Se han puesto en marcha, por decreto, varios aspectos importantes de la reforma al sistema de salud de Colombia, mediante el decreto 858 del Ministerio de Salud, firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro Guillermo Jaramillo, este 1 de agosto de 2025, se ha puesto en marcha, generando múltiples dudas, riesgos y críticas desde los ámbitos económico, de la salud, jurídico y político.
Desde lo económico, el decreto genera incertidumbre y riesgo de inestabilidad financiera. Gremios empresariales como la ANDI han advertido que el decreto introduce desorden y cambios sin un análisis claro del impacto fiscal ni propuestas concretas de financiamiento, lo que podría afectar la sostenibilidad del sistema. No elimina a las EPS, reduce sus funciones tradicionales, lo que podría desestabilizar el flujo operativo y financiero del sector, al transferir la administración de recursos a la ADRES, entidad sujeta a decisiones políticas y con potencial riesgo de corrupción. En términos de salud pública, el decreto implementa un modelo centrado en la atención primaria territorial a través de los CAPS (Centros de Atención Primaria en Salud) y los equipos básicos de salud, buscando lo preventivo, predictivo y resolutivo. Están criticando la medida porque diluye responsabilidades, dificulta la identificación de responsables ante las fallas en la atención y puede afectar la libertad de elección del usuario. Preocupa que la organización del sistema se haga sin consolidar mecanismos efectivos para mejorar la calidad y accesibilidad real, ni se muestra evidencia contundente de que esta estructura tendrá mayor impacto positivo que el modelo vigente. Exministros y expertos advierten que el decreto precede la reforma mayor que está en trámite legislativo, generando un modelo fragmentado.
Desde el punto de vista jurídico, el decreto ha sido señalado por expertos como inconstitucional, se cuestiona que el presidente haya reformado aspectos estructurales del sistema de salud por decreto cuando están regulados por leyes estatutarias que requieren debate y aprobación legislativa. Algunos congresistas y expertos jurídicos señalan que el decreto viola la separación de poderes, desconociendo el papel del Congreso y además podría quedar rápidamente anulado por la justicia. La Corte Constitucional, que ha elevado la salud a derecho fundamental autónomo, establece obligaciones estatales claras que deben garantizar acceso efectivo y calidad, pero el decreto, al modificar el modelo general de aseguramiento (Ley 100 de 1993) sin respaldo legal, está bajo bandera roja. Se anunciaron demandas ante el Consejo de Estado, incluyendo de senadores opositores y precandidatos presidenciales.
El decreto está en un momento de alta polarización política, en la comisión séptima del Senado, donde se debate la reforma, la preside un senador opositor, que previamente había bloqueado una versión anterior del proyecto. La decisión del gobierno nacional ha generado acusaciones de autoritarismo y gobierno por decreto, y afecta las relaciones con el Congreso y la sociedad civil. El gobierno tiene la razón que alega corregir fallas estructurales y avanzar en la reforma mientras el debate legislativo continúa.
Lo cierto es que las EPS abusaron de la salud y el señor presidente de la República, Gustavo Petro y el ministro del ramo, Jaramillo, tienen razón en la problemática. El sistema es inviable y hay que buscarle una viabilidad económica , financiera y social. El panorama requiere consenso, seguimiento a las demandas y al proceso legislativo que complementa o contradice esta medida administrativa.
Presidentes del Senado y la Camara, presidentes de las comisiones 7ª, Sr Ministro y Sr Presidente Petro, urge un consenso, esto no puede seguir así
