La crisis generada por el proceso de elección del contralor de Cali en 2025 puso en evidencia fallas importantes en la administración pública de Cali, su problema es de fondo y estructural. El concurso irregular convocatoria mal diseñada, universidad cuestionada, pruebas con errores, denuncias de transparencia, advertencias de la Procuraduría y enfrentamientos entre aspirantes. Concejales y alcalde Eder, mostró una institucionalidad que no opera, que es de chantaje. El tema central no es quién será elegido ni cómo se desarrolló la convocatoria, sino por qué Cali acumula decisiones públicas sin control efectivo en lo fiscal y en lo político, es decir, con una Contraloría que es más una institución de chantaje, que ha perpetuado la inviabilidad económica, fiscal y social de Cali.
El presupuesto anual de la Contraloría de Cali, cercano a $33.000 millones en 2025, $3.000 millones mensuales despilfarrados en una burocracia ineficiente y complaciente con la corrupcion debería sostener un órgano capaz de examinar la viabilidad de los proyectos, advertir riesgos patrimoniales, revisar contratos y formular hallazgos efectivos. No obstante, en 2 décadas de decisiones de los grandes proyectos, los resultados son insuficientes. El MIO, iniciado hace 20 años con el alcalde Apolinar en el 2004, se implementó sin factibilidad económica, sin cierre financiero, con modelos operativos cambiantes y con obras inconclusas que afectaron la movilidad y la sostenibilidad fiscal. El Concejo expidió por iniciativa ciudadana , el acuerdo 192 del 2006 y luego el 224 del 2007, obligando a estructurar el proyecto y a tener el cierre fiscal nadie cumplio y la Contraloria no lo ha hecho cumplir. No existen informes concluyentes de la Contraloría de Cali, que hubieran servido como advertencia o que hayan derivado en responsabilidades. Y aquí también la cabe responsabilidad a la Contraloria general de la nación, porque gran parte de la inversión en el MIO, ha sido nacional y no ha sido controlada.
Lo mismo ocurre con las 21 Megaobras del alcalde Ospina I, donde nueve siguen sin terminar pese a que los contribuyentes pagaron el total de la valorización. Durante más de 17 años, la Contraloría no generó decisiones fiscales que aportaran claridad sobre los retrasos, la falta de ejecución o los impactos financieros. Nació inviable el proyecto en el 2008 y nadie le responde al ciudadano. El Corredor Verde, anunciado en 2014 pr alcalde Guerrero II, quedó detenido sin que el órgano de control hubiera planteado una evaluación integral del proyecto frente a sus costos y metas. Programas como Mi Comunidad es Escuela del alcalde Armitage, señalados por irregularidades, tampoco generaron procesos fiscales visibles que aportaran claridad sobre la aplicación de los recursos. Los parques inconclusos de la administración Ospina II terminaron en el mismo patrón: sin advertencias tempranas ni seguimiento con impacto.
El endeudamiento reciente por $3.5 billones del alcalde Eder, aprobado sin que el distrito presente plena capacidad de pago, tampoco generó una reacción fiscal de fondo. Sin una revisión sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la Contraloría no dio señales que pudieran orientar una discusión pública sobre riesgos, cumplimiento y coherencia presupuestal. Lo mismo ocurrió con la aprobación del Tren de Cercanías por $1.7 billones, votado por la totalidad del Concejo sin resolver antes la crisis financiera del MIO ni la situación de inviabilidad del propio distrito. Ningún concejal planteó que la Contraloría debía haber emitido advertencias previas sobre estas condiciones. Ninguno cuestionó su papel histórico ni su ausencia en decisiones que comprometen varias vigencias fiscales.
La omisión del Concejo no es menor. Es el órgano que elige al contralor, financia su funcionamiento, define su marco operativo y debe ejercer control político sobre el alcalde y sus entidades. Si el Concejo no revisa a fondo la viabilidad de los proyectos, no exige informes oportunos, no solicita evaluaciones de impacto y no formula reparos de fondo, la Contraloría queda reducida a un actor subordinado que replica la falta de control en su propio ámbito. Sin un Concejo que asuma un papel activo, difícilmente existirá un control fiscal independiente.
El problema, entonces, no es únicamente el proceso de elección ni la discusión sobre el nombre del próximo contralor. La dificultad real es que Cali ha operado con un sistema de control inexistente, sin revisión técnica de las decisiones más costosas y sin capacidad institucional para anticipar impactos financieros. Los proyectos se aprobaron sin análisis completos y sin la intervención oportuna de los órganos de control. El Concejo, al no cuestionar la falta de vigilancia, termina avalando la inacción de la Contraloría.
Por eso, la crisis de la Contraloría no puede entenderse aislada del comportamiento del Concejo. La ciudad necesita ambos órganos funcionando de manera complementaria y rigurosa. Sin ese equilibrio, Cali continuará acumulando obras sin terminar, deudas crecientes y decisiones que comprometen su futuro sin un control que permita corregir el rumbo.
