Tenemos hoy la grata presencia de Enrique Gómez, quien tiene el legado del inmolado líder colombiano, Álvaro Gómez Hurtado, en dialogo en Caliescribe.
Ramiro Varela: Usted ha venido agenciando ese legado político, ideológico y programático para transformar nuevamente a Colombia.¿Por qué Colombia sigue atrapada en ese régimen de complicidades del Concejo de Bogotá, de la Asamblea de Cundinamarca, del Congreso, con los empresarios, los gremios? Todo el mundo quiere sacar su partido. ¿Y por qué, indudablemente, se hace necesario, urgentemente, un acuerdo sobre lo fundamental?
Enrique Gómez: El régimen existe porque funciona. Funciona para el favorecimiento de intereses especiales, muchos de ellos como tú lo señalas— en la política, en los grandes complejos industriales y financieros. Pero también funciona para los intereses ilegales: los grupos del crimen organizado, los grupos guerrilleros, toda esa fraternidad de izquierda radical que sigue justificando la violencia y el terrorismo como vehículo de acción política. Todos ellos se favorecen del régimen, y eso se ha ido extendiendo.
Desgraciadamente, la Constitución del 91, en su diseño constitucional sobre todo en la interacción del poder judicial con el poder legislativo y el ejecutivo lejos de solucionar eso, lo vino a empeorar. Entonces, ya también un pedazo grandísimo de la rama jurisdiccional está contaminado por ese régimen. Y creo que el supuesto, las premisas y los valores que estaban detrás del “acuerdo sobre lo fundamental” se mantienen —diría yo— tristemente vigentes, porque son señal de que el país, desgraciadamente, no ha superado sus grandes problemas.
RV: Sigue siendo vigente el acuerdo fundamental que proponía y defendía Álvaro Gómez? ¿Cuáles son los ejes prácticos de ese acuerdo sobre lo fundamental?
EG: Tristemente, sigue vigente. El respeto por la vida: el país sigue teniendo cerca de 14.000 homicidios en 2024, y los va a volver a tener en 2025. La vida se desprecia y se asesina por encargo en más del 55% de los homicidios. 235 masacres en lo que va de este gobierno. Casi ochenta y nueve masacres este año. Novecientas víctimas por minas antipersona en 2024.
….El segundo aspecto era el retorno de la moral a la acción pública, a la función pública y a la vida pública. Y hoy seguimos en un país donde el centrismo moderado, ajeno a los valores relativistas, se niega a que opere el juicio moral por encima incluso del juicio o del proceso judicial, en relación con el actuar de nuestros hombres públicos. Por eso aquí nadie renuncia a nada. No importa en qué lo pillen, lo que nombran es abogados. Y esa falta de vergüenza está moliendo a la sociedad colombiana.
El tercer gran punto es la justicia. El país sigue pensando que va a alcanzar la seguridad sin justicia. Eso es una falacia. Y piensa que va a superar la corrupción sin tener una justicia fuerte, rápida, precisa y efectiva. Ese es el tercer gran acuerdo.
El cuarto acuerdo fue, tal vez, la obsesión de vida de Álvaro Gómez: el desarrollo y la planeación como elementos fundamentales para sacar al país del tercer mundo.
Y el último gran elemento que tiene hoy mucha vigencia y muchos adeptos, es el tema de la protección de la ecología, que seguimos abordando de la manera equivocada, sin pensar en el desarrollo sostenible y entregándonos a las huestes radicales.
RV: Hoy sigue siendo vigente una reforma profunda del Congreso. Presidente del Senado, presidente de la Cámara: detenidos en la cárcel. El clientelismo del que hablaba Álvaro Gómez sigue siendo el mayor problema burocrático como costo, ineficiencia, ineficacia. ¿Cómo planteas restablecer esa legitimidad democrática en el Congreso de la República?
EG: La circunscripción nacional del Senado fue un error. Hoy hay 14 departamentos sin representación en el Senado. Ese es un primer paso: volver a la circunscripción departamental del Senado, y dejar solo tal vez menos del 20% de las curules del Senado para voto de opinión, de manera que todos los departamentos de Colombia tengan representación en la Cámara Alta. Y también, para lograr reducir el costo de la política.
Las campañas nacionales obligan a los senadores a estar presentes entre 120 y 180 municipios, y es de ahí donde surge esa necesidad incontrolable de apoderarse de los dineros públicos para renovar las credenciales.
