Tanto en el preámbulo de la Constitución como en el artículo 13 de la misma se hace referencia al principio de la igualdad. En dicha norma se declara en términos generales que todas las personas son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos y oportunidades y no pueden ser discriminadas por razón de su raza, origen familiar, edad, idioma, ideología política o religiosa; a la vez que el Estado se compromete a promover y garantizar las condiciones necesarias para que la igualdad sea compatible con una sociedad más justa y equitativa en materia de ingresos y oportunidades de trabajo, acceso a la propiedad, la educación, la salud, la vivienda y el ejercicio de los derechos políticos en materia de participación democrática de los ciudadanos en los asuntos del Estado y de la sociedad.
No obstante, dicho compromiso formal ha sido desnaturalizado en la práctica social y utilizado para fundamentar la desigualdad económica, política y social entre las clases, grupos sociales e individuos, que hoy se enfrentan en la lucha social por el predominio del poder económico y político.
Mientras tanto el Estado es presentado como garante de los derechos y libertades de los ciudadanos que son explotados económicamente, discriminados socialmente y excluidos políticamente mientras simultáneamente crece la desigualdad social en las ciudades y en el campo, pues del total aproximado de 51 millones de colombianos por lo menos 20 millones se encuentran en la pobreza y otros 20 millones pertenecientes a sectores populares y medios de la población afrontan una situación de pobreza o se sienten amenazados de perder sus bienes, trabajo, bienestar social e individual.
Esta circunstancia tiende a profundizar la brecha social, generándose un modelo de sociedad en donde coexisten dos tipos de realidades antagónicas y contradictorias frente a los principios e instituciones consagrados en la Constitución, convenios y pactos internacionales suscritos por Colombia en pro de la engañosa cruzada de los derechos humanos y de la democracia disfrazada de Estado Social y Democrático de Derecho.
Así las cosas, la desigualdad social se refleja, por ejemplo, tal como lo hemos expresado en otras ocasiones, en la existencia de dos tipos de justicia, una que se tramita en los grandes centros de conciliación y tribunales de arbitramento con todas las garantías procesales relacionadas con los contratos y negocios de los sectores más pudientes de la sociedad. Y otra, cada vez más costosa y paquidérmica en donde se ventilan las controversias de los ciudadanos del común. Un sistema de salud de buena calidad destinado a la atención de sectores socio-económicamente altos de la población, que se presta en grandes centros de atención que disponen de los mejores y más avanzados métodos y procedimientos científicos, médicos, quirúrgicos, hospitalarios, etc. Y otro sistema de salud de regular calidad que se presta a los sectores medios y populares de la población.
Igualmente existe una educación adecuada y de buena calidad para los hijos de las clases con mayores recursos económicos y otra para aquellos pertenecientes a los sectores más pobres, que poco o nada le sirve para superarse y competir en el mercado de trabajo. También existe un tipo de vivienda para los sectores adinerados y otra para los estratos bajos y medios de la población; todo esto sin contar con el hecho de que vastos sectores sociales carecen de vivienda o viven en los barrios de invasión en condiciones infrahumanas y proclives a contraer toda clase de enfermedades.
Un caso aparte lo constituye la consecución de trabajo digno y estable, en un país en donde el desempleo y la informalidad son fenómenos recurrentes y la conservación del trabajo resulta cada vez más difícil de conservar, particularmente tratándose de trabajadores no calificados, al tiempo que los que poseen títulos académicos no encuentran trabajo digno y bien remunerado, acorde con sus conocimientos y experiencias.
Por otra parte, los gobiernos de turno valiéndose de nuevos métodos y procedimientos estadísticos, tratan de demostrar que durante su gestión han logrado reducir la desigualdad social, bajando los índices de pobreza extrema y relativa de buena parte de la población, a partir del incremento de los ingresos salariales, subsidios con los cuales se logra mitigar la pobreza, a la vez que se concentra la riqueza en pocas manos generándose con ello una mayor desigualdad social.
En Colombia el 10% de los hogares más ricos perciben más del 40% de los ingresos laborales, en tanto que el 90% obtiene el 60% restante, materializándose de esta forma la desigualdad social en el ingreso. Y de ahí que el camino a seguir no dependa de la implementación de políticas asistencialistas y populistas o de la elevación en el mejor de los casos, del ingreso derivado del trabajo o de la denominada economía popular, sino de cambiar radicalmente las condiciones en las que viven los colombianos, impuestas por el régimen capitalista sujeto a la explotación económica del trabajo, la discriminación social y la exclusión política de las decisiones fundamentales de la sociedad y del Estado. Todo lo cual no podrá ocultarse con estadísticas amañadas elaboradas por el mismo Estado, con las cuales se trata de justificar las políticas públicas de reducción de la pobreza y de la desigualdad social.
