La población campesina en Colombia, que representa casi un tercio de los hogares del país, continúa enfrentando profundas desigualdades estructurales que comprometen su bienestar y desarrollo. Así lo revela la más reciente Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) de 2024, divulgada esta semana por el Dane, que pone en evidencia la precariedad de los ingresos y la baja calidad del empleo que caracteriza a este sector.
Según los datos del Dane, el 63,5% de los jefes de hogar campesinos o sus cónyuges se consideran pobres, y la insatisfacción con el ingreso es la más alta entre las dimensiones de bienestar evaluadas, con una calificación promedio de apenas 6,5 sobre 10. Esta situación afecta a más de 16 millones de personas, distribuidas en 5,4 millones de hogares donde al menos, una persona mayor de 15 años se identifica como campesina.
La encuesta, que incluyó una muestra de 85.387 hogares (de los cuales 45.286 son campesinos), confirma que la pobreza sigue siendo alarmante. En las zonas rurales, el 67,9% de los jefes de hogar o sus cónyuges se consideran pobres, mientras que en cabeceras urbanas la cifra alcanza el 56%. Solo en departamentos como Meta, Risaralda y Boyacá este indicador baja del 40%, pero en Chocó y Sucre supera el 85%.
El tipo de afiliación al sistema de salud es un indicador indirecto de la calidad del empleo: el 81,9% de los campesinos está afiliado al régimen subsidiado, lo que implica informalidad laboral o ingresos insuficientes para cotizar al régimen contributivo. Solo el 18% está cubierto por el sistema contributivo, porcentaje que disminuye aún más en la mayoría de departamentos rurales, con excepción de Bogotá y Cundinamarca.
La satisfacción con el trabajo o actividad que realizan los campesinos también refleja esta precariedad, con una calificación promedio de 7,2, apenas superior a la de 2023 (7,1) pero aún por debajo de otras dimensiones como salud (7,9), seguridad (7,8) y tiempo libre (7,6).
El rezago educativo agrava la situación: solo el 32,9% de los jóvenes campesinos entre 17 y 21 años asiste a una institución de educación formal, una caída respecto a 2023 (34,7%). En el grupo de 15 a 16 años, la cobertura es mayor (81,9%), pero la transición hacia la educación superior es truncada. En departamentos como Vichada, Putumayo y Arauca, menos del 36% de los jóvenes campesinos entre 17 y 21 años estudian, mientras que solo en Amazonas y Boyacá se superan los niveles del 60%.
La precariedad de los ingresos y la informalidad laboral se traducen en condiciones de vida limitadas. Solo el 46,1% de los hogares campesinos tiene acceso a internet, cifra que en zonas rurales se reduce al 40,5% y no muestra mejoría frente al año anterior. En departamentos como Meta, el acceso supera el 79%, pero en Vichada, La Guajira y Chocó cae por debajo del 20%.
En cuanto a servicios básicos, el 97,7% de los hogares tiene energía eléctrica, pero apenas el 38,2% cuenta con alcantarillado y solo el 36% dispone de gas natural. En zonas rurales, estos porcentajes son aún más bajos y el 11% de los hogares campesinos carece de cualquier tipo de servicio sanitario.
La tenencia de vivienda también muestra retrocesos: el 42,4% de los hogares campesinos es propietario, proporción que ha disminuido frente a 2023, mientras que los “ocupantes de hecho” (sin título legal) ya representan el 7,5% del total.
El 40,1% de los hogares campesinos tiene una mujer como jefa de hogar, con mayor presencia en cabeceras (46,5%) que en zonas rurales (36,4%). Si bien este dato refleja un avance en la visibilidad del rol femenino en el campo, también puede interpretarse como una señal de vulnerabilidad, ya que los hogares encabezados por mujeres suelen tener menores ingresos y mayores cargas domésticas, especialmente cuando el acceso a servicios es limitado.
A pesar de las dificultades económicas, la población campesina reporta altos niveles de satisfacción con su vida en general, con una calificación promedio de 8,1 puntos. Este dato evidencia una fuerte resiliencia, posiblemente anclada en valores de comunidad, arraigo territorial y cultura de trabajo. Sin embargo, la baja calificación del ingreso (6,5) recuerda que la estabilidad emocional no compensa la falta de oportunidades concretas para mejorar las condiciones materiales de vida.
