Después de analizar el contenido de las propuestas del presidente y vicepresidente electos se puede advertir que durante su gobierno no se harán cambios sustanciales en torno a la estructura del régimen económico y político capitalista imperante en nuestro país, no obstante sus diferencias con el modelo político del gobierno del presidente Petro, quien trató de imprimirle un giro social de carácter estatista al manejo de algunos asuntos como la salud, la educación, los servicios públicos, el medioambiente, la reforma agraria, etc.
Entre tanto, el presidente electo De La Espriella se propone liberalizar aún más el manejo de la economía y del comercio exterior basados en la defensa de la propiedad privada, la libertad de mercado y de la competencia, para lograr de esta manera según se dice, una mayor demanda y crecimiento de la producción y del capital, que a su vez se conviertan en un estímulo del progreso técnico y de la productividad del trabajo.
Ahora bien, en tales condiciones se considera viable, por ejemplo, reducir el monto de la deuda pública y el déficit fiscal y presupuestal de las finanzas del país para continuar ofreciendo los subsidios a los sectores más vulnerables de la sociedad, avanzando de esta manera por los caminos del crecimiento económico y social que permitan la inversión de capital nacional y extranjero en la producción de toda clase de bienes y servicios y de la innovación tecnológica. No obstante lo anterior, la experiencia ha demostrado que muy poco es lo que se han beneficiado las familias colombianas que finalmente se quedaron sin trabajo y su calidad de vida se ha deteriorado, en tanto que los beneficiarios de estas políticas son los detentadores del gran capital financiero nacional e internacional, que se quedan con las mayores riquezas que se generan en el país, lo cual no parece que cambiaría con el gobierno entrante, al tiempo que no podrá impedir que cese nuestra dependencia económica de los Estados Unidos de Norteamérica.
Dentro de esta lógica no es improbable que durante el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se intensifique y multiplique la presencia del capital financiero en nuestro país y se vinculen nuevos sectores encargados del manejo de los fondos de capital privado, a los cuales se les garantice por parte del gobierno toda clase de gabelas y prebendas jurídicas relacionadas con la inversión del capital y el retorno de sus ganancias a sus casas matrices, como ha sucedido en el pasado en nuestro país.
No debe olvidarse que en la actualidad los monopolios no solo explotan a miles de trabajadores, sino que también lo hacen respecto de otros capitalistas medianos y pequeños que compiten en los mercados de venta en los diferentes sectores de la economía.
En lo anterior juegan un papel fundamental los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Ocde, que actúan como intermediarios e instrumentos de presión y de avasallamiento en favor del gran capital monopolista transnacional.
Desde el punto de vista del modelo económico, sí bien es cierto, que durante el gobierno del presidente electo De La Espriella será posible lograr ciertos cambios en la vida económica y social del país, como en el manejo de las finanzas públicas, el conocimiento que se tiene en torno a las experiencias del pasado con la implementación de las políticas neoliberales, se puede concluir que mas temprano que tarde aflorarán nuevas contradicciones y conflictos sociales, incrementándose además la inequidad y la desigualdad económica y social.
Desde el punto de vista político e institucional, se mantendrán formalmente los principios y valores de la democracia liberal bajo la fachada del Estado Social de Derecho que por lo demás, ha entrado en una etapa de declive, particularmente en cuanto a la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos y la implementación de formas y procedimientos que se alejan del ejercicio de la democracia participativa, imponiéndose formas de gobierno de carácter autoritario y despótico.
En el caso de nuestro país, las fuerzas políticas y sociales de carácter democrático y progresista deben asumir el liderazgo para impulsar la unidad, y la organización de los ciudadanos que tendrán que realizar acciones políticas y sociales encaminadas a generar las condiciones tanto objetivas como subjetivas en momentos en que es necesario avanzar en la lucha por una verdadera transformación económica, política y social.
ADENDA UNO: 35 años de promulgación de la Constitución Política. A los sectores políticos enfrentados en la más álgida confrontación de las últimas décadas, no les pareció importante conmemorar dicho aniversario para realizar un balance del país y de la Constitución Política con los diferentes sectores y clases sociales mediante la realización de foros en varias ciudades sobre lo que ha representado la Constitución de 1991 en la concepción y aplicación la democracia participativa, de los derechos Humanos consagrados en el título tercero como Fundamentales, además, los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, los derechos Colectivos cuya finalidad es proteger el patrimonio, el ambiente y el bienestar de la comunidad en general, la garantía de la convivencia, calidad de vida y sostenibilidad; la estructura política administrativa del Estado, el papel de éste para intervenir, corregir desigualdades, garantizar servicios básicos, la libertad de empresa y la libre competencia dentro de un marco de equidad y sostenibilidad.
Casi 60 reformas mediante actos legislativos desnaturalizaron en gran medida la concepción inicial plasmada por los constituyentes y a pesar de lo garantista de los derechos individuales y colectivos, estos al igual que los principios y fines esenciales del Estado Social de Derecho son vulnerados permanente al punto de que hoy la nación está sumida en una ola de violencia, inseguridad, pobreza, exclusiones, a la par que ha aumentado la concentración de la riqueza en los sectores que siempre se han considerado “los dueños del país, dueños de la riqueza nacional” debido a la gran influencia en las decisiones políticas a través de las ramas del poder público que terminaron por darle prevalencia a sus intereses particulares, asunto necesario debatir entre todos los colombianos y no exclusivamente en lo que algunos han denominado el “acuerdo nacional” fórmula repetida para apaciguar los ánimos y lograr gobernabilidad para que todo siga igual.
ADENDA DOS: En qué queda el trabajo como principio fundamental del Estado Social de Derecho, constitucionalizado, además de los tratados y convenios internacionales que lo protegen, si el gobierno que termina permitió el desequilibrio entre tecnología y trabajo humano en diferentes sectores económicos entre otros, el financiero y bancario, que la introdujo con fuerza, reemplazando por máquinas, aplicaciones y otros adelantos el trabajo de miles de trabajadores cuyas familias dependían de su salario para sobrevivir. Mediante formas ilegales para disfrazar con “acuerdos voluntarios” consignados en “transacciones exprés” inequitativas, ilegales, impuestas, elaboradas por los empleadores, lograron despedir sus trabajadores y marchitar sus organizaciones sindicales,
Formulamos un llamado y una invitación al presidente y al vicepresidente electos para que conozcan esta realidad para que, desde el ministerio del trabajo, éste derecho sea respetado y garantizado sin que signifique para los empleadores apartarse de la tecnología. De lo que se tata es de haya respeto en las relaciones obrero patronales y garantías reales para que el trabajo humano sea principio fundamental y motor de la economía.
