Regular, Sancionar y Recuperar

Las ciudades latinoamericanas, y Cali no es la excepción, han registrado un incremento inusitado en su parque automotor. Sin embargo, este crecimiento no ha estado acompañado de la formulación y ejecución de planes viales capaces de regular los flujos de tráfico urbano.

En 1989, la Ciudad de México, afectada por elevados niveles de contaminación atmosférica derivados, en parte, del alto volumen de circulación vehicular, implementó una medida inicialmente concebida como temporal. Esta medida restringía en un 20 % la circulación de vehículos durante las franjas horarias de mayor tráfico, según los últimos dígitos de la placa.

Nueve años después, en 1998, el alcalde Enrique Peñalosa adoptó el modelo en la capital colombiana, al que posteriormente se sumaron los alcaldes de las demás capitales departamentales. Siete años más tarde, Cali adoptó la medida y la denominó «pico y placa». Con el tiempo, la franja horaria se amplió a cuatro horas diarias y la restricción comenzó a rotar según los dos últimos dígitos de la placa.

Aunque la medida produjo cierto alivio al principio, con el paso del tiempo la ciudadanía empezó a resolver la restricción de forma individual. Algunas personas optaron por utilizar otro vehículo con una placa diferente, mientras que otras alternaron entre motocicletas, patinetas motorizadas y bicicletas, o pagaron para circular.

Si bien las infracciones generan ingresos por comparendos, el debate no debe centrarse en la sanción, sino en la regularización del tráfico. En este ámbito, la Secretaría de Movilidad no ha encontrado alternativas eficaces.

Ante esta situación, la ciudadanía reclama a la autoridad distrital una solución al caos vehicular. Sin embargo, las autoridades de tránsito parecen priorizar el ejercicio de su poder sancionatorio por encima de su deber regulatorio.

Tampoco existe una estrategia complementaria basada en cámaras de autodetección que permita identificar con mayor eficiencia las deficiencias documentales y las infracciones, así como regular la conducta de manera ejemplar.

Mediante sistemas tecnológicos avanzados, el cuerpo de guardas de tránsito podría emplearse de forma más eficaz en la atención de emergencias derivadas de accidentes o fallas en la semaforización.

El flujo vehicular mejoraría sustancialmente si se ejerciera autoridad sobre la invasión del espacio público, especialmente respecto de los vehículos, incluidas las motocicletas, estacionados en vías y andenes, así como sobre la ocupación vehicular irregular de los estrechos talleres carentes de espacio, donde dicha práctica no está permitida.

Una actuación puntual consistiría en recuperar los carriles vehiculares de los que las fuerzas del orden se han apropiado por razones de seguridad consideradas inocuas.

El municipio debe incentivar, mediante alivios fiscales, la construcción de parqueaderos en zonas de alto flujo, particularmente en áreas de servicios de salud, residenciales, de entretenimiento, de oficinas y comerciales.

Asimismo, deben respetarse las bahías destinadas a los vehículos de servicio público, incluido el transporte informal. Las zonas ubicadas de manera desordenada y anárquica junto a centros comerciales, universidades, puntos de transferencia de pasajeros y centros de salud, entre otros, deben regularizarse y ajustarse a la normativa vigente.

La recuperación integral del espacio público debe ser una prioridad. La aplicación de los principios de orden y autoridad permitiría mejorar sustancialmente el flujo vehicular mientras la ciudad se adecua y avanza en sus proyectos de infraestructura vial.