En medio del denominando “Foro de Conversaciones por Colombia” organizado por el Consejo Gremial Nacional, se escucharon las voces de los representantes de las organizaciones gremiales y empresariales, que de manera categórica le manifestaron al gobierno que si bien es cierto están de acuerdo con el diálogo para sacar adelante los planes de reactivación de la economía, los mismos deberán realizarse sin constreñimientos de ninguna índole, haciendo alusión a las propuestas del presidente Petro en torno a la tramitación de una nueva reforma tributaria y la imposición de un nuevo tipo de inversión forzosa en algunos sectores de la economía nacional.
Mientras tanto el ministro de hacienda manifestó que las condiciones económicas y fiscales del momento exigen tomar ciertas medidas para cumplir con el pago de la deuda que contrajo el Estado y que asciende a más de 95 billones de pesos, en tanto que la baja tasa de crecimiento de la economía por efecto de la desaceleración económica no permite su pago en el corto plazo estipulado por las partes contratantes.
Los voceros de las grandes empresas insisten en que se agota el tiempo para tomar las medidas necesarias y reactivar la economía, lo que presupone de nuevos estímulos e incentivos tributarios para lograr que se vinculen las empresas y el capital a la producción nacional.
A lo anterior se suma la caída sustancial del recaudo de los impuestos debido a la pérdida sistemática de la demanda económica que vive el país, que para el año 2023 tan solo creció 0.6% en tanto que para el 2024 es de 1.7%; esperándose que en el mediano plazo el crecimiento de la economía supere el 3% y la inflación al cierre de este año sea del 5.59%, porcentaje estos tan bajos que no permitirán un crecimiento estable y ascendente acorde con las necesidades y exigencias en materia de desarrollo económico y social.
Para rematar, el gobierno anuncia que las partidas destinadas a la inversión bajarán a la mitad del presupuesto para la vigencia del 2025 siendo la más baja desde el año 2020
La directora del departamento administrativo de la Presidencia DAPRE Laura Sarabia, asegura que el presidente Petro considera al “sector privado como un aliado”; lo que implica “encontrar puntos comunes para trabajar por el país”; a lo anterior el ex ministro de hacienda Juan Camilo Restrepo resalta la importancia del sector privado que representa el 80% de la economía en contraposición al 20% del sector público.
Ahora bien, aunque la dinámica del presupuesto de este año nos muestra una mejora creciente de la economía, los rezagos que padece el sector industrial, de la construcción y del comercio minoritario, requieren -según se dice- de medidas urgentes e inmediatas, lo cual no será posible de lograr si antes no se fortalece la seguridad jurídica y el gobierno no cesa la hostilidad contra los gremios y empresarios, para lo cual se impone la necesidad de compensar el esfuerzo que realiza el sector privado con el aporte fundamental del sector público.
Lo anterior indica que se dará un giro en el manejo de la política económica del gobierno sujeta a los cambios que se perciben dadas las nuevas condiciones y circunstancias y que el presidente Petro deberá tener en cuenta para conseguir que algunas de sus propuestas sean finalmente acogidas como producto de los acuerdos y consensos con los grupos empresariales y dirigentes políticos que se encuentran en la oposición.
No obstante, la posibilidad de hacer realidad el Cambio Social acorde con los verdaderos intereses y necesidades del pueblo colombiano dista mucho de convertirse en realidad mientras se agudizan las contradicciones y conflictos sociales, lo que no significa que de adelantarse las reformas consensuadas entre el sector privado y el Estado no se genere un crecimiento de la economía, que desde luego generará grandes beneficios para el gran capital financiero que resulta de la fusión del capital industrial y el capital bancario que termina imponiendo la política en materia industrial, agroindustrial, bancaria, de transporte, de telecomunicaciones y de la denominada economía de los servicios, al tiempo que crecen la pobreza y la desigualdad social, tal como sucede actualmente en el marco del capitalismo monopolista de Estado que predomina en el mundo globalizado.
