Con el crecimiento y desarrollo espontáneo de Cali producto del aumento creciente de su población y del urbanismo desordenado y caótico ligado a la reproducción del capital para generar nuevas y mayores ganancias en favor de grandes propietarios de tierra, comerciantes y urbanizadores, se ha puesto en riesgo la existencia de los siete ríos que recorren nuestro territorio y el conjunto de la biodiversidad en los Farallones de Cali.
Las amenazas que enfrentan los recursos hídricos que tiene la ciudad con la invasión a sus riberas, la contaminación de sus aguas con basuras y aguas residuales, han llevado a que disminuya sistemáticamente el caudal de las fuentes hídricas y con ello el futuro de este líquido vital para el conjunto de la población caleña, esto sin contar con el hecho de que algunos de los ríos se convirtieron en una “cloaca” como sucede con el río Aguacatal en tanto que el río Cañaveralejo fue entamborado en su paso por un sector de la ciudad.
Seis de los ríos que cruzan la ciudad y desembocan en el río Cauca contribuyen a su contaminación, en tanto que este viene contaminado como producto de la explotación de la minería ilegal del oro y de otros elementos como las descargas de residuos contaminantes provenientes de las empresas y de las aguas residuales de los alcantarillados de los barrios ubicados en el sur y oriente de la ciudad.
Lo más grave de este asunto radica en que el 80% de la población caleña se nutre de sus aguas para el consumo de los hogares, al tiempo que su constante turbiedad no ofrece las garantías suficientes para su consumo generándose con ello un riesgo para la comunidad.
Así mismo se considera que de acuerdo con varios estudios técnicos esta situación tiende a repetirse en el tiempo y aunque la contraloría y la Procuraduría han alertado a EMCALI, al DAGMA y a la CVC sobre los riesgos que se corren con las aguas de los ríos Cauca y Cali, con el vertimiento de sustancias químicas como el mercurio, el cianuro y el arsénico, utilizados en la explotación ilegal del oro en el parque natural Los Farallones, muy poco o nada se hace para impedir que se continúe con esta práctica ilegal que contamina estas fuentes hídricas influyendo negativamente en la fauna y la flora, afectando al 25% de la población del centro y de la parte alta de la ciudad.
La reforestación de Los Farallones y la destrucción de los bosques con la explotación de la minería ilegal constituye un hecho muy grave que debe llevar a las autoridades nacionales y locales a tomar las medidas del caso las cuales no son posibles de aplazar sin correr con los riesgos en el inmediato futuro, particularmente si con ello se afectan la vida y la salud de caleños y vallecaucanos.
ADENDA: La aplicación de la estrategia de gentrificación en el Centro Histórico de la ciudad con los planes parciales de Renovación Urbana como los de San Pascual y El Calvario, hacen parte de la política económica y financiera inspirada en el principio de la reproducción del capital.
El Centro Histórico de la ciudad fue reconocido y delimitado mediante ley 163 del 30 de diciembre de 1959 para destacarlo, promoverlo y protegerlo como parte de la historia de la colonia, republicana y del siglo XX de la ciudad, ley derogada en varios de sus artículos y modificada en otros por la ley de Cultura en 1997. Estando vigente la ley 163 se arrasó con gran parte del patrimonio histórico arquitectónico y paisajístico de la ciudad.
La prevalencia del interés particular de los constructores por encima de los intereses de la ciudad y de sus habitantes ha presionado para ampliar paulatinamente el centro histórico hasta la actualidad con el eufemístico nombre de Centro Ampliado, no en función del respeto y protección de las vías, plazas, edificaciones, etc., como señalaba la ley a través de una gestión pública con las acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo; sino para construir torres de apartamentos, de oficinas y comercio a través de la figura de la Renovación Urbana que expulsa a sus propietarios y moradores originales, pauperizándolos, comprando sus propiedades por precios irrisorios con la colaboración del Estado y posteriormente con la renovación del capital y la adecuación de la infraestructura a cargo del Estado del capital para obtener jugosas ganancias.
Los barrios San Antonio y San Cayetano deben hacer parte del centro histórico por tradición cultural e historia que representan para la ciudad que desconoce sus raíces. Sin embargo, la ampliación del Centro Histórico per se es insuficiente para proteger el escaso patrimonio que aun sobrevive y a estos dos tradicionales barrios que por lo demás en el POT no aparecen como parte de ese centro histórico ni en la ley de 1959 ni en la ley de Cultura. El patrimonio Histórico en sus diversas modalidades es un asunto de ciudad en el que deben participar el mayor número de personas con diversa formación sin que la administración central pretenda reducir este asunto a algo técnico-formal.
