En vísperas de las movilizaciones del primero de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro anunció que radicará en el Senado las doce preguntas para una Consulta Popular sobre los derechos laborales.
La respuesta del presidente del Congreso, el senador conservador Efrain Cepeda ha sido bastante regresiva. Por esta razón, es pertinente que la ciudadanía haga memoria sobre la manera en que actuaron los gobiernos conservadores de Marco Fidel Suárez y Miguel Abadía Mendéz durante las masacres de los sastres y las bananeras, respectivamente. Solo así se comprenderán mejor los antecedentes de la tradición que algunos dirigentes conservadores, como el honorable parlamentario Cepeda, pretenden perpetuar, una tradición basada en el irrespeto de la vida y la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores en Colombia.
Era una tarde lluviosa del domingo 16 de marzo de 1919 cuando los sastres de Bogotá decidieron manifestarse. Al concentrarse en la Plaza de Bolívar estuvieron acompañados por trabajadores, artesanos y transeúntes que se sumaron al escuchar las arengas, su destino era el Palacio de Gobierno, que en ese momento estaba ocupado por el presidente conservador Marco Fidel Suárez en plena hegemonía conservadora (1885 y 1930). Exigían que el gobierno desistiera de contratar con una empresa estadounidense la confección de las prendas de uso privativo de la fuerza pública y que garantizará, en su lugar, contratar la mano de obra nacional. Además, demandaban la jornada laboral de ocho horas, el descanso dominical remunerado y mejores condiciones laborales para toda la clase obrera.
Dos días antes, el gobierno conservador de Suárez ya había criminalizado la legítima protesta.
El 14 de marzo de 1919, el Ministerio de Gobierno emitió una circular en la que señalaba el inminente “peligro del bolshevikismo (bolchevismo) o la anarquía” que, según el régimen, podría derivarse de la convocatoria a la manifestación. La disposición era clara: “El Gobierno no tendría disculpa si oportunamente no tomara medidas para reprimirlos”. Una vez en el palacio de gobierno, el fervor popular fue reprimido de manera desproporcionada. Según registró el periódico El Tiempo en su edición del lunes 17 de marzo de 1919: “Entonces fue sacada del portón de Palacio una ametralladora que allí estaba lista y apuntaba contra la multitud, en dirección a la plaza de Bolivar”. En principio se trató de intimidar a los manifestantes que estaban desarmados, al cabo de los minutos se dio paso al derramamiento de sangre obrera, generado por las armas en manos de los militares, consumando la masacre de los sastres.
La represión estatal se prolongó hasta entrada la noche, en medio de la oscuridad provocada por una sospechosa interrupción del suministro eléctrico. El trágico saldo fue el asesinato de Rafael Mora (sastre), los artesanos Juan C. Orjuela y José Chávez, además de Domingo Garzón, Nepomuceno Velásquez, Jorge Enrique Vargas, Tiburcio Campos, Orosia Rojas y Rafael Higuera, un joven de apenas 15 años. También se registraron decenas de heridos y un centenar de detenidos, entre ellos el director de La Gaceta Republicana, Manrique Páramo. No obstante, como relata el dirigente obrero Ignacio Torres Giraldo en Los inconformes, “este crimen oficial fue reducido por la propaganda, al punto que se habló solo de un muerto, el obrero Chávez, y de unos pocos heridos y contusos”.
Lejos de reconocer la gravedad de los hechos, ese mismo día el presidente Suárez decretó: “prohibir las reuniones públicas en las calles y plazas”, facultando el uso de la fuerza para disolver toda reunión. Esta medida fue idéntica a la que se promulgó nueve años después, la ley 69 de 1928. En esa que fue denominada por sus defensores como la “ley heroica”, se estableció, “artículo 1o: constituyese delito agruparse, reunirse o asociarse bajo cualquier denominación”.
Esta disposición legal aprobada en el gobierno conservador de Miguel Abadía Mendéz, se constituirá en el preludio de un nuevo derramamiento de sangre obrera. El 6 de diciembre de 1928, en Ciénaga al igual que en la Plaza de Bolívar, los fusiles en manos de los militares acribillaron a los trabajadores en huelga. Exigían contratos laborales directos, remuneraciones justas, descanso dominical remunerado y protección frente a accidentes de trabajo.
Aunque la masacre de las bananeras permanece más viva en la memoria colectiva —gracias en parte a la mención literaria que hizo el nobel colombiano Gabriel García Márquez en Cien años de soledad—, el Estado nunca permitió esclarecer la verdadera magnitud de la tragedia. En ambas masacres imperó la impunidad. En el caso de las bananeras, el abogado Jorge Eliécer Gaitán, desde su curul en la Cámara de Representantes, luchó por la verdad y la justicia. Sin embargo, la violencia del establecimiento también terminó silenciándolo para impedir su probable triunfo presidencial.
Un siglo después de la masacre de los sastres, el senador conservador Efrain Cepeda, se empeña en mantener a la clase trabajadora en la ignominia. Aunque dice sentirse irrespetado, no da muestra de respeto por los derechos laborales. Al igual que los presidentes conservadores Suárez y Abadía, considera desproporcionadas e injustificadas las demandas obreras. No se mueve un ápice de su defensa de los interés de los dueños del capital y del establecimiento, y por eso se opone al contenido de la Consulta Popular. Su comportamiento refleja el mismo espíritu que guió a los gobiernos conservadores de 1919 y 1928, que respondieron con masacres a las justas exigencias de la clase trabajadora.
El Primero de Mayo será una nueva oportunidad para reivindicar este legado de lucha, así como para comprender que la Consulta Popular encarna la continuación de un acumulado histórico de las luchas obreras y populares en Colombia.
