Corresponde al gobierno presentar anualmente al Congreso de la República para su trámite y aprobación el presupuesto de rentas y gastos de la Nación en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo.
Dicha corporación no puede modificar la parte relacionada con los gastos sin contar con el beneplácito del ministerio de Hacienda y de Crédito Público, en razón a que en el pasado, el congreso cedió en favor del gobierno la facultad soberana de determinar la forma como deben gastarse los dineros públicos provenientes de los impuestos que pagan los contribuyentes y que de acuerdo con la Constitución es un deber de los ciudadanos de contribuir con el financiamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad, que en las condiciones de nuestro país se han desbordado con la imposición de nuevos gravámenes, algunos de los cuales tienen un carácter expropiatorio que afectan a aquellas clases y sectores sociales medios de la población.
No hay que olvidar que, de acuerdo con la Constitución de 1991, en el presupuesto de gastos se deben incluir obligaciones que hacen parte del denominado componente del gasto público social, el cual tiene prioridad sobre cualquier otro gasto, excepto en los casos de guerra exterior o de seguridad nacional.
En relación con la distribución de los recursos, con base en un acto legislativo se creó el sistema general de participaciones en favor de los departamentos, distritos y municipios para atender la salud, la educación, agua potable y el saneamiento básico con arreglo a determinados criterios relacionados con la productividad de los factores que benefician a la población más pobre del país. No obstante, existe una distribución desigual de los recursos entre los entes territoriales debido a que el reparto se hace atendiendo el aspecto cuantitativo y ponderado de los factores indicativos que señalan un margen de desempeño fiscal e incremento de los ingresos con destino a la inversión social, los cuales determinan finalmente la suerte de los entes territoriales, que como los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, se llevan la mayor parte de los recursos, en tanto que departamentos como el Chocó o Nariño, con menos población e ingresos muy bajos pero con mayores necesidades económicas y sociales solo participan de un porcentaje de tales ingresos provenientes de la nación, que no alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas fundamentales. Circunstancia esta que se agrava en medio del despilfarro de los dineros públicos a través de la contratación oficial con el sector privado en lo que se conoce como las alianzas público privadas -APP-, realizadas a la medida de las partes contratantes con las cuales se crean sobrecostos y prórrogas indefinidas de los contratos de obras.
En la actualidad se viene abriendo paso la tendencia a reducir los impuestos con los que se gravan las rentas de capital de Las grandes corporaciones, en tanto se extiende la base gravable a los trabajadores independientes y asalariados y que obligatoriamente deben pagar elevados impuestos por sus pequeños negocios y viviendas a través del ICA y del IPU. Así mismo, se incrementan los gravámenes indirectos que como el IVA grava en igual proporción a pobres y ricos que adquieren bienes y servicios en el mercado, incluyendo en muchos casos aquellos que integran la canasta familiar y los medicamentos.
Otra de las tendencias característica del sistema se relaciona con el crecimiento desproporcionado de la deuda pública, los gastos de funcionamiento del aparato del Estado, los gastos militares, el sostenimiento de la burocracia, gastos que superan más de la mitad del presupuesto de la nación, generándose con ello un gran déficit que afecta directamente la inversión social, la educación, salud, vivienda, el saneamiento ambiental y los servicios públicos.
Ahora bien, en tratándose del presupuesto para la vigencia fiscal del año 2025 estimado en $523 billones, no solo está inflado en un 3.9% sino que además, está desfinanciado en más de 12 billones de pesos, a la espera de que el congreso apruebe una ley de financiamiento para garantizar su sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica y el equilibrio entre los ingresos y los gastos que ordena la regla fiscal. $112.6 billones de los 523 billones de pesos se destinarán para amortizar la deuda pública, lo que significa un aumento del 19% frente a los 94.5 billones de la actual vigencia fiscal. Otros $327.9 billones se aplicarán definitivamente al funcionamiento del aparato estatal correspondiente a un 6% adicional respecto del presupuesto anterior. En tanto la inversión será de $82.4 billones lo que implica una disminución del 17% frente a los $99 billones de este año.
No obstante, se mantendrá la inversión de los principales programas sociales para la vejez, la salud, educación, equivalente a la suma de $192.8 billones, entretanto se destinarán $82 billones para el sistema de participaciones, etc., recursos con los cuales será muy difícil atender en gran parte las necesidades que tienen los colombianos particularmente en las regiones más apartadas de Colombia, lo cual contrasta con la posibilidad de que en el congreso se apruebe la ley de financiamiento para rebajar gradualmente la tarifa del impuesto a la renta de las personas jurídicas representadas básicamente por las grandes corporaciones financieras y monopolios nacionales y extranjeros.
El ministro de Hacienda y Crédito Público manifestó recientemente que mantendrá las tarifas del IVA con incidencia en el costo de algunos bienes y servicios que se adquieren en el mercado.
Se han dado pronunciamientos de algunos gremios y empresarios que le señalan al gobierno priorizar el gasto de funcionamiento del Estado y aumentar la inversión productiva con el fin de generar empleo y de esta manera reactivar la economía del país y con ello disminuir la pobreza y la desigualdad social.
Con la aprobación del proyecto de ley del presupuesto nacional no podrán sortearse la dificultades económicas y sociales que demanda la ejecución del plan de desarrollo del gobierno Petro, en tanto se hará más protuberante el desequilibrio fiscal entre los ingresos y los gastos del Estado y con la estabilidad macroeconómica que requiere el país. Con el aumento de los impuestos únicamente se pretende fortalecer el Estado para atender los planes y proyectos del gobierno en alianza con el gran capital financiero nacional e internacional.