En tres consecutivos discursos el presidente Petro se refiere al fantasma que lo espanta y reiterativamente califica como “golpe”. En el discurso del 1º de Mayo en la Plaza de Bolívar en Bogotá fue enfático en decir que, si aquellas oscuras fuerzas van a intentar un golpe, “enfrentarán al pueblo en las calles”. Agitando la bandera ideológica del M-19, recuerda que ese grupo guerrillero, del cual formó parte, defendió con sangre el proyecto democrático del país, haciendo referencia a las elecciones del 19 de abril de 1970. Atribuye ese acontecimiento histórico, no solamente a la creación del grupo guerrillero, sino la generación de la violencia que, aun hoy, cincuenta años después, padece la nación. 

Una semana después en Cartagena, día en que se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había radicado ponencia de apertura formal a la campaña Petro Presidente 2023-2026 por violación de topes, contestó airadamente que había comenzado el “golpe blando”. Calificó la instancia administrativa como de ruptura constitucional y para ello invitó “a las fuerzas del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular” y a los colombianos en el exterior iniciar campañas en el mundo contra el golpe de estado. 

El ultimo discurso pronunciado en Cali el 10 de mayo, día conmemorativo de la caída del dictador Rojas Pinilla en el año 1957, y en referencia a la investigación de su campaña, amenazó que “no se han puesto a pensar que lo que van a provocar es un estallido social multiplicado por diez”. De paso, acusó y tildó al expresidente Iván Duque de “terrorista” culpándolo por 60 asesinatos en el estallido social del 2021. 

El llamado a la sublevación, a cambiar por la fuerza la Constitución, la misma que juró defender, la que el incorporado M-19 como partido legítimo y democrático (AD-M19) construyó en 1991 con 19 de 70 constituyentes, y enfatizó en la separación de poderes, no puede ser mancillada por su caprichosa actitud rebelde, incoherente y megalómana, desconociendo el orden fundamental de nuestra democracia. 

Todas las campañas de elección popular pueden ser investigadas y sancionadas. Las presuntas violaciones de las campañas de Juan Manuel Santos, Oscar Iván Zuluaga e Iván Duque, fueron objeto de riguroso escrutinio del CNE. No por ello, los funcionarios elegidos contrariaron las decisiones, sino que defendieron en derecho sus posturas. Es lo mismo que se espera de la actual investigación a la campaña del entonces candidato Petro y su fórmula presidencial Francia Márquez. Las sanciones recaen a los directivos de la campaña, pero es apenas lógico entender que el presidente goza de fuero especial y solo puede adelantarse proceso contra el ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 

El articulo 109 de la constitución reglamenta todas las campañas que adelanten los partidos políticos de elección popular, incluyendo grupos significativos por firmas y establece los topes máximos permitidos. El mismo artículo faculta al estado la financiación de las campañas. En las tres instancias de la campaña de Petro en 2022, consulta, primera y segunda vuelta, la campaña recibió una cifra superior a $ 41 mil millones. Gustavo Petro, es el colombiano quien mayores recursos por concepto de reposición de votos, en todas sus campañas, ha recibido en la historia. 

¿Si Petro ha sido el mayor beneficiario del erario porque jamás cuestionó la constitucionalidad del articulo 109? ¿Por qué ahora, en su caprichosa e incendiaria forma de incitar a la violencia acusa al país de antidemocrático? ¿Acaso fue únicamente el pueblo quien lo eligió, como dice? Fue precisamente la democracia que nuestro estado de derecho enarbola que le dio la victoria. 

El país no resiste derramamiento de sangre que por diferencias ideológicas ha vivido por más de ocho décadas. Ojalá su actitud vengativa, enceguecida por el odio, sueño utópico napoleónico, e invitación a la violencia, no desencadene en abominable guerra civil, la cual tildaríamos como la “guerra civil del 109”.

Guillermo E. Ulloa Tenorio

Guillermo E. Ulloa Tenorio

Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.