La lucha contra la corrupción y la politiquería se ha convertido en un asunto cada vez más difícil de combatir, en medio de una sociedad en donde la codicia y los intereses de las clases económica y políticamente dominantes priman sobre el interés general de los ciudadanos. Razón por la cual los principios y controles han resultado ineficaces para blindar a la sociedad de dichos flagelos que se extiende a todos los niveles de la vida económica, política y social.
Para algunos politólogos y expertos en estas materias partidarios del capitalismo regulado, la mejor forma de contener la corrupción es fortaleciendo el Estado encargado de regular la economía y la vida social en general para conseguir un cierto equilibrio entre la demanda social y la oferta de bienes y servicios, garantizando además el pleno empleo para evitar en lo posible el crecimiento de la de la informalidad derivadas del desempleo que estimula la corrupción y la politiquería, particularmente en época electoral.
Para otros ideólogos y publicistas, la burocratización del Estado y la tramitología han generado con el paso del tiempo una gran corrupción al interior de las instituciones que hacen imposible acabar con estos males que se han convertido en una cuestión connatural con el desarrollo del sistema capitalista.
Y de ahí que para dichos ideólogos, la solución de estos problemas esté en privatizar la actividad económica, política y social, aunque de hecho plantean adoptar posiciones intermedias al tratar de combinar los métodos y procedimientos de regulación impuestos por el Estado con los de privatización a fin de evitar que se extienda -según se dice- la corrupción y la politiquería, especialmente en aquellas etapas de crisis y recesión económica.
Con todo y la aplicación de tales instrumentos de control, ha quedado demostrado que la corrupción y la politiquería en Colombia prevalecen por encima del interés general. Al tiempo que los monopolios nacionales y extranjeros que hoy ejercen sus dominios sobre la actividad económica tiende a reflejarse directa o indirectamente en la política de Estado en tanto que las autoridades, no están en condiciones de luchar contra dichos flagelos ofreciendo toda clase de promesas y compromisos por lo demás incumplidos que respaldan en ciertos casos con normas jurídicas que no se aplican en la práctica.
En cuanto a la politiquería propiamente dicha, con la concentración y centralización del poder en cabeza del ejecutivo y la politización de la justicia se ha incrementado notablemente aquella, además de la corrupción que invade los niveles mas altos del poder público generándose con ello una situación de caos y deterioro de las instituciones.
A lo anterior se suma lo que se presenta a nivel político electoral con la participación de los ciudadanos en la escogencia de sus gobernantes, la cual se desarrolla en medio de un ambiente caracterizado por la compra de votos y la violación del régimen electoral, amparados por la corrupción y la politiquería con lo cual se ahonda la crisis de la democracia íntimamente ligada con la crisis y declive del capitalismo de nuestro tiempo.
Así las cosas, la lucha contra la corrupción y la politiquería hace parte del deber moral y político de las fuerzas políticas y sociales de carácter democrático que no solo deben formular las denuncias sobre estas conductas antisociales, sino tomar las acciones correspondientes para liberar a la sociedad de tales flagelos que comprometen la legitimidad de las instituciones y de la propia sociedad.
