Normas, estudios y controles que existían antes del 10 de agosto de 2026
Una ciudad que conocía su amenaza
El terremoto que sacudió a Cali el 10 de agosto de 2026 dejó una pregunta inevitable: ¿qué sabía la ciudad sobre el riesgo sísmico antes de que ocurriera la tragedia? La respuesta es más compleja que afirmar que Cali estaba preparada o que, por el contrario, desconocía su vulnerabilidad. Antes del terremoto existía un conjunto importante de normas, estudios técnicos, mapas de amenaza, mecanismos de control de las construcciones y evaluaciones de vulnerabilidad. El verdadero interrogante es hasta dónde ese conocimiento se convirtió en prevención efectiva.
Durante décadas, Colombia construyó un marco normativo para reducir el riesgo sísmico. La Ley 400 de 1997 estableció criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones sometidas a fuerzas sísmicas. La norma también contempló procedimientos especiales para edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, además de establecer responsabilidades para los diferentes profesionales que intervienen en una construcción.
En Cali, este marco nacional se complementó con instrumentos locales. Uno de los más importantes fue la microzonificación sísmica adoptada mediante el Decreto 0158 de 2014. La ciudad fue dividida en diferentes zonas de respuesta sísmica teniendo en cuenta las características geológicas y del suelo. Esto permitía establecer parámetros específicos para el diseño estructural y reconocer que un mismo terremoto no necesariamente produce el mismo comportamiento en todos los sectores de una ciudad.
El suelo de Cali también estaba estudiado
La microzonificación representó un avance importante porque permitió conocer con mayor precisión las condiciones del territorio. No bastaba con saber que Cali estaba expuesta a terremotos; era necesario conocer cómo podían responder sus diferentes tipos de suelo frente a un movimiento sísmico.
La documentación técnica utilizada para la planificación territorial incorporó estudios de amenaza, respuesta sísmica local y vulnerabilidad. Estos instrumentos permitían identificar sectores donde determinadas condiciones del terreno podían incrementar los efectos de un terremoto.
Por tanto, antes de 2026 la Administración Distrital no partía de cero. Existía una base técnica que relacionaba amenaza, suelo, edificaciones y exposición.
Vulnerabilidad: el otro lado del problema
Uno de los elementos más importantes es que la Administración también contaba con estudios específicos sobre la vulnerabilidad de las edificaciones existentes.
En la documentación oficial utilizada para la revisión del POT aparece el Informe Final de Vulnerabilidad Sísmica de Cali, Etapa II – 2019, orientado a evaluar la vulnerabilidad frente a sismos de edificaciones de ocupación normal dentro del marco de la NSR-10.
Esto demuestra que el conocimiento institucional iba más allá de determinar dónde podía ocurrir un terremoto. También existía preocupación por establecer qué tan vulnerables podían ser las estructuras existentes.
Sin embargo, debe hacerse una distinción fundamental: disponer de un estudio de vulnerabilidad no significa que todas las edificaciones identificadas hayan sido posteriormente reforzadas. Tampoco significa que la Administración contara con un diagnóstico individual y actualizado de cada edificio de Cali.
Cómo se controlaban las nuevas construcciones
Antes del terremoto también existía un sistema formal para controlar el cumplimiento de las normas sismorresistentes en las nuevas construcciones.
Las curadurías urbanas tenían la responsabilidad de tramitar y expedir las licencias urbanísticas, mientras que la Administración Distrital ejercía funciones de control urbano sobre las obras ejecutadas.
El proceso involucraba diferentes profesionales y responsabilidades: arquitectos, ingenieros estructurales, ingenieros geotecnistas, revisores, constructores, directores de obra y supervisores técnicos.
La Ley 400 de 1997 establecía requisitos y responsabilidades para estos actores. En determinados proyectos también era obligatoria la revisión independiente de los diseños y la supervisión técnica durante la construcción.
Esto significa que el sistema de seguridad estructural tenía varias etapas: diseñar correctamente, revisar, obtener la licencia, construir conforme a los planos y ejercer control durante la ejecución.
El gran límite: las edificaciones que ya existían
Aquí aparece uno de los mayores desafíos para cualquier ciudad.
Las normas modernas de construcción no convierten automáticamente en seguras las edificaciones construidas décadas atrás. Cali tiene un parque inmobiliario compuesto por edificios de diferentes épocas, construidos bajo diferentes reglamentos, criterios técnicos y prácticas constructivas.
Algunas edificaciones fueron construidas antes de la existencia de las normas actuales. Otras han sido modificadas, ampliadas o cambiadas de uso.