Creo que hay que eliminar las listas abiertas….. Fue un error del Acto Legislativo 01 de 2005. Rompió la estructura de los partidos y promovió, aún más si cabe, los cacicazgos de las empresas políticas familiares.
Importantísimo, es reducir el tamaño de las circunscripciones. Ser representante a la Cámara por el Valle del Cauca, por Cundinamarca, por Bogotá, por Antioquia implica esfuerzos económicos, logísticos y políticos monumentales. Y ahí, de nuevo, surge un estímulo eficaz para la corrupción.
Creo que hay que tener circunscripciones subregionales ( provincias ) en todos los departamentos del país, y poder garantizar que haya una ronda final de elección donde haya solo dualidad de candidatos, como en los sistemas unipersonales, ya sea con una primera vuelta parlamentaria o con procesos y mecanismos de selección interpartidista.
Esos son algunos aspectos de reforma política que creo que son muy, muy urgentes. Y obviamente, romper la estructura de la Constitución del 91, en la cual le entregamos demasiado poder al Congreso en la conformación de las altas cortes.
RV: Crece el caos político día a día, semana a semana, pero también crece la pérdida institucional del país, que afecta la economía y la seguridad. ¿Cuál es el primer paso que usted haría como presidente de la República para restaurar esa autoridad del Estado y ese Estado de Derecho?
EG: Indudablemente tenemos que enfrentar el tema de la erradicación, con el mar de coca que está inundando el país, y el aumento de la productividad por hectárea. Es inevitable volver a un esfuerzo masivo de erradicación aérea.
Es importantísimo recuperar la capacidad ofensiva de la fuerza pública, modificando los protocolos de derecho operacional. Lo que todos conocemos: restablecer la capacidad de transporte y de ataque aéreo de nuestra Fuerza Aérea y de la Aviación del Ejército, que han sido desmanteladas por este gobierno.
Hay un megaproyecto de incorporación. Tenemos un déficit cercano a los 60.000 efectivos en las fuerzas públicas y de policía. Y obviamente, cambiar la doctrina de guerra que se impuso en el gobierno de Santos. En el marco de la paz total se adoptó una doctrina que despreció lo que habíamos construido aquí en la lucha anterior, durante casi 40 años de esfuerzo.
Hay que volver a replantearnos, teórica y prácticamente, los objetivos de las fuerzas militares y de policía en este combate, no solo contra las guerrillas —que hoy han resurgido y son más fuertes que antes—, sino también contra grandes grupos criminales que controlan el territorio. Si no se controla el territorio, no vuelve la seguridad ni la paz.
RV: Hace 55 años, Álvaro Gómez propuso el desarrollismo, que tenía muchas aristas, entre ellas el Estado empresario, no tan intervencionista—. ¿Cómo garantiza usted, como futuro Presidente de la República, la inversión privada y, ante todo, ese Estado emprendedor en negocios que en el mundo entero está funcionando…
EG: : Lo ahogamos. Lo ahogamos con exceso de Estado. Hay que reducir el tamaño del Estado, en términos de la cantidad de recursos que consume.
Recordemos que, en los últimos 12 años, el presupuesto nacional se ha duplicado (o más) , con el financiamiento obviamente de los impuestos de los ciudadanos. El Estado compite por recursos valiosos con el sector productivo. Y ahora, en este último gobierno, ha destruido la capacidad de ahorro del sector privado, reflejada —obviamente— en los fondos de pensiones privadas que financiaron gran parte del escaso desarrollo de los últimos 20 años.
Menos Estado, flexibilización laboral, competitividad en todas sus formas: educación, infraestructura logística, energía barata. Y creo que es fundamental volver a redorar el prestigio del Estado en la actividad empresarial.
Este es un Estado que odia a los empresarios: los ahoga, los desprecia, abusa de ellos. No deja trabajar a la gente, no la deja buscar ingresos. Y yo creo que eso va en contravía, además, del espíritu colombiano. El espíritu del rebusque es el mismo espíritu del microempresario, del miniempresario, del gran empresario, y ese espíritu se enfrenta todos los días a la cortela, a los trámites, al estorbo que es nuestro Estado. Que en lo indispensable —como la seguridad, la justicia o la seguridad social— no aparece, y en lo que nadie lo ha llamado, sí aparece para sobornar y chantajear todas las actividades del sector privado.
