No obstante que de acuerdo con la Constitución de 1991, Colombia se constituyó como un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus unidades territoriales, democrática, participativa y pluralista; fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y de la prevalencia del interés general; no ha sido posible lograr que tales principios se materialicen en procesos reales y concretos con el fin de cumplir con los fines esenciales del Estado ligados con el bienestar y prosperidad general, además de garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y a definir el futuro del país desde el punto de vista económico, político y social y su verdadera independencia nacional frente a la acción rapaz de los monopolios nacionales y extranjeros que se apropian de nuestras riquezas naturales y sociales sin que haya un mayor control por parte de las autoridades del Estado.
En este caso, antes que defender a ultranza la actual Constitución Política que por lo demás ha sido objeto de mas de 59 reformas y contrarreformas, sin que con ello se hayan solucionado los problemas del país, se impone el deber político y moral de exigir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa encargada de aprobar una Constitución real que pueda ser utilizada como un medio eficaz para construir una nueva realidad económica, política y social, desligada de la vieja y desueta sociedad capitalista sumergida en una especie de letargo, mediatizado por la demagogia, el populismo y el reformismo, encarnados en la política del régimen, tendiente a apaciguar los ánimos de las clases y grupos sociales que son objeto de la explotación económica en el trabajo, la discriminación social y de género y la exclusión política de los derechos de los ciudadanos a intervenir en la dirección, administración y control de los asuntos del Estado y de la sociedad, que por lo demás presupone la necesidad de perfeccionar los métodos y procedimientos democráticos de escogencia de los gobernantes y su obligación de rendir cuentas a sus electores sobre el manejo eficiente de los recursos públicos y en general de resolver los problemas que los aquejan, fomentando para ello la paz y fortaleciendo permanentemente la democracia participativa y decisoria.
En el campo de la vida cultural y espiritual la democracia debe garantizar la libertad de acción de los ciudadanos eliminando las causas que generan la discriminación social y política. Para todo lo cual será necesario crear las condiciones económicas, políticas, sociales, ambientales, administrativas, etc., con el fin de lograr la conjugación armónica y racional de los intereses individuales y sociales de todo el pueblo o por lo menos de su mayoría, conjuntamente con el respeto de los derechos de las minorías, en la seguridad de que por este camino se podrá avanzar en la construcción de una nueva sociedad.
Desde la Veeduría que representamos invitamos a todos los ciudadanos a reflexionar sobre esta alternativa política y jurídica de paz, que va más allá de las ideas y propósitos del actual gobierno del presidente Petro, en tanto que lo que se busca es conseguir que los colombianos se apersonen de los problemas que tiene el país y de sus posibles soluciones y por tanto profundicen en el contenido mismo de los fenómenos y factores que influyen negativamente en nuestra sociedad y en la forma de pensar y actuar de los ciudadanos, con el fin de formarse una nueva visión de nuestra realidad social, independientemente de sí la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente es planteada por el presidente Petro y su equipo de gobierno.
Desde las columnas que hemos escrito en la revista caliescribe.com, como en el libro de nuestra autoría titulado Realidades y Apariencias del Acontecer Histórico y en programas de televisión, propusimos la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, teniendo en cuenta las circunstancias por las que atraviesa el pueblo colombiano hace varias décadas y de la voluntad general de reformar la Constitución actual.
