Pensar en 2026 exige algo más que un relevo de gobierno: requiere una evolución real de la visión de país. Colombia no puede seguir atrapada en el cortoplacismo, la política del ruido ni la administración permanente del conflicto. La democracia debe recuperar su sentido esencial: una participación auténtica, donde el voto sea una decisión libre y consciente, no una transacción mediada por el clientelismo o el dinero ilegal. Sin ese punto de partida, cualquier promesa de cambio será apenas retórica.
Esa evolución pasa, de manera ineludible, por ubicar la PLANEACION DE LARGO PLAZO, LA SEGURIDAD, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION , LA EDUCACION Y EL EMPRENDIMIENTO, en el centro del proyecto nacional. No como consignas de campaña, sino como políticas sostenidas que formen ciudadanos productivos, críticos y capaces de innovar. Solo así Colombia podrá aspirar, en una década, a superar la condición de PIB per cápita propio del subdesarrollo, que la mantiene rezagada frente a países que entendieron que el conocimiento, la iniciativa privada y la movilidad social son motores del crecimiento.
Para avanzar, el país necesita menos ideología y más acuerdos básicos. Defender la democracia, las libertades individuales y las instituciones no debería ser una bandera partidista, sino un consenso mínimo. La polarización ha erosionado la confianza pública y ha convertido la política en un campo de trincheras, cuando lo urgente es construir reglas estables que permitan invertir, generar empleo y convivir en la diferencia.
Colombia también requiere liderazgos íntegros, capaces de decir la verdad sin explotar el resentimiento como combustible político. El país está cansado de narrativas que dividen entre “ellos” y “nosotros”. Gobernar no puede seguir siendo sinónimo de confrontación permanente. La autoridad se fortalece con argumentos, resultados y respeto institucional, no con descalificaciones ni insultos.
Los estados de excepción no pueden convertirse en atajos para gobernar. La Constitución no es un obstáculo, es la garantía de la democracia. Respetar la independencia de los poderes públicos, el papel de los órganos técnicos y la dignidad de la fuerza pública es condición básica del Estado de derecho. Cuando se debilitan esos contrapesos, se deteriora la confianza ciudadana y la credibilidad económica.
La seguridad debe volver a ser una prioridad sin ambigüedades. Enfrentar la extorsión, el homicidio, el secuestro y la economía de la coca no admite eufemismos. La paz no puede degradarse en una “paz narca” que legitime criminales y erosione la moral social. La paz verdadera exige autoridad legítima, justicia, reparación y garantías de no repetición.
En lo económico, la responsabilidad fiscal y la prudencia son indispensables. No se puede hipotecar el futuro con déficits crecientes, endeudamiento sin control y burocracia improductiva. Gobernar con seriedad implica cuidar las finanzas públicas, promover la inversión privada y generar empleo formal.
El año 2026 a recuperar la confianza en las reglas, en las instituciones y en la palabra del Estado. Colombia tiene con qué. Tiene talento, recursos y una sociedad que aún cree. Es hora de rectificar no solamente los 4 años de Petro, también los de Duque, Santos, Uribe y Pastrana, para salir del tercermundismo, expresado en el bajísimo pib per capita, inferior a US7.000.
2026: Todo parte de un gran proyecto nacional que eleve la calidad educativa, la política de la legalidad, convierta el emprendimiento y la tecnología en los verdaderos motores del desarrollo y la movilidad social de Colombia. Un nuevo país es posible.
