En Cali, la atención a las violencias y a las víctimas se ha convertido en un eje permanente de la política social y de seguridad. En una ciudad marcada por conflictos urbanos, violencia intrafamiliar, violencia basada en género, delitos sexuales, amenazas y hechos asociados al conflicto armado, el reto no solo es prevenir, sino responder de manera rápida y coordinada cuando el daño ya ocurrió.
Durante los últimos dos años, el programa de atención a víctimas de violencias en Cali ha mostrado avances y también limitaciones. La ciudad cuenta con una ruta institucional que articula a la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Salud, la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación, el ICBF y entidades del orden nacional. El objetivo es que la víctima no tenga que recorrer sola un laberinto institucional, sino que reciba orientación jurídica, atención psicosocial y, cuando aplica, medidas de protección.
Uno de los cambios más visibles ha sido el fortalecimiento de los puntos de atención integral. En estos espacios se brinda acompañamiento inicial, se orienta sobre la denuncia y se activa la ruta según el tipo de violencia. En el caso de mujeres víctimas de violencia basada en género, se ha insistido en la atención diferencial, con enfoque de derechos y confidencialidad, especialmente en situaciones de alto riesgo. En paralelo, se han fortalecido las comisarías de familia, que cumplen un papel clave en la protección inmediata, aunque su alta carga de casos sigue siendo un desafío.
Otra experiencia relevante en los últimos dos años ha sido la articulación entre salud y justicia. Los servicios de urgencias y las instituciones prestadoras de salud han mejorado los protocolos para la atención de víctimas de violencia física o sexual, priorizando la atención médica, la recolección adecuada de pruebas y la remisión oportuna a las autoridades. Este trabajo ha permitido reducir la revictimización y mejorar la trazabilidad de los casos, aunque persisten brechas en la atención en horarios nocturnos y fines de semana.
En el ámbito comunitario, Cali ha impulsado procesos de prevención y detección temprana en barrios priorizados. A través de equipos territoriales, casas de justicia y organizaciones sociales, se han desarrollado jornadas de orientación, talleres y campañas que buscan que las personas reconozcan la violencia y sepan a dónde acudir. Estas acciones han sido claves para aumentar las denuncias, especialmente en violencia intrafamiliar, un fenómeno históricamente subregistrado.
Sin embargo, los retos siguen siendo grandes. La demanda supera la capacidad instalada, los tiempos judiciales son largos y muchas víctimas desisten del proceso por miedo, falta de información o desgaste emocional. Además, en sectores con presencia de economías ilegales o control territorial, denunciar sigue siendo un riesgo. Por eso, uno de los aprendizajes recientes ha sido la necesidad de fortalecer las medidas de protección y el acompañamiento continuo, más allá del primer contacto institucional.
Para pedir ayuda en Cali, el primer paso es buscar atención inmediata si hay riesgo. En casos de emergencia, se debe llamar al 123 de la Policía. Para violencia intrafamiliar o contra mujeres, se puede acudir a una comisaría de familia, a una casa de justicia o a los puntos de atención de la Secretaría de Bienestar Social. Las instituciones de salud están obligadas a atender de manera inmediata a cualquier víctima de violencia, incluso si no hay denuncia previa.
La denuncia se puede realizar ante la Fiscalía General de la Nación, de forma presencial o virtual, y no requiere abogado. En el caso de niñas, niños y adolescentes, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia activan rutas especiales de protección. Es importante conservar, en la medida de lo posible, pruebas físicas o digitales, aunque la atención nunca debe condicionarse a esto.
Finalmente, las organizaciones sociales y comunitarias siguen siendo un apoyo clave. Muchas víctimas llegan primero a líderes barriales, fundaciones o colectivos, que cumplen un rol de puente con la institucionalidad. En los últimos dos años, Cali ha entendido que la atención a las violencias no es solo un asunto de seguridad, sino de salud pública, derechos humanos y tejido social. Avanzar implica sostener lo que funciona, corregir lo que no y garantizar que ninguna víctima se quede sin respuesta.
