El próximo martes 10 de diciembre se celebra el día universal de los Derechos Humanos, siendo este tema uno de los aspectos mas sobresalientes y trascendentales de cuantos aparecen consagrados en nuestra Constitución Política, toda vez que el grado de libertad de las personas debe medirse en función de las posibilidades reales de poder valerse de los bienes sociales para satisfacer las necesidades e intereses individuales y sociales.
La inclusión de un verdadero catálogo de derechos constituyó un avance significativo en comparación con lo que existía en la Constitución de 1886, en la cual no se reconocían los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y mucho menos se establecía la posibilidad de que los ciudadanos tuvieran un mecanismo judicial para defenderlos de eventuales amenazas o violaciones.
Sin embargo, dicho amparo o acción de tutela no se aplica para los derechos antes mencionados los cuales son objeto de otro tipo de acciones legales, salvo algunas excepciones como por ejemplo el derecho a la salud que posteriormente fue reconocido como un derecho constitucional fundamental a partir de la aprobación en el Congreso de la república de un acto legislativo reformatorio de nuestra Constitución.
La promoción y garantía de estos derechos a los cuales nos referimos anteriormente quedaron sujetos a las contingencias políticas de los gobiernos en materia de ordenamiento y desarrollo de la economía aplazándose su aplicación y cumplimiento, casi siempre mediatizado con los compromisos adquiridos, cuando no es que con determinadas políticas antidemocráticas terminaron acabándolos de un tajo tal como sucedió con algunas conquistas y reivindicaciones de los trabajadores y ciudadanos en general a partir de reformas y contrarreformas al orden constitucional y legal.
En estas condiciones resulta cada vez más evidente la crisis en la aplicación de los derechos humanos que viene presentándose en la actualidad en países como el nuestro perteneciente al mundo capitalista globalizado.
Partiendo de la base de que los derechos humanos tienen un carácter universal y que además están relacionados unos con otros, no es aceptable desde el punto de vista jurídico separarlos, en tanto que los derechos individuales y colectivos, civiles y políticos no pueden existir realmente sin los derechos económicos y sociales. Y de ahí la necesidad de exigir del Estado la creación de las condiciones para la realización de estos derechos sin los cuales no se podrá hablar mas que de la existencia de simples declaraciones formales contenidas en la Constitución, pactos y en convenciones internacionales de los derechos humanos.
En nuestro país la violación de los derechos humanos hace parte de una constante que no parece tener fin en el tiempo ni en el espacio, la cual se desarrolla en medio de innumerables contradicciones y conflictos sociales que comprometen el presente y el futuro de la sociedad, no obstante los esfuerzos de algunos gobiernos para lograr la paz y la recuperación de los derechos humanos de la violencia entronizada por diversos actores económicos y sociales.
Entretanto, la situación en Colombia en relación con la aplicación de los derechos humanos tiende a deteriorarse como consecuencia de diversos factores, entre ellos la corrupción y la impunidad que hacen nugatorio su ejercicio por parte de los ciudadanos del común, a quienes por ejemplo se les conculca el derecho a tener una pronta y cumplida justicia en igualdad de condiciones para todos los
ciudadanos. Al tiempo que se restringe y limita el derecho a la salud, la educación, la seguridad, generándose un gran desequilibrio económico y social frente a una minoría que goza de todos los privilegios de acceso a estos derechos.
Esta situación tiende a agravase tratándose de regímenes autoritarios en donde el ejercicio de los derechos se reduce a su mínima expresión, además de incrementarse sustancialmente los deberes a cargo de la mayoría de ciudadanos.
En el caso de los derechos políticos aparentemente en igualdad de condiciones, la posibilidad de escoger gobernantes y participar en los asuntos del Estado y de la sociedad están mediatizados por prácticas como el soborno, la intimidación y la violencia que se ejerce sobre los ciudadanos, impidiendo así su ejercicio libre y espontáneo.
A todo lo anterior se suma el trato desigual que se les da a los ciudadanos por razón del color de su piel o preferencias de género, dando lugar a diversos enfrentamientos y conflictos sociales y políticos. Este episodio se repite en el caso de la mujer a quien además se da un trato discriminatorio en función de su condición económica, política y social.
Así las cosas, se puede decir que mientras no esté asegurada la igualad económica y social no podrá garantizarse el ejercicio de los derechos humanos, siendo ésta un hecho determinante en la definición de la condición de la sociedad capitalista en donde no es posible garantizar de manera efectiva los derechos humanos, aún dentro de las organizaciones e instituciones tanto jurídicas como políticas del Estado Social de Derecho. Lo que, por supuesto no significa que se debe renunciar a la lucha social y política por la defensa de los derechos humanos, la democracia económica y política, conjuntamente con las aspiraciones de los ciudadanos de generar los cambios que se requieren y con los cuales los colombianos deben comprometerse como autores y partícipes de su propio destino histórico y social.
