La tarea de construir una nueva realidad social acorde con los intereses y necesidades comunes de los individuos que componen las diferentes clases y grupos sociales, no es una cuestión fácil de realizar apelando simplemente a la voluntad de quienes creen que pueden superar las dificultades que se presentan en la sociedad en general.
En medio de la crisis que afronta el capitalismo a nivel global, tiene lugar un gran debate sobre el presente y futuro de la humanidad fundamentado en una serie de teorías y conjeturas difundidas por sus ideólogos y propagandistas que de cierta manera buscan distraer la atención de los ciudadanos respecto de los verdaderos problemas que en la actualidad se han agravado con la exacerbación de las contradicciones y conflictos sociales que se presentan en la vieja y desueta realidad social y política, sumergida en una especie de letargo mediatizado por la demagogia, el autoritarismo, el populismo reformista y el nacionalismo, encarnados en las políticas de un régimen caduco que busca de cualquier manera apaciguar los ánimos de los ciudadanos que padecen los rigores del empobrecimiento sistemático, el desempleo, la informalidad, las dificultades para acceder a la educación, a la salud y expuestos al hambre, a la falta de vivienda y de tierra para cultivar sus alimentos, etc., circunstancia esta que en muchos casos los convierten en piezas de ajedrez de la política electoral por parte de las clases dirigentes (económica y políticamente dominantes) y para lo cual se valen de aquellos discursos demagógicos que poco o nada tienen que ver con la realidad que nos indican que aquellos principios liberales como el pluralismo ideológico y el pluripartidismo han sido sustituidos por el unanimismo y el monopartidismo, en tanto que el principio de la división de poderes ha sido reemplazado en la práctica por la concentración y centralización del poder en cabeza del ejecutivo, al tiempo que la justicia se politizó y la democracia perdió su esencia basada en la soberanía del pueblo, sometido al dominio de las clases opulentas ligadas con los negocios e intereses de los grandes monopolios nacionales e internacionales.
Este andamiaje jurídico-político se fundamenta en la libertad económica y la libre competencia que ha sido sustituida por los monopolios que hoy se asocian al Estado para imponer determinadas regulaciones que solo benefician al gran capital financiero.
Algunos líderes políticos pertenecientes a los grupos de la izquierda radical consideran que la sociedad demanda de cambios en materia económica, política y social, encaminados a lograr reivindicaciones conjuntamente con la necesidad de crear una nueva mentalidad capaz de transformar la realidad y el modo de vida de los seres humanos y su manera de enfrentar los problemas que los agobian con el paso del tiempo. Esta posición política no deja de ser más que una utopía que poco contribuirá a generar la conciencia suficiente en las masas populares para realizar los cambios que demanda la sociedad.
Ahora bien, tratándose de Colombia, es necesario preguntarse sí en el “país de la belleza” y del Estado Social y Democrático de Derecho, sus ciudadanos que no creen en las instituciones ni viven en paz y cada vez acuden a la violencia, sin que haya sido posible hasta el momento, superar dicho estado de cosas más allá de las promesas de los dirigentes políticos y del gobierno progresista del presidente Petro, ¿será posible un cambio social y política diferente a la implementación de políticas asistencialistas y meramente reformistas?
Una respuesta adecuada a este interrogante solo será posible en la medida en que finalmente y como consecuencia de la lucha social se modifiquen las condiciones económicas, materiales en que se fundamenta la vida política, social, cultural y espiritual de la sociedad, bajo la orientación de las fuerzas políticas y sociales de estirpe democrática y progresista, las cuales tendrán que decidirse a realizar en la práctica las transformaciones revolucionarias encaminadas a construir una nueva realidad social que no solo tenga en cuenta el conocimiento de la realidad sino la experiencia práctica e histórica indispensables para desarrollar las acciones políticas y sociales dirigidas a lograr los objetivos y fines concretos que demanda el cambio social a partir de la conquista del poder del Estado desde la cual deben hacerse los cambios que requiere la sociedad y siempre y cuando persistan por ejemplo, en la ampliación de la democracia y se garantice la participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con la defensa de sus intereses individuales y sociales en materia económica, política, social, cultural, ambiental, etc.
Así mismo, se establezca la posibilidad real de revocatoria del mandato al presidente de la República y a los congresistas y se pueda participar en la elección de los jueces a cierto nivel, al tiempo que deben garantizarse materialmente los derechos económicos de los ciudadanos y fortalecerse los procesos de descentralización de las regiones, paralelamente con la necesidad de devolverle al Congreso la iniciativa del gasto público. Así mismo, la prestación de los servicios de educación, salud y servicios públicos dejarán de ser un negocio exclusivamente particular, entretanto el Estado podrá constituir empresas mixtas para desarrollar dichas actividades. Por otra parte, la inversión nacional y extranjera y los acuerdos de comercio deben promover la industrialización del país, el empleo, la cooperación y ayuda mutua entre los Estados. No podrán gravarse con impuestos indirectos los bienes y servicios de la canasta familiar, la salud, educación y servicios de acueducto, alcantarillado, energía, gas.
El Estado no solo debe explotar los recursos naturales sino enriquecer y transformar la naturaleza dentro de los límites impuestos por las leyes naturales y siempre y cuando no atenten contra la salud ni la producción de alimentos entre otros tantos asuntos.
La ciencia y las nuevas tecnologías serán promovidas y financiadas por el Estado con miras a desarrollar la industria y la economía de los servicios. Las campañas políticas serán financiadas en su totalidad por el Estado en cada uno de los niveles e instancias territoriales.
Debe hacerse una reestructuración de la fuerza pública con miras a democratizarla y modernizarla desde el punto de vista funcional y operativo, tendiente a garantizar el orden, la paz, la convivencia social, la prevención y represión del delito en todas sus formas y modalidades.
Las organizaciones políticas, sociales, sindicales, científicas, culturales y ambientales tendrán iniciativa legislativa para proponer reformas con el lleno de las formalidades legales.
