La política de seguridad de Colombia entra en una nueva etapa con la designación del mayor general (r) Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa. Su llegada representa mucho más que un relevo administrativo: simboliza el regreso de una doctrina de seguridad basada en la iniciativa militar, el control efectivo del territorio, el fortalecimiento institucional y la recuperación de la autoridad del Estado frente a las organizaciones armadas ilegales.
Después de varios años en los que el deterioro del orden público se convirtió en una de las principales preocupaciones nacionales, el nuevo Gobierno plantea un cambio profundo de estrategia. El diagnóstico del nuevo ministro es directo y sin matices. Sobre la denominada “paz total” afirmó: “Un fracaso, un fracaso. No representó nada para Colombia. O sí, representó el crecimiento y el fortalecimiento de todos los grupos armados”.
Para Mora, la política anterior no produjo una disminución de la violencia sino una expansión territorial de las estructuras criminales. Su conclusión resume el cambio doctrinal que pretende impulsar: “Este gobierno lo que hizo fue entregarle el país y los territorios a los bandidos. Eso fue el significado de la paz total. Ni hubo paz ni fue total.”
Esa visión supone regresar a una concepción donde la paz no es el punto de partida, sino la consecuencia de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y restablecer la autoridad del Estado.
Recuperar la iniciativa militar y la moral de la Fuerza Pública
La experiencia profesional de Jorge Eduardo Mora respalda esta nueva orientación. Sus más de treinta y seis años de servicio incluyen responsabilidades como comandante de la Octava División, comandante de la División de Fuerzas Especiales, director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, director del Departamento Estratégico Conjunto contra Amenazas Transnacionales, fundador de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales, además de altos cargos en operaciones especiales, inteligencia y planeación estratégica.
Su formación en instituciones militares de Colombia, Francia y Estados Unidos revela una visión integral de la seguridad contemporánea, donde convergen inteligencia, operaciones especiales, cooperación internacional y administración estratégica de la defensa.
Sin embargo, el nuevo ministro considera que el principal desafío no es únicamente operacional, sino institucional. En sus declaraciones fue enfático al señalar: “Lo primero que tenemos que hacer es recobrar la moral combativa de los miembros de la Fuerza Pública.”
Según su análisis, durante los últimos años los militares y policías carecieron del respaldo político indispensable para cumplir su misión constitucional. Por ello plantea devolver confianza, apoyo jurídico, bienestar para el personal y recuperar capacidades perdidas tanto en equipamiento como en entrenamiento.
La ofensiva contra los grupos armados
Uno de los cambios más visibles será el retorno de operaciones ofensivas de alta intensidad.
Ante la pregunta sobre la reanudación de los bombardeos contra estructuras criminales, respondió de manera categórica: “Por supuesto.”
Su explicación parte de un principio clásico de la estrategia militar: “Quien más ocupe espacio durante más tiempo va ganando la guerra.”
Bajo esa lógica, considera indispensable mantener presión permanente sobre las organizaciones criminales mediante operaciones continuas: “Lo que hay que es mantenerlos presionados con bombardeos, con ataques, con asedios permanentes y no dejarlos respirar.”
La frase que resume esa política es igualmente contundente: “Los bombardeos vuelven y vuelven con total contundencia.”
No se trata únicamente de incrementar operaciones aéreas, sino de combinar inteligencia, presencia territorial, movilidad táctica y acción permanente para impedir que los grupos ilegales consoliden corredores estratégicos o economías criminales.
Recuperar el territorio y golpear toda la cadena del narcotráfico
Otro eje central será la recuperación gradual del control territorial.
El ministro designado afirmó: “Tenemos que poco a poco recuperar cada centímetro del territorio nacional.”
Esa recuperación supone que las Fuerzas Militares y la Policía vuelvan a convertirse en el soporte inicial para que posteriormente lleguen las demás instituciones del Estado con justicia, infraestructura, educación y oportunidades económicas.
Igualmente profunda será la modificación de la política antidrogas.
Mora anunció: “Vuelven todas las modalidades para erradicar cultivos. Primero que todo, la aspersión regresa.”
Respecto al uso del glifosato indicó que existen nuevas tecnologías de aplicación y que también podrán utilizarse otros herbicidas con menores riesgos sanitarios. Pero, sobre todo, insistió en abandonar una visión limitada de la erradicación.
Su propuesta es una estrategia integral que ataque simultáneamente todas las fases del negocio criminal: cultivos ilícitos, laboratorios, cristalizaderos, rutas terrestres, corredores aéreos e interdicción marítima. Como explicó: “No solamente es hacer interdicción en alta mar, es atacar simultáneamente toda la cadena del narcotráfico para poder empezar a debilitarla.”
Una nueva doctrina de seguridad para reconstruir el Estado
La transformación propuesta por Jorge Eduardo Mora no se limita al empleo de la fuerza. También incorpora el fortalecimiento institucional y la transparencia administrativa. En ese sentido anunció: “Vamos a imprimir transparencia total en todos los procesos del sector defensa.”
La corrupción, el debilitamiento logístico y la pérdida de capacidades estratégicas aparecen en su diagnóstico como problemas que deben resolverse paralelamente a la ofensiva contra los grupos ilegales.
El gran cambio de las Fuerzas Militares consistirá, entonces, en recuperar simultáneamente la moral, la capacidad operativa, la inteligencia estratégica, el respaldo político y la coordinación interinstitucional. La seguridad deja de concebirse únicamente como una reacción frente al delito y vuelve a plantearse como una política de Estado para restablecer la soberanía, proteger a la población y garantizar el desarrollo nacional.
Si esa estrategia logra traducirse en resultados sostenibles, Colombia podría iniciar una nueva etapa en la que el control del territorio, la reducción de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones permitan reconstruir la confianza ciudadana y consolidar las condiciones necesarias para una paz sustentada en la legalidad, la autoridad democrática y la presencia efectiva del Estado.
