*Espectáculo de independencia de los poderes dio el Congreso de la Republica cuando no aprobó el monto del presupuesto para el año 2025, y en consecuencia está en vilo, la 2ª reforma tributaria del gobierno Petro, como una ley de financiamiento. Las comisiones económicas del Congreso de la República aplazaron la continuación de la discusión sobre el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2025.
Para recordar
Las mismas unidades legislativas de ambas cámaras, en un hecho casi sin antecedentes negaron el aval al monto de $523 billones del proyecto de presupuesto presentado para el 2025; lo que pudo ser perfectamente evitado por el gobierno nacional, por presentar un proyecto de presupuesto desfinanciado, en mínimo $12 billones, lo que generó la incertidumbre económica, al anunciarse una expedición via decreto, que radicaliza las posiciones entre el ejecutivo y el legislativo
Y todo amarrado a una reforma tributaria del Gobierno para financiar el faltante en el presupuesto de la nación, con filibusterismos al mecanismo de la Regla Fiscal, subir los impuestos a las industrias extractivas, juegos de azar y renta de personas, y supuestas mejoras en la operatividad tributaria.
Para el tira y afloje
Presentado oficialmente el proyecto de ‘ley de financiamiento’ es avanzar en posiciones económicas y políticas irreconciliables , tanto del presupuesto desfinanciado como de una nueva alza de impuestos, lo que genera una negociación, que desacredita siempre al Congreso y que produce negociaciones como los carrotanques de la Guajira, que tiene en la cárcel a más de 5 altos funcionarios o el internet a los municipios con la UT Centro Poblados que no pocos contratistas y funcionarios están presos y que tumbó a la ministra, etc, y en todos , vinculados senadores y representantes.
Acuerdo Nacional
El tamaño e implicaciones de ambas decisiones, obliga al gobierno nacional, en cabeza del presidente Petro, no caer en la negociación al menudeo legislativo y armar con el Legislativo un equilibrio de decisiones con el poder Ejecutivo, de tal manera que se presente como un gran Acuerdo Nacional, en un país civilizado, que respeta el marco constitucional y legal de las ciencias económicas , fiscales y sociales, en un consenso político.
La decisión de las comisiones económicas en el Parlamento no fue caprichosa ni producto de un día, sino el resultado de numerosas advertencias desde distintas tendencias políticas, no exclusivamente desde los opositores declarados. Por varias semanas un puñado de legisladores levantaron sus dudas sobre las ‘cuentas alegres’ del Gobierno Nacional para el 2025. Asimismo, le recordaron al equipo económico que el presupuesto para 2024 fue aprobado el año pasado bajo promesas, expectativas y compromisos- incluidos los litigios y la gestión de la Dian- que terminaron incumpliéndose y terminaron en recortes.
El mensaje que el Congreso le envió esta semana a la Presidencia fue contundente. En vez de caer en los acuerdos y transacciones, propias de una discusión legislativa de esta naturaleza, los congresistas críticos señalaron públicamente los efectos de aprobar un presupuesto desfinanciado, así como el llamado al Gobierno a ajustarlo a la realidad económica.
Desafortunadamente, la reacción de la administración -y del presidente de la República, Gustavo Petro- no ha estado orientada al ajuste que solicitan los parlamentarios. Al contrario, el primer mandatario ha insistido en mantener el monto original desfinanciado, radicó su segunda alza de impuestos y anunció que, de no ser aprobado, expediría el Presupuesto por decreto. Esto último acarrearía un pésimo mensaje a los mercados internacionales y al costo de la deuda. En conclusión, el valioso y democrático papel de contrapeso del Congreso en el debate presupuestario debe conducir ahora, a los legisladores como al Gobierno, a concertar un Presupuesto financiado y sostenible.
