La reciente acción de tutela interpuesta y ganada por Álvaro Uribe Velez, es crucial para la defensa de sus derechos en proceso judicial colmado de irregularidades, donde su contraparte busca, sea condenado por soborno y fraude procesal. La juez ,Sandra Liliana Heredia, no proporcionó a la defensa la oportunidad legal, para analizar y presentar pruebas esenciales, lo que comprometió sus derechos y una estratégica defensa en el juicio.
La Tutela
El expresidente Uribe solicitó amparar derechos argumentando que la jueza no le concedió siete días adicionales para realizar un análisis forense del material probatorio extraído de dispositivos electrónicos de un testigo clave, Juan Guillermo Monsalve, lo que impidió la preparación adecuada para el juicio y la vulneración del debido proceso.
Llegó la oportunidad de aportar nuevas pruebas
El 16 de octubre de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá reconoció los derechos conculcados a Álvaro Uribe y ordenó a la jueza que le permitieran tener la oportunidad de presentar las pruebas necesarias para su defensa, donde se subraya la importancia del acceso a una defensa efectiva en un sistema judicial donde las garantías procesales son fundamentales y que fueron puestas en entredicho. La defensa enfatizó que las acciones del juez podrían interpretarse como intentos de “condenar sin pruebas”, lo que podría tener repercusiones en el proceso judicial, hasta con la nulidad y en la confianza en las instituciones, por intereses políticos
El fallo del Tribunal y garantías
Ordenó que la audiencia preparatoria se reprogramada, lo que le permitirá a Uribe y su defensa descubrir los medios y nuevas pruebas para defenderse, logrando procesalmente el acceso a la información all celular y a un computador incautados a Monsalve, principal testigo en su contra, para lograr evidencias originales, que se aportaran en el juicio, ante ese montaje delincuencial que se le hizo, con grabaciones realizadas al delincuente confeso, con otras personas, donde aparecen cambios en su testimonio, donde se evidencia la falta de credibilidad como testigo.
Como abogada, siento la satisfacción de las garantías constitucionales logradas, para el cumplimiento del estado social de derecho, que conducirá a la absolución del ex presidente Uribe Velez.