La idea del presidente Petro de convertir la coalición de partidos y movimientos políticos integrantes del Pacto Histórico en un solo partido para enfrentar las elecciones del 2026, refleja en cierta forma la crisis del pluripartidismo, afectado en este caso por las innumerables contradicciones y conflictos que se vienen presentando al interior de dicha coalición.
En este sentido algunos analistas como el politólogo Alejandro Echeverry, sostiene que “tras los cuestionamientos que ha tenido (el Pacto Histórico) es precisamente que ha sido un marco ideológico muy fragmentado a lo largo de su historia”.
No obstante, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro y el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, consideran que dicha propuesta es viable no solo para conservar el poder del Estado sino para continuar avanzando en la lucha por el cambio, ya que con un partido único podemos recoger todas las ideas en torno a un mismo proyecto político.
La concurrencia de diversos partidos y movimientos políticos no modifica la esencia de clase del sistema político capitalista que defiende el gobierno del presidente Petro existente en el país. Al tiempo que dicho sistema garantiza la competencia que se desata con la lucha por el poder del Estado y en general por el control de la sociedad; circunstancia esta que se asemeja a la lucha que se libra entre las fuerzas económicas que compiten en el mercado.
En el pluralismo ideológico y político se apoyan las clases gobernantes para argumentar el carácter democrático del régimen político, cuya existencia depende en gran parte del hecho de que los integrantes en este caso del Pacto Histórico, pertenecen a diferentes sectores y grupos sociales a pesar de sus diferencias, lo cual no impide unirse para acceder al poder en la lucha competitiva por el mismo.
En la actualidad dicho sistema ha tendido a transformarse sistemáticamente en lo que se conoce como la “partidocracia”, que permite el paso del pluripartidismo al monopartidismo casi siempre de tipo tecnocrático, mediante el cual se concentra el poder político en cabeza de un solo partido que domina a todos los demás y con una elite que determina en general el carácter de la estrategia y de la táctica a seguir por el partido único, el cual se coloca por encima de la voluntad general de sus integrantes y electores.
De esta manera la elite gobernante ejerce la dirección del Estado utilizando para ello diversas formas y metodologías de gobierno, caracterizado por la exclusión y el autoritarismo que tiende a generalizarse e incrementar las contradicciones y conflictos al interior de la propia organización.
No sobra agregar que en Colombia existen en la actualidad más de 32 organizaciones políticas que se han ido formando con el correr del tiempo como consecuencia de la crisis de los partidos tradicionales que ya no representan ni defienden el interés general de sus electores ni del pueblo en su conjunto.
Es de anotarse que con la Constitución de 1991 se amplió el espectro político electoral trayendo consigo el surgimiento de nuevas organizaciones políticas que en muchos casos se convirtieron en empresas electorales sin ideología ni estrategias definidas y en general al servicio de las viejas y nuevas camarillas políticas interesadas en participar en la burocracia y en la contratación pública y cuyos integrantes están vinculados en general con el gran capital, en lo que se conocen como las alianzas público-privadas, que hacen posible la existencia de relaciones y nexos de carácter económico, financiero, social y político entre el sector privado y el Estado.
El derecho de los ciudadanos a participar en la escogencia de sus gobernantes ha sido sustituido en la práctica por la lucha competitiva de las fuerzas políticas que caracteriza la denominada democracia pluralista en la cual se refleja como se dijo anteriormente y en términos generales, la lucha que se libra en el mundo capitalista; a todo lo cual se suman los resultados de la lucha político – electoral de los ciudadanos en cuanto se oponen a la política del régimen o por el contrario, se acogen al estímulo y a las garantías para el ejercicio de sus derechos o simplemente se dejan utilizar como masa electoral disponible.