Por eso, no es correcto afirmar que porque Cali contaba con la NSR-10 todas sus edificaciones cumplían con sus requisitos.
Precisamente en este punto adquieren importancia los estudios de vulnerabilidad y los programas de reforzamiento. Una ciudad sísmicamente segura no puede concentrarse únicamente en controlar las construcciones nuevas; también debe conocer las condiciones de las estructuras existentes y establecer prioridades de intervención.
Hospitales, colegios y edificios esenciales
La Administración también tenía identificadas las edificaciones e infraestructuras que desempeñaban funciones esenciales durante una emergencia.
Los instrumentos de gestión del riesgo contemplaban hospitales, puestos de salud, clínicas, estaciones de Bomberos, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja y otras instalaciones estratégicas. También se consideraban las llamadas líneas vitales: acueducto, alcantarillado, energía, vías, puentes y transporte.
La razón es sencilla: después de un terremoto estas instalaciones deben continuar funcionando para atender a la población.
Una ciudad puede sufrir daños importantes, pero si sus hospitales y organismos de emergencia permanecen operativos, conserva una mayor capacidad de respuesta. Si, por el contrario, las estructuras esenciales quedan fuera de servicio, el impacto del desastre puede multiplicarse.
Por eso, evaluar estas edificaciones antes de un terremoto resulta especialmente importante.
Los escenarios de riesgo ya habían sido imaginados
Antes de 2026 Cali también había desarrollado escenarios de riesgo y ejercicios de preparación para emergencias. Estos ejercicios permitían imaginar las consecuencias de un terremoto: daños en edificaciones, interrupción de servicios públicos, afectación de vías, dificultades para el desplazamiento de ambulancias y presión sobre hospitales y organismos de socorro.
Un escenario de simulación no puede predecir exactamente qué sucederá durante un terremoto real. Sin embargo, sí permite identificar puntos críticos y preparar protocolos de respuesta.
La existencia de estos escenarios demuestra nuevamente que el terremoto no era una amenaza desconocida.
Conocer el riesgo no significa reducirlo
Aquí se encuentra el punto central de todo el debate.
Antes del terremoto, Cali tenía normas, estudios, mapas, diagnósticos y escenarios de riesgo. Sin embargo, la existencia de información técnica no garantiza por sí misma que una ciudad sea segura.
Para convertir el conocimiento en prevención se necesita identificar las edificaciones vulnerables, establecer prioridades, definir responsables, asignar recursos y ejecutar las obras necesarias.
Un edificio puede estar identificado como potencialmente vulnerable y continuar en las mismas condiciones durante años si no existe un programa efectivo de intervención.
Por eso, la pregunta fundamental no es solamente qué información tenía la Administración, sino qué decisiones tomó a partir de esa información.
El terremoto cambió la escala del diagnóstico
El terremoto del 10 de agosto de 2026 permitió pasar de los escenarios hipotéticos a una evaluación directa de la realidad.
Después del sismo, la Administración realizó miles de visitas técnicas y comenzó a caracterizar las edificaciones afectadas, clasificando aquellas que podían continuar siendo habitadas y aquellas que presentaban restricciones o condiciones de inhabitabilidad.
Este proceso produjo una cantidad de información mucho mayor y más concreta que la disponible antes del terremoto.
Pero los datos posteriores al desastre no deben confundirse con el conocimiento que existía previamente. Una cosa era conocer escenarios y vulnerabilidades potenciales y otra muy diferente era observar directamente los daños producidos por un terremoto real.
La pregunta que queda para Cali
La discusión que deja el terremoto debería ir más allá de determinar si existían o no estudios.
La documentación disponible demuestra que Cali sí tenía conocimiento previo sobre su amenaza sísmica y sobre diferentes condiciones de vulnerabilidad. La ciudad tenía instrumentos para estudiar el suelo, controlar las nuevas construcciones, identificar infraestructura esencial y analizar escenarios de emergencia.
Lo que debe establecerse con precisión es cuánto de ese conocimiento estaba actualizado, qué edificaciones habían sido identificadas como prioritarias, cuáles fueron reforzadas, cuáles permanecían pendientes y qué entidades tenían la responsabilidad de hacer seguimiento.
Ese análisis permitiría determinar la verdadera distancia entre el conocimiento técnico y la prevención efectiva.
Una lección para la reconstrucción
El terremoto de 2026 no solamente plantea el desafío de reconstruir las edificaciones afectadas. También obliga a revisar la manera en que Cali gestiona la información sobre el riesgo.