Creo que la fórmula de ese desarrollismo es reducir drásticamente —casi un 30%— el tamaño del Estado. Con lo cual, además, logramos reducir el endeudamiento público. Y al reducir el endeudamiento público se transforma la dinámica de la economía: se reduce la inflación, bajan las tasas de interés y se reactiva la economía.
RV: Colombia, un país con profundas brechas sociales. Los pobres no tienen derecho a calidad educativa. Estamos hablando de estratos 1, 2, 3 y 4, que representan más o menos el 89% de la población. Álvaro Gómez sostenía que la igualdad debe partir de oportunidades. ¿Cómo lograrlo?
EG: Acabar con el monopolio sindical de FECODE. Los niños de Colombia no tienen derechos porque se los quitó la Federación Colombiana de Educadores. El 80% de los educandos de Colombia están en la red pública, en niveles básicos e intermedios.
El 80% de esos muchachos no pasa a Saber 11. Y no pasa a Saber 11 de acuerdo con la encuesta del Ministerio de Educación, con baja capacidad lectora y odio a las matemáticas. Leen y no entienden lo que leen, y no saben ni entienden ni les gustan las matemáticas.
Hay que decirlo y lo he afirmado en todos los espacios—: estamos educando a analfabetas funcionales. Analfabetas que, además, creen que por haber cursado con algún esfuerzo los once grados de la educación, ya saben y ya tienen las capacidades. E incluso reclaman y demandan cupos universitarios. Y lo que hemos visto es que esos mismos muchachos fracasan estrepitosamente cuando, con el costo enorme de la universidad pública, se les regalan las matrículas, porque no logran progresar.
Si no rompemos el monopolio de la educación que tiene FECODE —que es el único que negocia la convención con el Ministerio— no va a haber transformación.
Hemos propuesto la creación de un sindicato de educadores por la calidad en la red pública, precisamente para crear una federación que introduzca sus aspectos en la convención, permita la renovación de todos los maestros viejos con doble asignación, que no entregan las plazas y, obviamente, volver a exigir de quienes educan a nuestros hijos la condición de pedagogos. Esa exigencia fue eliminada en gobiernos pasados, en particular en el de Juan Manuel Santos, para entregarle esas plazas de los sistemas de educación territoriales a la clase política.
RV: Cuando Colombia despuntaba antes de la apertura económica, el sector agropecuario tenía mayor peso en el país, excepto el café. Colombia no sigue desarrollándose en su gran fortaleza agrícola. Enrique, Álvaro Gómez defendía al campesino y al sector agropecuario. ¿Qué haría usted en el ejercicio del liderazgo nacional?
EG: No solo no hemos ampliado el número de hectáreas cultivables, sino que se han reducido. Tenemos muchísimas hectáreas de buenos suelos, incluso suelos servidos de servicios públicos, vías, distritos de riego— que no se explotan. El volumen de habitantes en el campo con vocación agropecuaria disminuye todos los años. Una de las razones es el fracaso del Ministerio de Agricultura, entregado a la clase política como pasto para la corrupción. Y la burocracia es monumental.
Hoy necesitamos trabajar en dos frentes. Uno, entender que solo nos sirve una agricultura con alto nivel de tecnología, economía a escala industrial y mercados claros. La crisis del arroz es un ejemplo claro. El consumo de arroz en el país baja todos los años desde hace diez años, pero las hectáreas sembradas aumentan. El Ministerio de Agricultura no brinda ningún tipo de orientación, ni un mercado de futuros sobre la demanda de arroz local. En el mundo entero hay escasez de arroz, y en Colombia sobra. No existe la capacidad ni la movilidad para cambiar la oferta y el uso de suelos dedicados a un monocultivo como el arroz.
En su premisa, hemos visto el surgimiento de nuevas oportunidades: obviamente el aguacate —que ya muchos conocen—, el limón Tahití….Hemos visto que en los cultivos arbóreos permanentes, en las frutas de ciclo transitorio, hay nuevas oportunidades. Pero no existen primero que todo las condiciones esenciales de seguridad en el campo, reglas claras y financiamiento garantizado.
Y lo otro: el mercado de futuros, el control satelital de las áreas de siembra, no ofrece información transparente. Nuestros agricultores siguen sembrando de acuerdo a lo que sembró el vecino en la pasada cosecha, lo cual siempre es un criterio equivocado para decidir qué cultivar.
