La ciudad de Cali actual se caracteriza desde el punto de vista demográfico, por un crecimiento desbordado de su población en busca de mejores condiciones de vida que la ciudad no ha podido atender debidamente conforme a los parámetros establecidos en la Constitución y en la ley.

A lo anterior, se suman el desorden y el caos reinantes en varios sectores de la ciudad producto de la precaria forma y manera de dirigir, administrar, controlar y vigilar los asuntos públicos de manera eficiente y oportuna, en tanto que no se prevé ni se previene el estado de cosas que se presenta en la ciudad y que impide una coordinación entre las diferentes secretarías de la alcaldía.

Por otra parte, las políticas en diferentes aspectos, no tienen un carácter integral y por tanto, no existe la coherencia necesaria para lograr una aplicación adecuada y exitosa.

Es lo sucedido básicamente con lo relacionado, por ejemplo, con el transporte masivo, la movilidad, la seguridad y la prestación de los servicios públicos entre otros aspectos.

Por otra parte, algunas de las iniciativas del alcalde Eder que aparentemente están encaminadas a desarrollar de hecho la categorización de Cali Distrito Especial Empresarial, Cultural, Deportivo, Turístico y de Servicios, contribuyen a deteriorar varios sectores de la ciudad, supuestamente para ponerla a tono con las demás capitales del país, particularmente en lo relacionado con el turismo, lo cual se desarrolla en medio de la improvisación disfrazada de políticas ajustadas al plan de desarrollo municipal.

En esta oportunidad, los proyectos que está desarrollando en un sector del barrio obrero con la denominada “ruta de la salsa”, solo se orientó hacia la recreación, el turismo y el comercio en una de las vías, sin recuperar social, económica y urbanísticamente las manzanas aledañas, lo cual no logra el propósito de mejorar las condiciones y el bienestar general hasta tanto no se recupere el conjunto del barrio sumido en varias de  sus manzanas en la prostitución, la drogadicción y la inseguridad.

De esta manera, se repiten las experiencias surgidas con la creación en el centro de la ciudad del famoso bulevar convertido en una especie de “zona de tolerancia”, al igual de lo que sucede en el bulevar de oriente, en donde reina la inseguridad, la cual tuvo su reciente expresión con el asesinato de una mujer que se encontraba en el lugar.

El alcalde Eder, pretende hacer extensiva su política de estímulo al turismo, convirtiendo la avenida sexta en un nuevo bulevar, al igual que en un sector de la avenida Roosevelt.

Entretanto, los caleños no disponen de información que les permitan formarse un juicio de valor sobre la conveniencia o no de dichas obras.

Así mismo, resulta por lo demás inexplicable, lo que repetidamente sucede con la protesta social de las comunidades indígenas provenientes del departamento del Cauca que ocupan arbitrariamente las calles y avenidas de la ciudad generando un  monumental trancón que hace imposible la movilidad, al tiempo que un grupo de antiguos empresarios del transporte protestan por no incluirlos como prestadores del servicio a partir de la implementación del MIO que hoy adolece de graves problemas económicos, financieros y administrativos.

Es necesario tener en cuenta que los alcaldes no pueden tomar decisiones ni asumir responsabilidades relacionadas con la defensa y representación de los intereses generales de los ciudadanos, sin que previamente cumplan con la obligación constitucional de garantizar la participación de los ciudadanos, más allá de los intereses particulares del gobernante de turno, sin que con ello se extralimite en el ejercicio de sus funciones.

ADENDA: Las obligaciones que en desarrollo de los principios constitucionales como fundamento del Estado Social de Derecho tiene asignadas el Estado, cada vez son delegadas a los particulares, conduciendo paulatinamente a su privatización, generándose con ello, problemas socio económicos, laborales, ambientales y debilitando la gestión pública.

El desprendimiento de sus obligaciones legales para traspasarlas a los particulares, usualmente se realiza bajo la modalidad eufemística de “responsabilidad social empresarial”. Así, el gobierno viene entregándole a los empresarios algunos bienes públicos, con la figura de la adopción, por ejemplo, de zonas verdes, parques, a partir de una sesgada interpretación del artículo 58 de la Constitución Política. Circunstancia esta, que al parecer se repetirá a partir de los anuncios del alcalde Eder de entregar varias zonas verdes y parques para su cuidado en un denominado compromiso ambiental con el entorno.

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social