Se perdió la vergüenza institucional en Colombia

El panorama político actual de Colombia está marcado por una profunda crisis de institucionalidad. El gobierno en ejercicio ha sorprendido constantemente a la ciudadanía con acciones que rayan en la ilegalidad e irresponsabilidad. La corrupción, el egoísmo y el cinismo, son burlas al constituyente primario, al pueblo, que tantas veces convoca, que lo eligió democráticamente. Lo que prometía ser un gobierno de transformación se ha convertido, según los hechos recientes, en un periodo marcado por la desconexión y la desestabilidad del real acontecer nacional.

Durante la campaña electoral, Gustavo Petro generó expectativas de un cambio significativo en el país. Sin embargo, una vez en el poder, su actitud egocéntrica y su tendencia a divagar sobre cuestiones abstractas lo alejaron de las verdaderas necesidades nacionales. Esta falta de dirección ha sido palpable a lo largo de los tres años y medio de mandato, en los que se han sucedido nombramientos de más de sesenta y cinco ministros y un número similar de directores en institutos descentralizados. Esta inestabilidad ha provocado que cada nuevo funcionario ignore el trabajo de su predecesor, priorizando su propio protagonismo por encima de la continuidad institucional, dejando un laberinto en la Torre de Babel que el desgobierno construyó.

La corrupción ha estado presente de manera sistemática, con más de veinticinco casos destapados, es decir, uno cada cuarenta y cinco días. Ejemplos notables incluyen la desaparición del maletín de Laura Sanabria, quien posteriormente fue premiada con cargos y embajada; el escándalo de los carros tanques de La Guajira, que involucró a altos funcionarios, ministros, directores de agencias de primer nivel y legisladores, todos buscando rebajas de penas a cambio de señalar a otros; la firma exprés de contratos por parte de la ministra del Deporte, en la oscuridad de medianoche, después de ser destituida. A esto se suman la infiltración de terroristas en archivos de inteligencia, intentos dudosos de cambiar a la empresa encargada de los pasaportes y numerosos escándalos que han salpicado incluso a la familia presidencial.

Destacan también la imputación de un hijo del presidente por apropiación indebida de fondos de campaña. La primera dama, señalada por presuntas coimas en la compra de aviones y por gastos excesivos en tiendas de lujo en Europa. La marcada influencia de los ciudadanos españoles (Grau y Vendrell) en las cuestiones fiscales del país. Nombramientos irregulares de funcionarios; protección a contrabandistas conocidos e irregularidades en la financiación de la campaña presidencial completan un cuadro preocupante. Algunos nombramientos han sido tan absurdos como el de embajadores sin embajada y el de mantener en el primer cargo gerencial del país al responsable de las irregularidades en la financiación de la propia campaña presidencial. Un presidente, incluido en la lista de Clinton, quien, durante su próxima visita a Washington, pretende anteponer sus intereses personales a las relaciones bilaterales con Estados Unidos, en un momento crucial e, históricamente, el principal aliado del país, resulta desalentador.

Nombramientos de altos funcionarios y viceministros sin requisitos académicos acreditados, así como otros que ostentan títulos universitarios que falsamente obtuvieron. La designación de ideólogos sin experiencia en ministerios clave representa un grave retroceso en el desarrollo de programas socioeconómicos, borrando con la izquierda lo que había costado décadas construir. Una canciller, de asombrosa estupidez, renunció a su visa estadounidense, lo que perjudicó su desempeño institucional. El sector salud, especialmente afectado, con cientos de miles de pacientes fallecidos por falta de medicamentos y atención médica, como consecuencia de intentos fallidos de modificar el modelo, en los que la intervención resultó más perjudicial que beneficiosa. Como anillo al dedo, cabe el refrán “resultó peor el remedio que la enfermedad”.

Tristemente y ante este desolador escenario, los responsables no muestran el menor atisbo de vergüenza y, lejos de asumir responsabilidades, buscan perpetuarse postulándose a cargos de elección en el Congreso, apostando por la continuidad de un modelo fallido.

Ante la pérdida del prestigio institucional, es necesario un llamado a la ciudadanía para que no permanezca indiferente ni sea cómplice de esta situación. No seamos “sinvergüenzas” ante la pérdida de la vergüenza institucional que nos deja el desgobierno de Petro.

En las urnas tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo equivocado de “cantos de sirena” que nos ha llevado al caos. Votemos, deber ciudadano, responsable e inteligentemente en los próximos comicios.