RV: Bogotá, Cali, Cundinamarca, el Valle del Cauca, Colombia… no saben qué va a pasar en cinco o diez años. No existe planeación de largo plazo, y en eso fue, digámoslo así, revolucionario, visionario, Álvaro Gómez en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué plantea usted?
EG: Tenemos dos tipos de problemas. A veces tenemos planes… y no les paramos bolas. Le voy a poner un ejemplo en un tema crítico para la competitividad nacional,es decir, para todas las regiones del país, no importa lo que hagan—: el programa de pasos, vías, pasos y accesos municipales.
Hay 125 puntos críticos de desarrollo de infraestructura que podrían reducir en cientos de miles de millones de pesos los costos del transporte interno del país, que en muchas ocasiones son más caros que los trayectos externos de nuestra oferta exportable o de los bienes que importamos. Sin embargo, ningún gobierno quiere mirar eso, porque son obras difíciles de acometer y hay que dedicar recursos a la construcción de infraestructura.
Ahí hay un plan, bueno, malo, regular, pero nadie lo acoge, nadie lo mira, nadie lo entiende. Y por otro lado, como usted bien lo dice, hay un vacío en la función de planeación.
El DNP, que Álvaro Gómez logró elevar a categoría de Departamento Administrativo Especial, único en su naturaleza, se volvió un “contratadero”. Y el FONADE se volvió la justificación para entregarle esa entidad , que tuvo momentos buenos, con gran nivel técnico, donde muchos grandes economistas y planificadores del país se formaron— a la manipulación contractual. Hoy está untada hasta el cogote en el escándalo de los OCAD y de los OCAD Paz. Obviamente, quedó ajena a esa función de planeación. La convocatoria del Consejo Nacional de Planeación, que debiera generar esos planes a nivel de nuestros departamentos, tampoco se cumple.
Reconozco que, al final del gobierno —después de que ya se habían robado todo, se eliminaron los 1.103 OCAD que venían de la administración Santos, y se redujo eso a un número menor de OCAD macroregionales. Han trabajado con ese concepto de generar planes de desarrollo regional atendiendo las necesidades básicas, pero no hemos visto en la práctica ninguno de sus ejecutorios.
RV: Haber sacado adelante el acto legislativo, reforma constitucional, de la elección popular de alcaldes, y luego en la Constituyente la de gobernadores, fue indudablemente un gran paso. Pero se inundó excesivamente Colombia de corrupción. Yo diría, en términos generales, que se invierte solo el 50% de lo que pagan los ciudadanos en sus impuestos. ¿Qué propone frente a esa descentralización, pero controlando esa excesiva corrupción?
EG: Sin duda ese legado es de Álvaro Gómez. Recuérdelo como inspirador del Acto Legislativo de 1986, que creó la elección popular de alcaldes. Pues hoy él estaría llorando de ver cómo evolucionó la descentralización política y administrativa, que en filosofía política —en concepto— era muy positiva: buscaba empoderar a las comunidades locales en la definición no solo de su administración, sino de su futuro.
Desgraciadamente, nuestra clase política, ese régimen de concupiscencias, de complicidades, de vagabunderías— ha creado una institucionalidad local, territorial, a nivel municipal y departamental, enteramente desprovista de ética y de moral. No hay alcalde pobre, ni gobernador pobre en este país. Aquí todos salen con los bolsillos llenos.
Los concejos municipales y las asambleas departamentales son herramientas de control vacío. Las contralorías departamentales hay que eliminarlas todas.
Yo considero que la transición a unos sistemas de administración más profesionales pasa, primero, por recuperar el servicio civil. Creo que la tasa de provisionalidad, informalidad y falta de capacidad de los secretarios municipales es la principal explicación para el bajo desarrollo, la mala ejecución de los presupuestos y, obviamente, la baja capacidad rentística de la gran mayoría de los municipios. Creo que hay que eliminar muchísimos municipios que fueron creados por intereses politiqueros. Hoy día, en las categorías 4, 5 y 6 de alcance fiscal de los municipios, me atrevo a decir con tranquilidad que sobran 200 o 250 municipios que deben ser fusionados en estructuras anteriores.
Lo mismo con las ESEs municipales, que son las entidades de atención de salud básicas. Tenemos, en este momento, 900 que no son sino un recurtidero de burocracia, que no mejora ni presta ninguna clase de garantía de atención de salud básica en ningún municipio del país. Recuerden que hoy nadie nace en el municipio donde vive, porque las ESEs municipales solo sirven para proveer de burocracia a la alcaldía.
