El Proyecto de Acto Legislativo que busca fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios del país, mediante la modificación de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, fue aprobado en sexto debate en la sesión plenaria del Senado de la República. El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que se trata de un proyecto estructural de mediano y largo plazo que va a representar un rediseño institucional del Estado colombiano.
El proyecto de acto legislativo para reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) y fortalecer la autonomía territorial tiene aspectos positivos y negativos a considerar:
Positivos
- Aumento de recursos para entidades territoriales:
El proyecto busca incrementar progresivamente el porcentaje de ingresos corrientes de la Nación que se transfiere a departamentos, distritos y municipios a través del SGP. Se propone llegar al 46.5% de los ingresos corrientes para 2034, lo que significaría mayores recursos para las entidades territoriales.
- Mayor autonomía financiera:
Al contar con más recursos propios, las entidades territoriales tendrían mayor capacidad para tomar decisiones sobre inversión y gasto público de acuerdo a sus necesidades particulares.
- Fortalecimiento de la descentralización:
La reforma busca profundizar el proceso de descentralización, dando más herramientas a los gobiernos locales para gestionar sus asuntos y prestar servicios públicos.
- Mejora en prestación de servicios:
Con mayores recursos, se espera que las entidades territoriales puedan mejorar la cobertura y calidad de servicios esenciales como salud, educación y agua potable.
Negativos
- Impacto fiscal en el gobierno central:
Aumentar significativamente las transferencias a las regiones podría generar presiones fiscales para el gobierno nacional, que tendría que ajustar su presupuesto.
- Riesgo de insostenibilidad fiscal:
Algunos críticos argumentan que el aumento propuesto al 46.5% podría ser fiscalmente insostenible. Se han planteado propuestas alternativas de un aumento menor al 37%.
- Desafíos de implementación:
El proyecto plantea una transición gradual hasta 2034, lo que implica un periodo largo de ajustes y podría generar incertidumbre.
- Posible inequidad entre regiones:
Existe el riesgo de que regiones con mayor capacidad institucional y de gestión se beneficien más que aquellas con mayores necesidades, pero menor capacidad administrativa.
- Necesidad de redefinir competencias:
El proyecto implica una redefinición de competencias entre nación y territorios, lo que podría generar conflictos y requiere una cuidadosa planeación.
La discusión del articulado del Proyecto de Acto Legislativo seguirá avanzando en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde surtirá séptimo debate con el propósito de fortalecer la autonomía de las entidades territoriales y adecuar el marco normativo a las necesidades actuales de las regiones del país.
Mientras el proyecto busca fortalecer la autonomía y capacidad de las entidades territoriales, también plantea desafíos importantes en términos de sostenibilidad fiscal y equidad en la implementación. Su éxito dependerá en gran medida de consenso con gremios, gobernadores, alcaldes y una cuidadosa planeación y ejecución.
