La participación de los ciudadanos en la elección de los nuevos integrantes del Congreso de la República y en la consulta presidencial, estuvo mediatizada por la politiquería, el decomiso de gruesas sumas de dinero para las campañas y los acuerdos entre los diferentes grupos políticos, agudizada con el enfrentamiento entre los partidarios del gobierno del presidente Petro y los denominados anti-petristas que intervienen en la lucha competitiva por el poder del Estado.
Esta circunstancia conduce a que los partidos y movimientos políticos utilicen toda clase de recursos para garantizar, en el caso de los Petristas, la continuidad de las políticas del gobierno de turno sobre la base de profundizar las reformas económicas, políticas y sociales, como lo ha afirmado el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.
Estos partidos y movimientos que intervinieron en las pasadas elecciones para el Congreso de la República e incluso los que participarán en las elecciones de mayo para escoger al nuevo presidente de Colombia, coinciden en términos generales, con la idea de acceder al poder con el objeto de mantener el sistema económico y político que caracteriza al régimen capitalista , refrendado a través del Estado Social y de Derecho consagrado en la Constitución política del país, cuyos fines esenciales radican en garantizar formalmente el bienestar y la prosperidad de todos los colombianos, la plenitud de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones para todos@, sin atender las diferencias económicas, políticas, ideológicas, religiosas, raciales, género, etc., lo cual no deja de ser más que una ilusión, mientras tanto crece y se agudizan la pobreza y la desigualdad social al tiempo que, los partidos políticos se convirtieron en empresas electorales carentes de toda ideología y estrategia política, más allá de participar en la burocracia del Estado y de la contratación oficial. Las evidencias recaudadas son demostrativas de que tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático principales fuerzas que compitieron en las pasadas elecciones, no son ajenos a estas prácticas convertidas en el común denominador de las campañas electorales.
Por lo demás, la presencia de los denominados “influencers” que conjuntamente con las redes sociales, desplazaron a varios de los medios de comunicación, generando un ambiente de confusión con la creación de diversas narrativas que influyeron en la opinión pública para lograr su efectiva participación en el debate electoral.
Aunque el nuevo Congreso goza de legitimidad y de legalidad, lo cierto es que la abstención se redujo del 53% al 49% en el Senado y del 50% al 49% en la cámara de representantes, en tanto que casi la mitad ciudadanos que figuran en el censo electoral se abstuvieron de votar, siendo esto demostrativo de la desconfianza que tienen los ciudadanos de ciertas instituciones como el Congreso de la República, que por lo demás no solo ha perdido peso político como rama del poder público, sino que además perdió su carácter democrático y representativo al aprobar leyes y actos legislativos bajo la presión de los gobiernos de turno y de los grandes intereses económicos existentes en el país.
A lo anterior, se suma la denuncia del presidente Petro en el sentido de que existe “la posibilidad de que se presente un frade electoral”; estrategia que ha sido desmentida por los órganos de control y por la misión de observación electoral de la Unión Europea. Estrategia con la cual se pretende poner en tela de juicio el proceso de las elecciones desde el punto de vista de su legitimidad y confianza en las instituciones electorales del país.
A pesar del triunfo obtenido por el Pacto Histórico al lograr aumentar el número de senadores y representantes en el congreso de la república, no por ello podrá ejercer un control sobre el congreso a menos que logre aliarse con otros sectores políticos para sacar adelante los proyectos de ley y de actos legislativos e incluso para aprobar la iniciativa del presidente Petro relacionada con la Asamblea Nacional Constituyente.
Los representantes de los gremios empresariales que hacen parte de las clases dirigentes del país abogan para que el nuevo congreso y el gobierno que se instale en la Casa de Nariño, les garanticen una vez más la seguridad jurídica para sus inversiones de capital y se les concedan las ventajas tributarias indispensables para desarrollar la producción, aumentar el empleo y obtener nuevas y mayores ganancias con la anuencia del Estado y de sus instituciones políticas que en la actualidad esperan se hagan realidad con el nuevo órgano legislativo y la elección de presidente al frente del poder del Estado.