RV: Álvaro Gómez, en la Constituyente, fue uno de los líderes en la búsqueda normativa de la protección del medio ambiente. Misael Pastrana lo fue en la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales. ¿Cómo balancear, equilibrar el desarrollo económico, ¿la justicia social y la sostenibilidad?
EG: Colombia tuvo grandes logros regulatorios y muy pocas ejecuciones, como nos pasa en casi todos los escenarios. Creamos instituciones poderosas, como la Ley 99 para el uso del agua y las tasas contributivas. Obviamente, creamos varias zonas importantes de protección ambiental con nuestros parques nacionales, que nos hacen —digamos— un país líder en esos aspectos.
Pero en la praxis, el país sigue sin entender las necesidades y el concepto del desarrollo sostenible. Y le hemos entregado las instituciones de vigilancia y de control, por un lado, a los politiqueros y, por otro, a lo que yo llamo la casta de los consultores, casi todos de izquierda marxista
Hoy el derecho ambiental y el ordenamiento territorial son el plano de batalla principal de la lucha del marxismo radical para destruir a la sociedad colombiana.
No solo por las áreas de protección de producción agropecuaria, las zonas de reserva campesina para entregárselas a las guerrillas, sino que ahora tenemos nuevas instituciones que avalan el deseo de ciertas comunidades de limitar el uso del suelo y destruir la productividad.
Yo creo que la simbiosis debe darse confiando en el sector privado y eliminando el licenciamiento previo en cabeza de las corporaciones autónomas y de la ANLA, que lo único que hacen es generar corrupción, lentitud, ineficacia y falta de transparencia en nuestros proyectos de infraestructura, proyectos mineros, proyectos petroleros. Y que ahora van tras la gran agricultura para destruirla.
Y la razón, para destruir la gran agricultura colombiana, es porque los mejores salarios y los mejores ingresos del país se dan precisamente en esos grandes monocultivos: arroz, plátano, café, azúcar… son las empresas de palma africana, son las empresas que mejoran el empleo general en el campo. Y por eso, la izquierda radical, que hoy está en el poder, quiere destruirlas.
RV: El debate de la salud pública en Colombia se ha desvirtuado por muchas razones. Pero lo cierto es que el robo de las EPS y de las IPS, no todas, pero muchas, ha sido gigante. Eso creó un volumen de EPS y también de clínicas de garaje. ¿Cómo mejorar la salud pública y cómo ser eficiente en este aspecto para poder atender la salud de los colombianos?
Enrique Gómez: La interacción entre lo público y lo privado es indispensable. No solo porque la prestación de servicios de salud en la red pública hospitales de nivel 1, 2 y 3 es la más costosa, la menos eficiente en términos de rotación cama por paciente, y obviamente es pasto de la enorme corrupción. No hay político poderoso en Colombia que no controle 5, 6, 10, 15 hospitales a nivel nacional. Los controlan para robárselos todos, para malpagar a sus médicos y, obviamente, desconocer muchísimas prestaciones sociales de los empleados de la red pública.
Nosotros sí logramos una transición importante y lo que tú mencionabas es cierto. La transición tuvo beneficios y tuvo costos. Uno de los costos grandes fue el diseño de los esquemas de control de costos.
Las EPS, con su función de aseguramiento, de análisis actuarial y de evaluación de la prestación de servicios de salud a nivel epidemiológico, han sido determinantes para que Colombia tenga uno de los menores costos per cápita en atención de salud, con un amplio nivel resolutivo, con el estado del arte tecnológico en casi todos los lugares del país, y con el menor costo de bolsillo del hemisferio occidental.
Ese logro es un logro de la combinación entre la articulación de un sector asegurador que controlaba el costo médico y la siniestralidad, y un sector prestador que tuvo y tiene obviamente EPS que no son de muy buena calidad, pero también logró atraer enormes cantidades de inversión, de calidad y de talento humano.
Y nos permitió, hoy, tener en muchísimas ciudades no solo en las capitales— servicios de salud avanzados. Cuando éramos jóvenes, uno aquí se enfermaba del corazón y había que ir a Bogotá, y de pronto podía operarse en Medellín. Hoy no hay una capital de Colombia que no tenga un buen servicio de angiografía para la atención de la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte del país. Eso es una transformación gigante.
