron como área metropolitana de facto, sin coordinación institucional ni planificación regional.
Economía, empleo y desigualdad
La economía del Valle del Cauca mantuvo su dependencia de la agroindustria de la caña de azúcar y del corredor industrial Cali–Yumbo. Aunque algunos sectores se modernizaron, el crecimiento económico no se tradujo en empleo de calidad. La informalidad se consolidó como rasgo estructural del mercado laboral. El desempleo juvenil y la precarización del trabajo urbano se profundizaron.
El PIB per cápita del departamento se mantuvo distante de los estándares de regiones líderes a nivel internacional. La desigualdad territorial se hizo más evidente entre municipios con capacidad productiva y amplias zonas rurales y urbanas sin acceso a oportunidades reales de desarrollo.
Educación, cultura y ciudad fragmentada
La Universidad del Valle sostuvo su papel como principal institución pública de educación superior del suroccidente colombiano, pero empezó la reducción sistemática en calidad, producto de su modelo publico. Universidades privadas ampliaron su presencia, aunque con acceso limitado para sectores populares. La educación no logró convertirse en un verdadero motor de movilidad social para amplios segmentos de la población.
La vida cultural de Cali mantuvo visibilidad nacional e internacional, pero convivió con una ciudad fragmentada, desigual y con profundas brechas sociales. El discurso de capital cultural contrastó con una realidad urbana marcada por exclusión, violencia y deterioro institucional.
Balance de la década
Entre 2010 y 2020 el Valle del Cauca y Cali acumularon problemas estructurales no resueltos. La violencia urbana persistió, la economía no generó empleo suficiente, el transporte masivo colapsó financieramente y la expansión urbana avanzó sin control. Los liderazgos políticos no lograron construir una visión regional de largo plazo. La década cerró con una región sin rumbo claro, con instituciones debilitadas y con una ciudadanía cada vez más distante del Estado y de sus dirigentes.
