Conocer la historia de la ciudad constituye un valor incalculable y a la vez un deber social que todo caleño debe atender como actor y autor de su destino histórico. Y de ahí que se diga que quien no conoce la historia está condenado a repetirla con todos sus errores y desaciertos.
Por otra parte, el futuro de la ciudad no puede proyectarse únicamente en el presente haciendo caso omiso de su pasado histórico en lo correspondiente a la forma y contenido de su desarrollo económico, político, social, cultural, ambiental, paisajístico, etc., en tanto no se trata simplemente de interpretar su historia sino de transformarla para beneficio de sus habitantes.
Entretanto es necesario entender que Cali avanza desde el punto de vista urbanístico de una manera espontánea y caótica generándose con ello un gran desorden, característico de las grandes ciudades y metrópolis del mundo capitalista globalizado, impulsado por grandes empresarios de la construcción, comerciantes y banqueros en procura de obtener pingues ganancias con la edificación de grandes complejos residenciales, centros comerciales, construcción de obras de infraestructura vial y ahora con la explotación del turismo y de la economía de los servicios.
Y de ahí que durante la celebración del cumpleaños de Cali no hubiera un espacio para la reflexión sobre la situación de penuria en que viven los caleños con una ciudad “hipotecada” al sector financiero, con un sistema de transporte público en estado de insolvencia, con grandes hechos de corrupción, con una quiebra financiera de Corfecali, amén de la inseguridad, la informalidad y el desempleo reinantes en la ciudad. Entretanto se prodigan toda clase de permisos para realizar festejos propios de este tipo de celebraciones, pero que en este caso particular son utilizados por los mandatarios para cooptar a los ciudadanos desviando su atención de los verdaderos problemas que tiene la ciudad y además para promover iniciativas como la de construcción del tren de cercanías y la votación de la consulta popular en favor de la creación de la zona metropolitana; proyectos estos que no han sido discutidos ampliamente en el seno de la comunidad al tenor de lo dispuesto en las normas constitucionales y legales que obligan a los funcionarios a garantizar la participación ciudadana en todos aquellos asuntos de interés general.
Evaluar la gestión pública de los alcaldes anteriores y posteriores a los Vl juegos panamericanos de 1971 constituye un imperativo categórico para identificar las causas reales de algunos de los problemas que han heredado los caleños de este tiempo y determinar la visión del futuro de la ciudad y de sus habitantes contestando así a la pregunta “¿cuál es la ciudad que queremos los caleños”?
La prosperidad general de que trata el artículo segundo de la Constitución Política, no puede interpretarse únicamente como sinónimo de crecimiento y expansión urbanística y regional de la ciudad, sí antes no se garantiza real y materialmente “el desarrollo económico y social de la población” y menos aún con las políticas de Renovación Urbana que trae la gentrificación con la expulsión de los habitantes de su territorio para construir grandes complejos habitacionales, centros comerciales , edificios para el comercio y el turismo, en lo que se conoce como la “Manhattanización” de centro de Cali y barrios aledaños, con lo cual se genera un desarrollo desigual con una población empobrecida tal como viene sucediendo en los barrios San Pascual, San Bosco y otros sectores de la ciudad.
Se corre el riesgo de que se arrase con lo poco que queda del patrimonio histórico arquitectónico del centro de Cali y con ello de la historia de la ciudad que algunos sectores sociales no valoran suficientemente plegándose a las políticas que destruyen el pasado histórico de la ciudad convertida en una bella flor pero sin raíces.
ADENDA 1: El alcalde no previó ni midió el impacto negativo que traería el parque integral de Cristo Rey que además de exceder lo ordenado en el POT, aún sin su inauguración y apertura al público, el lugar se convirtió en fuente de ruido excesivo, congestión vehicular y deterioro de la vida y la paz en los barrios aledaños en el oeste de la ciudad, siendo obligación del burgomaestre garantizarles a los habitantes la paz y el sosiego para lo cual permanentemente en horario intensivo nocturno debe asignar policía, funcionarios del DAGMA, guardas de tránsito, etc., y controlar la proliferación de actividades que atentan y deterioran el medio ambiente y los barrios con clasificación residenciales.
ADENDA 2: Los hechos conocidos sobre el manejo y utilización de los recursos de EMCALI, en manos de contratistas inescrupulosos del “cartel de la energía”, hace parte de la práctica corrupta sistemática y generalizada que sucede de tiempo atrás y que hoy con los hallazgos de la contraloría deben conducir al alcalde Eder a coadyuvar las denuncias correspondientes que adelante el gerente de EMCALI, lo cual no se debe aplazar ni diluir en el tiempo como ha sucedido en el pasado.
ADENDA 3: El control de la contratación oficial hace parte fundamental del ejercicio que deben realizar los órganos institucionales y los ciudadanos a través de sus organizaciones a los cuales se debe garantizar la información oportuna y el derecho a participar en el examen legal y de conveniencia para la comunidad en educación, salud, vivienda, medio ambiente, cultura, entre otros aspectos de la función pública.