La esencia de la crisis del sector salud está en su éxito. Nadie habla de eso. Los enemigos del sector no hablan de eso. ¿Por qué? Porque el aumento de la expectativa de vida, lograda con el aumento de la tasa de cobertura y la baja incidencia en las causas de mortalidad, hizo envejecer rápidamente a la población colombiana. Logramos en 20 años, en Colombia, lo que en Estados Unidos se tardaron 60 años: la expectativa de vida.
¿Y qué pasa con una expectativa de vida mayor en una población que no se ha cuidado a lo largo de su vida? Pues tiene muchas patologías de la tercera edad. Y ese sobrecosto lo tenemos que abordar de la manera más digna: con una transformación en los sistemas de financiamiento.
Hay demasiado colado en el subsidio. Y hay que reducir los costos. ¿Cómo reducimos los costos? Eliminemos intermediarios: gestores de salud, intermediarios en la prestación de servicios e intermediarios en el aseguramiento.
Y mire: quitémosle al Fondo del Magisterio, que es el que más UPC tiene —140% más que el resto de los mortales aquí en Colombia. El Fondo del Magisterio es el que atiende a los maestros del país y tiene los peores indicadores de salud del país, incluyendo las EPS indígenas, que son las peores del sistema.
Cuando Petro habla de la falta de salud en regiones marginales del país, habla de las poblaciones aseguradas por las EPS indígenas principalmente, y del FOMAG. Y curiosamente, ahí siguen esas EPS, donde se roban la plata de la UPC. Y ahí sigue el FOMAG, con sus macrocontratos, para satisfacer a los políticos y a los sindicatos.
RV: Uno de los problemas, que se ve diariamente, es el costo de vida. Y ese costo de vida está afectado permanentemente por el altísimo costo de los peajes. Ir, por ejemplo, de Cali a Bogotá por tierra es excesivamente costoso para dos personas. Lo mismo Cali y Medellín, por decir dos trayectos. Se han robado las concesiones viales.
Los gremios, Cámara Colombiana de Infraestructura, no hacen sino empujar concesiones válidas. Y eso es importante para el desarrollo de la competitividad de la infraestructura colombiana. Sin embargo, hay concesionarios —muchos— en la cárcel. Eso ha sido una fiesta de billones de pesos. ¿Qué hacer desde este punto de vista?
EG: : Yo creo que el proceso de aprendizaje en el esquema de concesión en el país ha representado un aprendizaje costoso. Recordemos que llevamos ya 5 generaciones contractuales diferentes. Creo que ha habido casos de éxito, casos regulares, casos muy malos, en donde los recursos no se vieron y se perdieron.
Sobre los costos excesivos de las tarifas, creo que el costo del financiamiento de largo plazo tiene dos etapas: la construcción y, finalmente, cuando se ha completado parte o la totalidad de los hitos o unidades funcionales de un esquema de concesión, se hace un tránsito a un financiamiento de largo plazo.
Creo que las tasas que termina pagando la sociedad colombiana son excesivas. Creo que la demora en construir muchísimas de estas infraestructuras a pesar de que, en muchos casos, ya tienen la asignación de recaudo parcial de los peajes, le cuesta a toda la economía, le cuesta a los ciudadanos.
Y creo que, en eso, el régimen de concesiones tiene que cambiar y transformarse. Porque el no disponer del servicio, o cuando se entregan los hitos funcionales y el servicio es de mala calidad, hace que el problema sea peor. No es solo que el valor nominal del peaje por kilómetro por eje sea alto, sino que la calidad del servicio es mala. Entonces se suma el hambre con las ganas de comer en ese escenario.
Lo otro, que es muy importante: en la mayoría de los países del mundo, el régimen de concesiones se hace con vías nuevas, alternas a las rutas nacionales —que se mantienen siempre— con peaje. Porque el peaje está enfocado al mantenimiento de la infraestructura, y debe existir.
No se puede hablar de un universo de infraestructura vial sin que los usuarios reales sufraguen, por lo menos, el costo de su mantenimiento. Porque habría una ruptura del principio de redistribución y equidad fiscal: quien no usa una vía, no tiene por qué pagar por ella.
Entonces, creo que hay cambios. Creo que ha habido —como te digo— virtudes en esa asociación entre lo público y lo privado. Ha habido situaciones también muy malas.
