La rendición de cuentas del alcalde Eder se convirtió en un verdadero show en donde varios de los secretarios del despacho se dedicaron a explicar ante un precario auditorio algunas de las medidas que se vienen tomando para mitigar los efectos generados por los graves problemas que afronta la ciudad e Cali, las cuales se consideran como un avance importante para la solución de los problemas, en tanto no existen verdaderas políticas que tengan por objeto tratarlos a fondo, erradicando sus causas o por lo menos removiendo los obstáculos que impiden resolver parcialmente aquellos asuntos relacionados por ejemplo con la seguridad de los ciudadanos, la recuperación del espacio público, la solución definitiva a los problemas del transporte masivo, de los servicios públicos, etc.
Mientras tanto, la administración Eder implementa un sistema de cobro para el uso del espacio público con el cual se le abre paso a su privatización en general, vulnerándose de esta manera los derechos colectivos de los ciudadanos consagrados en la Constitución política. Dicha medida está sustentada en el Plan de Ordenamiento Territorial POT de 2014 y por el decreto 0955 de 2022, a pesar de que dicho plan fue anulado por el tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y cuya vigencia fue prorrogada por 30 meses, después de la cual quedará sin efecto alguno desde el punto de vista legal, afectándose de esta manera la medida dictada por los alcaldes de turno para el aprovechamiento del espacio público en favor de particulares, es decir, de comerciantes formales e informales.
Por otra parte, resulta por demás equivocado afirmar que los recursos provenientes de la explotación económica del espacio público tienen por objeto la “recuperación, mejoramiento y generación de más espacio público para los caleños”, según palabras del director del departamento de Planeación Distrital. Tal afirmación constituye un contrasentido ante la entrega deliberada del espacio público para beneficio de un sector particular de comerciantes, revestido de un ropaje de interés general para la ciudad, cuya legalidad y legitimidad aparentes no constituye ninguna garantía formal ni real de respeto al derecho colectivo de los ciudadanos y a la moral pública.
A todo lo anterior, se suman las denuncias de la concejal Ana Erazo, quien, con documento en mano manifestó que METROCALI y la empresa operadora del sistema MIO Blanco y Negro suscribieron otro sí, para que el ente gestor asumiera 148 millones de pesos de deuda del concesionario con lo cual se generaría un presunto beneficio en favor del operador del MIO. Opinión esta que deja en claro el verdadero propósito de la administración del alcalde Eder, de que todas las condiciones beneficien al operador privado, en medio de una situación de crisis económica, financiera y operativa de dicha empresa a punto de ser liquidada en razón de la existencia de un proceso de insolvencia y de una administración incapaz e ineficiente que ha perdido su vigor para dirigir dicha empresa de transporte masivo.
Así las cosas, es muy poco lo que los caleños pueden esperar de la actual administración, cuya capacidad ejecutiva para administrar la ciudad se aleja cada vez más del precepto constitucional que señala que el alcalde debe representar y defender el interés general por encima de los intereses particulares, que en el pasado y en la actualidad han estado ligados con los propósitos económicos y políticos de determinados grupos de interés de la sociedad caleña.
ADENDA 1: En medio de las festividades navideñas y de fin de año, invitamos a los caleños a redoblar sus esfuerzos para sacar a Cali adelante frente a las dificultades por las cuales atraviesa conjuntamente con sus habitantes y que no podrán superarse sin el concurso decidido de los ciudadanos, unidos, organizados y dispuestos a luchar por la efectividad de sus derechos y libertades individuales y sociales, al igual que en torno a las tradiciones y costumbres familiares que nos identifican como un pueblo pujante y solidario, capaz de transformar las instituciones que nos rigen para beneficio de todos y cada uno de los caleños.
ADENDA 2: La repetición de los hechos violentos realizados por vándalos que se dicen hinchas del equipo América que destruyeron varios bienes del estadio Pascual Guerrero compromete de alguna manera la responsabilidad no solo de los directivos del equipo sino de las autoridades locales que dados los antecedentes debieron prever y prevenir los hechos que no solo vulneran los derechos y libertades de los ciudadanos que concurrieron al certamen deportivo que se realizaba en esta ocasión sino a los ciudadanos caleños que rechazan de plano tales comportamientos violentos.
