*Redacción
Cali se ha transformado en el escenario de una conflagración abierta donde no hay trincheras ideológicas, sino disputas por la burocracia, la contratación y los negocios. Asiste avergonzada al colapso de sus instituciones, atrapadas en una guerra total que involucra directamente al alcalde Alejandro Eder, a las facciones enfrentadas del Concejo Distrital y a unos organismos de control cooptados y reducidos a piezas de chantaje o escudos de impunidad.
El frente de batalla: Eder, el Concejo y el caos Institucional
Lo que inició como la elección del nuevo Contralor Distrital detonó un escándalo de dimensiones nacionales. Por primera vez en la historia del cabildo caleño, la confrontación política, judicial y penal escaló al punto que la propia mesa directiva denunció a sus colegas. La presidenta del Concejo, Daniella Plaza, y el vicepresidente, Rafael Andrés Escobar, representados por el abogado Julián Quintana, acudieron a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría para denunciar un presunto entramado en su contra. Según la defensa, evidencias sometidas a peritaje forense digital chats, audios y fotografías demostrarían la entrega de sumas de dinero por parte de otros concejales y servidores públicos para orquestar un “falso positivo”, desprestigiar a los directivos y frenar el proceso de selección. Y en ella, los aspirantes a la contraloría y sus abogados, en guerra judicial y por debajo de la mesa
Montajes, compra de Investigaciones y la sombra de Bogotá
Las acusaciones no solo salpican al cabildo, sino que exhiben la degradación del sistema político y judicial local. Quintana denunció el presunto pago de sobornos para agilizar investigaciones penales en Cali contra sus representados. Ante el riesgo de manipulación, la Fiscalía General de la Nación tomó una medida drástica: despojó de la investigación a los fiscales locales y trasladó el expediente a una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, unificando los procesos para evitar decisiones contradictorias. Paralelamente, se confirmó la cancelación de la diligencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento que pesaba contra la mesa directiva actual.
Esta guerra divide al Concejo en dos bandos irreconciliables y unos pasivos:
- La línea 2025: Encabezada por los expresidentes Edison Lucumí y Ana Erazo, hoy denunciados ante la Fiscalía, alineados en la oposición contra la administración distrital a raíz de este expediente.
- La línea actual 2026: Encabezada por Daniella Plaza y Andrés Escobar, respaldada directamente por el alcalde Alejandro Eder, lo que arrastra al mandatario al centro de la pugna penal y disciplinaria.
- Y la línea de concejales que pertenecen a ambos bandos y son silenciosos, porque mantienen la posición del cuerpo edilicio.
De “No Más Sinvergüenzuerías” a la complacencia del Gobierno Eder
La vehemencia del discurso electoral quedó sepultada por el pragmatismo político, contractual y burocrático. Antes de posesionarse, Alejandro Eder sentenció enfáticamente ante la opinión pública: “No más sinvergüenzuerías del Concejo de Cali”. Sin embargo, esa promesa anticorrupción quedó en el olvido. Hoy, Eder no solo guarda silencio frente a la lucha contra la corrupción, sino que actúa con abierta complacencia hacia los concejales que le garantizan gobernabilidad y le ayudan a sacar adelante su agenda, amparando un pacto de mutua impunidad.Los contratos se reparten enseguida de su despacho, por asesores.
En Cali jamás se ha aplicado una moción de censura contra un funcionario municipal, no por falta de motivos, sino porque el control político se transa por dinero y contratos, con el señuelo de burocracia. La participación ciudadana, escuchan pero no oyen y ell silencio del cabildo es sepulcral ante las evidencias e irregularidades de los secretarios de Eder:
- Secretaría de Gobierno: Tras las denuncias sobre la contratación irregular de firmas de Bogotá dirigidas en su momento por Andrés Stapper sin presuntamente cumplir los requisitos legales, el Concejo nada hizo, la Contraloría calló y la Personería no actuó.
- Educación y Deporte: Pese a las graves acusaciones y cuestionamientos contractuales contra la exsecretaria de Educación Leydi Aguilar y el titular de Deporte, Felipe Montoya, con investigaciones en Fiscalía, el cabildo se ha negado a defender el patrimonio público.
- Alumbrado público. Hay debate para la galería, pero no ordenan nada, mínimo investigar.
Tanto la Contraloría como la Personería de Cali dependientes de la elección que hacen los propios concejales han sido señaladas históricamente como botines de guerra. La manipulación de exámenes para favorecer candidatos impulsados por barones políticos regionales (incluyendo líderes políticos hoy privados de la libertad) se convirtió en una práctica sistemática para garantizar “contralores amigos” o agentes de extorsión contra los funcionarios del Municipio. Publicamente se sabe que Juan Carlos Abadia, ex gobernador, actualmente detenido, es el que maneja siempre las elecciones de contralor.
Un sainete jurídico: Sabotajes, tutelas y parálisis
El proceso para nombrar al jefe del órgano de control antes de octubre está sumido en el caos:
- Actos cuestinados y ausentismo: Daniella Plaza anuló la convocatoria heredada de la mesa de Lucumí y Erazo tras advertencias de la Procuraduría. En respuesta, 14 concejales de la coalición mayoritaria se ausentaron en bloque para romper el quórum y frenar la votación, hecho por el cual la Procuraduría les abrió investigación disciplinaria.
- Guerra de aspirantes: Candidatos excluidos de la nueva terna recurrieron a tutelas y demandas para frenar el nuevo proceso, al tiempo que alimentan a los concejales con denuncias y filtraciones para desestabilizar a sus rivales.
Vergüenza regional: Todos pierden en Cali
El saldo de esta contienda es un escenario de ruina institucional y desprestigio absoluto donde todos pierden:
- Pierde Alejandro Eder, quien traicionó su discurso anti-corrupción para convertirse en un mandatario complaciente que negocia con el cabildo.
- Pierden las dos líneas del Concejo, la opinión publica expectante de tanta desfachatez, y expuestos a investigaciones penales por montaje, falsedad y presunta compra de decisiones judiciales.
- Pierden la Contraloría y la Personería, en Cali 20 años con la quiebra fiscal del MIO, las 21 Megaobras, el corredor verde , Mi Comunidad es Escuela , los 5 parques y ahora, obras por $3.5 billones, todas las administraciones ( Apolinar, Ospina I, Ii ), Guerrero II, Armitage y Eder ), sus obras inviables técnica y económicamente, Concejo, Personeria y Contraloria calladas, , han perdido legitimidad frente a la ciudadanía.
Los políticos locales destruyen la institucionalidad en una cínica batalla por el Contralor y por contratos, chantajes y burocracia, Cali queda sumida en la vergüenza, la ingobernabilidad y el abandono.
Necesitamos que salga un concejal, que diga con independencia la verdad. Uno del gobierno o una de la oposición,