Creo que los sobrecostos ambientales y sociales, asociados al mal uso, al abuso, al chantaje en las consultas populares, y los sobrecostos del licenciamiento ambiental, han dificultado el desarrollo dinámico de muchos de estos proyectos.
Y creo que muchos banqueros están poniendo vías, lo cual no es un buen mensaje, porque se recortan especificaciones. Lo vemos en muchísimas vías del país: se hace para maximizar el retorno financiero, y se ignoran a veces inequidades sustanciales en las tarifas que pagan los usuarios. Hay mucho por hacer, sin despreciar lo que se ha logrado. Y creo que hay que empezar a pensar en la alternatividad: “Si quieres tener una concesión, hazme la vía nueva y déjame la ruta nacional, para que el usuario tenga la opción”
O uso una vía más rápida, más moderna, con mis especificaciones y pago el precio, o acudo a la vía tradicional y al servicio público básico que debe estar trabajando en las rutas nacionales. Nuevas rutas nacionales por concesión es parte de la solución.
RV: Finalmente, ¿cómo asegura usted que Salvación Nacional no sea solo un eco del pasado, sino un proyecto con ruta viable y moderna para la Colombia del futuro? De cara al próximo año, de cara al 2026.
Enrique Gómez: Es innegable la necesidad de renovación en la política, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, a nivel nacional y local. Esa premisa es la que nos ha guiado a quienes hemos hecho el esfuerzo de Salvación Nacional, alegando que debemos volver a una política de ideas, de programas, de transparencia política y de compromiso ético y moral con el bien común.
Estamos convencidos, además, de que una agenda conservadora de derecha es la reducción del tamaño del Estado, en donde ese Estado deje de ser enemigo del emprendedor, enemigo del ciudadano, y vuelva a ser un sirviente verdadero de la sociedad. Es una visión importante y cardinal, donde la recuperación del orden público, la seguridad y la reforma a la justicia sean prioridades para acabar con la violencia y la corrupción.
Creemos que nuestra oferta, en los términos en los que lo estamos haciendo… creemos en el péndulo. Vemos a la juventud rechazando el socialismo, rechazando las falacias y mentiras del populismo de izquierda en el país, y no queremos tampoco que ese populismo que nos gobierna de izquierda. nos traiga populismos ni de derecha ni de izquierda.
Creemos en la política seria, real, con lenguaje, con respuesta, con visión y con compromiso hacia el bien común.
¿Un mensaje final a los colombianos?
Enrique Gómez
Invitar a los colombianos a no abandonar la política. No podemos cambiar la política si nos da asco la política, si la dejamos en manos de los politiqueros profesionales. Y en 2026 tenemos un reto gigante, gigante en el sentido de salir a votar al Congreso por los mejores nombres.
El Congreso ha tocado fondo en la calidad de sus integrantes, como tú lo decías al inicio en la primera pregunta, en la falta completa de derroteros morales. Hay que renovar el Congreso.
Salvación Nacional aspira y espera presentar una lista de grandes colombianos, y hay que apoyarlas en el Senado y en las cámaras donde estemos. Pero lo más importante es reservar esos domingos de 2026 para un buen Congreso, pero también para un buen Presidente.
Y hay que reservar, no solo para salir y hacerle el favor a la democracia y votar: estamos invitando a todos los que nos escuchan… si te preocupa la democracia, hazte testigo, o pídele a tu partido político que te inscriba como ciudadano.
…..Sabemos que debe haber alternancia. La izquierda radical de Gustavo Petro y el Pacto Histórico tienen que salir del poder, y no podemos permitir que nos roben las elecciones.
El movimiento Salvación Nacional nació como un movimiento suprapartidista. Creemos que nuestras ideas son buenas, han traído desarrollo y progreso —cuando las han querido implementar, así sea a medias.
Creemos en la reducción de los impuestos, la reducción del Estado, porque no hay un Estado comprometido a fondo con la seguridad, con la justicia, con la seguridad jurídica y el control del territorio.
Esas ideas son para los confrontadores, y son para las personas que se aburrieron de falsas utopías y de mentiras por parte de unos gobiernos —no solo Petro, sino todos esos gobiernos anteriores— que crearon un Estado de bienestar que no ha combatido la pobreza y nos ha llenado de impuestos, de nóminas paralelas y de políticos corruptos.
Muchas gracias.
