Colombia se encamina hacia un escenario económico complejo en los próximos años. El país, con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita cercano a los US7.000 , una cifra propia de economías subdesarrolladas, enfrenta una difícil situación; bajo crecimiento, caída en la inversión. Por ello el próximo gobierno no tendrá margen de maniobra, deberá emprender un ajuste estructural profundo si quiere evitar una crisis fiscal y sentar las bases de un crecimiento sostenible y aprobar una nueva reforma tributaria.
El gobierno de Gustavo Petro llega a su recta final sin haber podido consolidar la transformación fiscal que prometió. Su reforma tributaria, aprobada a inicios de su mandato, tuvo un alcance limitado y se centró en gravar a las grandes empresas y sectores extractivos. Sin embargo, los ingresos adicionales no fueron suficientes para cubrir el creciente gasto público, la expansión organizacional y administrativa del gobierno.
A menos de diez meses de la segunda vuelta presidencial, el ambiente político no es favorable para una nueva reforma. La falta de mayorías en el Congreso, su modelo de excesivo gasto de funcionamiento, la polarización política y el desgaste del gobierno, hacen prácticamente imposible que cualquier ajuste estructural se apruebe en lo que resta de su administración. El país, por tanto, tendrá que esperar a un nuevo gobierno para emprender las reformas que el mercado y la estabilidad fiscal demandan.
El tamaño del ajuste que enfrentará Colombia será considerable. Con un déficit cercano al 8 % del PIB, el margen de endeudamiento es mínimo, y las agencias calificadoras han advertido sobre el riesgo de perder el grado de inversión si no se toman medidas drásticas.
El nuevo gobierno deberá seguir un camino similar al implementado por Javier Milei en Argentina; reducir el tamaño de gobierno, recortar gastos superfluos, congelar o eliminar programas ineficientes y frenar la contratación de nuevas obras públicas, al menos durante el primer año de gobierno. Esta estrategia, aunque impopular, permitirá estabilizar las cuentas fiscales y recuperar la confianza de los inversionistas.
Asimismo, es probable que se implementen medidas adicionales como la racionalización de subsidios, la modernización de la institución gubernamental y una mayor participación del sector privado en la provisión de infraestructura y servicios públicos.
La nueva reforma tributaria que deberá aprobar el próximo gobierno no será simplemente un instrumento para recaudar más. Tendrá que ser estructural, que simplifique el sistema impositivo, amplíe la base gravable, combata la evasión y fomente la inversión.
El país deberá apostar por políticas que estimulen la creación de empleo, la formalización laboral y el emprendimiento. Solo de esa manera será posible dinamizar la economía, elevar el PIB per cápita, para observar a Chile, Argentina o Costa Rica , que duplican a Colombia.
Se debe reducir la dependencia del endeudamiento externo y con un PIB per cápita de apenas US7.000, Colombia se encuentra muy por debajo de los estándares de economías emergentes exitosas. Este rezago no solo refleja un bajo nivel de productividad, sin competitividad, sino también una estructura económica estancada, dependiente del consumo interno y con poca capacidad exportadora.
La meta del nuevo gobierno debe ser clara y contundente
- Crecer por encima del 4 % anual de manera sostenida.
- Bajar el tamaño del estado agresivamente.
- Combatir la excesiva corrupción en todos los niveles territoriales
- Promover la inversión extranjera y diversificar la matriz productiva
- Mejorar la infraestructura y apostar decididamente por la educación y la innovación tecnológica.
