No obstante la importancia y trascendencia que tendría la construcción y desarrollo del megaproyecto del tren de cercanías para la integración y conectividad del conjunto de los municipios del departamento del Valle del Cauca, será Cali Distrito la entidad territorial que tendrá que cubrir la mayor parte del 30% de los elevados costos para su financiación, porcentaje con el que deben contribuir los municipios de AMSO que en este caso es Jamundí correspondiéndole a Cali el 91.8% quedando endeudada, es decir, los caleños tendrán que pagar mayores impuestos, tasas y contribuciones, como producto de los sobrecostos y adiciones que seguramente se le deben hacer a los contratos que se suscriban para la ejecución de las obras de infraestructura que se construyan en la ciudad y que si acaso, se terminaran con el paso de los años, tal como ha sucedido con las 21 mega obras, la avenida Ciudad de Cali y el puente de Juanchito a cargo del departamento.
Del contenido de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo 071 de 2025 – ya aprobado- “Por el cual se autoriza al señor alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO PRIMER TRAMO PRIORIZADO DEL TREN DE CERCANIAS DEL VALLE DEL CAUCA (estación central) JAMUNDI (estación), a fin de dar cumplimiento al plan de Desarrollo Distrital 2021-2027 “Cali Capital Pacífica de Colombia”, se desprende que la onerosa obra no solo comprende la construcción de la línea férrea sino de la infraestructura urbanística que une a Cali con Jamundí y en un futuro a Palmira y Yumbo que hoy no hacen parte del área metropolitana, con lo cual se generaría un cambio sustancial en el territorio con las transformaciones que se producirán relacionadas con el uso del suelo, del medo ambiente y del paisaje natural de dichos municipios y de Cali a lo largo y ancho de la red férrea, en lo que puede calificarse como una gran Renovación Urbana que se constituye en un asunto de interés general para el conjunto de los ciudadanos que viven en el área metropolitana y que demanda de la obligación constitucional y legal de realizar una consulta a los ciudadanos en ejercicio de su legítimo derecho a participar en todos aquellos asuntos que afectan sus intereses individuales y sociales en materia económica, política, social, cultural, ambiental, en razón de la soberanía que reside en el pueblo.
El proyecto de acuerdo 071 de 2025 adolece de varios vicios que comprometen su legalidad, la cual no parece interesarles a los concejales que ya lo aprobaron en primer y segundo debates y sin el cumplimiento de los requisitos relacionados con la convocatoria a la participación ciudadana como condición esencial para la aprobación del proyecto, con violación de los principios constitucionales y derechos que tienen los ciudadanos interesados en participar con sus aportes al enriquecimiento o descalificación del proyecto. La citación inicial -anticipada sin información previa- para posteriormente y ante el reclamo del director de caliescribe citar para el jueves 6 de noviembre, no pasó de ser más que el “cumplimiento” de un formalismo legal, porque la decisión de los cabildantes era aprobar el proyecto de acuerdo sin los suficientes estudios, ni responder las observaciones de los ciudadanos. Este fue un acuerdo fast track que se llevó la constitución y a la ley por delante, sin atender entre otras observaciones, que siempre hablaron del tren de cercanías Cali Jamundí y en el proyecto en mención se destapa la verdad: Tren de cercanías del Valle del Cauca pretendiendo comprometer a la Nación y a Cali durante varias generaciones en un proyecto que no fue analizado en forma amplia e integral.
En este sentido, coadyuvamos las solicitudes presentadas en una constancia por el director de la revista Caliescribe Ingeniero Ramiro Varela, por considerarlas ajustadas a la ley y a la Constitución Política de Colombia.
El acuerdo es a todas luces INCONSTITUCIONAL E INCONVENIENTE. Inconstitucional porque el tren de cercanías y más tratándose de un tren de cercanías del Valle del Cauca, por su costo, financiación, impactos urbanísticos, sociales, económicos, ambientales, obliga a la consulta popular, discusión y aprobación de los caleños por ser ellos quienes asuman las consecuencias y las responsabilidades de un proyecto del que nada conocen, más allá de las repetidas frases publicitarias con las cuales se ha pretendido suplir la falta de información sobre dicha mega obra.
Los propietarios de viviendas de clase media en los estratos 6, 5 y 4 terminarán expulsados de sus inmuebles conseguidos con el esfuerzo de su trabajo, al no poder pagar los expropiatorios impuesto predial y contribución de valorización que se cobrarán.
El trasfondo de esta iniciativa se puede enmarcar dentro del quehacer de quienes en el pasado y en la actualidad consideran el progreso de la ciudad ligado a sus negocios particulares, como grandes propietarios, negociantes de propiedad raíz y urbanizadores que ven en esta ocasión una oportunidad para aumentar sus ganancias como parte de la lógica del capital que tiende a concentrarse y centralizarse en cabeza de unos pocos empresarios asociados al Estado que viven de la explotación económica del trabajo e incluso construyen obras de infraestructura que tan solo contribuyen al desbordamiento de la población urbana y al desmejoramiento del paisaje urbano y tradicional.
¿Qué están pensando y haciendo los ciudadanos que integran los sectores de clase media caleña y vallecaucana? No basta unirse y organizarse para fines electorales, colocándose al servicio de los mismos con las mismas., que solo buscan reproducirse en el poder para defender sus intereses particulares.
