Mientras que el Concejo distrital se enfrasca en discusiones de corte politiquero, los problemas de la ciudad no le merecen su atención para resolverlos. A esto se suma la advertencia de la Procuraduría Nacional sobre la existencia de posibles vicios de legalidad que pueden terminar en investigaciones disciplinarias, electoral o de control de la legalidad, relacionados con la falta de competencia para resolver las reclamaciones en relación con la elección del contralor distrital.
Por ello, la mesa directiva del Concejo Distrital decidió dejar sin efecto todo el trámite relacionado con dicha elección y demás actuaciones administrativas que se surtieron previamente a su elección. De esta manera se tendrá que desarrollar nuevamente el proceso establecido en la ley para cualquier efecto.
No son pocas las veces en que la politiquería de la mano de la ilegalidad, invaden el recinto del Concejo distrital en tanto que algunos concejales y/ otros funcionarios del Estado proceden maliciosamente para lograr determinados objetivos contrarios al principio de la legalidad, que obliga a todos los servidores públicos y a los ciudadanos acatar y cumplir -con las normas establecidas en la Constitución y la ley.
Por otra parte, los concejos municipales y distritales perdieron sistemáticamente peso político en el concierto general de la actividad administrativa, al tiempo que los acuerdos que se tramitan y aprueban en dichas corporaciones son objeto de las presiones que ejercen los alcaldes de turno y sectores económicos de los municipios y distritos.
Esta tendencia conduce a que las decisiones que se toman en el seno de la corporación edilicia no tengan un carácter democrático y representativo, más allá de la participación de la clientela política que interviene formalmente en la aprobación de determinados acuerdos en los que tienen especial interés algunos concejales pertenecientes a partidos y movimientos políticos y con los cuales se benefician a determinados sectores económicos, políticos o sociales.
La necesidad de rescatar la corporación edilicia de la politiquería y del clientelismo se constituye en una tarea inaplazable que deben cumplir las fuerzas políticas democráticas y progresistas, para lo cual será indispensable proponer una reforma constitucional y legal que permita, por ejemplo, que los concejales sean considerados como mandatarios del pueblo y no simplemente representantes de la municipalidad. Circunstancia esta que les permitirá a los ciudadanos no solo exigirles cuentas de su labor sino revocarles el mandato cuando no merezcan la confianza de los ciudadanos que los eligieron para el desempeño de sus funciones como servidores públicos.
Colateralmente es necesario rescatar para los concejos municipales y los distritales, la iniciativa del gasto público, hoy en cabeza de los alcaldes, quienes invierten los recursos del presupuesto de acuerdo con sus intereses de clase o grupo social y político que representan y defienden en la administración central.
Se trata de la defensa del interés general que de acuerdo con la Constitución debe estar por encima de los intereses particulares de carácter político o social desde el punto de vista económico y político.
Estas reformas resultan cada vez más urgentes, en tanto, se impone la necesidad de priorizar el crecimiento y desarrollo de las ciudades en materias fundamentales como la educación, la salud, la vivienda, seguridad, infraestructura vial, el transporte, etc., que en la actualidad dependen absolutamente de los alcaldes que ejecutan las obras y los servicios públicos sin tener en cuenta dichas prioridades, tal como viene sucediendo con el alcalde Eder, engolosinado con la construcción del Metro para Cali, estando de por medio la solución de los problemas del transporte masivo MIO.
La participación ciudadana no deja de ser más que una simple formalidad siendo necesario que el concejo distrital cumpla con la obligación constitucional y legal de garantizar la intervención democrática de los ciudadanos en todos aquellos asuntos de interés general relacionados con la vida económica, política, administrativa, cultural, ambiental, etc., que en la actualidad solo se realiza a medias para efectos de cumplir con determinados requisitos legales
Es conveniente que en la mitad del período del mandato del alcalde Eder se realice un balance de los resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones, acorde con los objetivos y finalidades consagrados en el plan de desarrollo y en la constitución política.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
